Acuerdos confidenciales y la sombra de la expropiación: así trata de asegurar Altri los terrenos para su macrocelulosa
Entre las más de doscientas parcelas afectadas por el Proyecto GAMA, la macrocelulosa que la empresa portuguesa Altri quiere levantar en la confluencia de las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra, hay una que es determinante para el futuro del proyecto: la Finca Río Seco. Una tercera parte de las 360 hectáreas que necesita la factoría para su implantación pertenecen a esa enorme extensión de 230 hectáreas que se reparte entre el municipio lucense de Palas de Rei y el coruñés de Santiso. Sin Río Seco, no hay factoría. Por eso, es una de las propiedades con la que los promotores de la iniciativa ya han suscrito un preacuerdo, que se ejecutará si la celulosa se convierte en una realidad y que, hasta entonces, les asegura una retribución económica.
Según ha podido saber elDiario.es, ese acuerdo –sujeto a cláusulas de confidencialidad–, recoge, además de estos reintegros periódicos, el plazo de tiempo por el que sería efectiva esa reserva e, incluso, el precio final si la venta se consuma. El administrador de Río Seco, Leandro Quintás (hijo), no ha querido hacer declaraciones sobre los términos pactados.
También guardan silencio desde Greenfiber, la sociedad impulsada por Altri para llevar adelante la celulosa. Sus portavoces se amparan en la confidencialidad de "todos los contratos" que han suscrito hasta el momento con los diferentes propietarios. La empresa sí confirma que han hablado con "la totalidad" de los dueños de fincas afectadas por el asentamiento de la factoría, no así con los que puedan ver sus tierras atravesadas por canalizaciones, ya que aseguran que se está intentando "minimizar" el impacto de esas acometidas llevándolas por terrenos públicos.
Río Seco no es una finca cualquiera. El igual que La Ponderosa estaba ligada a la familia Cartwright, Río Seco lo está a otro apellido: Quintás. En una tierra marcada por el minifundio, Leandro Quintás padre la fundó en 1975 tras concentrar unos 300 predios familiares. Este histórico líder agrario la mantuvo funcionando durante 44 años.
Fue pionero en la producción de leche ecológica. Llegó a tener 300 vacas que daban un millón de litros al año, pero a principios de esta década abandonó, harto de los problemas del sector. Apostó por crear el primer coto privado de caza de la comunidad autónoma. Por aquel entonces, en una entrevista en La Voz de Galicia le preguntaron dónde estaba el futuro. "Quizás en la madera. De todo tipo". Como si se imaginase que sus tierras podrían llegar a albergar una estructura que devorase 1,2 millones de toneladas de eucalipto cada año, tal y como prevé el proyecto.
Leandro falleció en 2022 y su herencia, yacente, pasó a sus tres hijos. Es el varón, de nombre también Leandro, quien administra los bienes. El pasado 20 de marzo, en Palas de Rei, en la primera de las charlas informativas que Altri celebró en la comarca –una gira que la empresa suspendería por la mitad ante la "agresividad" de parte del público–, Leandro hijo pidió la palabra desde el patio de butacas.
Allí, reclamó a los responsables del proyecto que le explicasen por qué llevaban dos años sin responder a sus preguntas ni a sus correos. Quintás se convirtió en la estrella de la jornada. Las cámaras y los micrófonos lo buscaron a la salida. La confirmación de que la finca clave para levantar la celulosa aún no se había vendido había sido acogida con júbilo por el auditorio, en su mayoría, muy crítico con la iniciativa.
Tras la charla, el director del Proyecto GAMA, Bruno Dapena, también atendió a los medios. Fue muy escueto en sus explicaciones sobre este punto concreto. “La intención de Altri es comprar esa finca, y es el acuerdo que tenemos con la familia Quintás: un acuerdo escrito que se ejecutará si el proyecto va adelante”, fue lo que se limitó a decir entonces, atado por el pacto de confidencialidad.
Al día siguiente, y ante las dudas expresadas por los vecinos, el presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, dejaba abierta la puerta a expropiar los terrenos de aquellos propietarios que no cierren un trato con Greenfiber. Se amparaba en el carácter estratégico del proyecto. Tras considerar que “la primera obligación es llegar a acuerdos voluntarios” puntualizó que "no sería la primera vez que hubiese que acudir a otros procedimientos".