Cómo fortalecer el IVM y aumentar la formalidad
Los desequilibrios en un régimen como el del IVM típicamente se corrigen por tres vías: la disminución en los beneficios (aumento de la edad de jubilación y una disminución en el monto de las pensiones o de sus revalorizaciones), el incremento en las cotizaciones o una combinación de ambas.
Dependiendo de su magnitud, los ajustes pueden agravar la informalidad e incentivar los recortes de personal debido al alza en los costos para las empresas, es decir, mayor desempleo y desprotección social.
La esperanza de vida lograda en Costa Rica, de poco más de 60 años en 1960 a más de 80 en la actualidad, presiona significativamente al IVM, pues se necesitan más recursos para pagar las pensiones durante más tiempo.
A la vez, una tasa de natalidad de menos de dos hijos, en comparación con los seis en 1960, supone menos cotizantes para sostener el pago de las pensiones presentes y futuras de los trabajadores formales.
La OCDE, desde hace algunos años, viene señalando que las cargas sociales son altas, lo cual incide en la elevada informalidad (alrededor del 40 %).
Estos trabajadores no contribuyen al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ni al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM). Consecuentemente, la mayoría no contará con una pensión y el Estado deberá brindarles asistencia en el futuro.
Asimismo, la informalidad refuerza el impacto negativo de las tendencias demográficas sobre el equilibrio del sistema al reducir el número de aportantes.
El aumento de la tasa de cotización suele ocasionar más perjuicios que beneficios, debido a que, al aumentar los costos no salariales, se incentiva la informalidad y así disminuye la base de contribuyentes y se acrecienta la desprotección social, con todo lo que ello implica.
Reforma colombiana
La reforma tributaria llevada a cabo en Colombia en el 2012 es un buen ejemplo para evaluar los impactos de los costos laborales en la informalidad.
En este país, la informalidad se situaba entre el 50 y el 60 %, y en las zonas rurales registraba hasta un 90 %.
En Colombia, los costos no salariales (CNS), entendidos como los gastos adicionales a las remuneraciones, alcanzaban el 60 % del sueldo de un empleado formal.
Una parte de estos CNS representaba un beneficio directo para los trabajadores: pensiones, primas, participación en las utilidades de las empresas, fondo de cesantía, entre otros.
La otra parte de los CNS estaba constituida por impuestos puros al salario, destinados al financiamiento de entidades públicas, como el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y las Cajas de Compensación Familiar.
La reforma en Colombia consistió en una reducción del 13,5 % en los CNS, a través de la eliminación de las contribuciones al SENA y al ICBF, así como de la disminución de las contribuciones del patrono al sistema de salud.
Todo ello, enfocado en los trabajadores que devengaran menos de diez salarios mínimos. Paralelamente, se redujo el impuesto sobre la renta de las empresas del 33 al 25 % y las contribuciones sobre la planilla del 29,5 al 16 %, sustituyéndolas con un impuesto sobre los beneficios.
De acuerdo con una investigación llevada a cabo por Fedesarrollo, dos años después, la reforma redujo la tasa de informalidad de los trabajadores colombianos en las trece principales áreas metropolitanas entre 4,3 y 6,8 puntos porcentuales, que se tradujo en una disminución del 2 y el 3,1 % al 1,2 y el 2,2 % en todo el país.
Ejercicio hecho por el BCCR
Durante el 2021, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) realizó una simulación de los posibles efectos de una rebaja en las cargas patronales en el empleo formal y la recaudación.
Concluyó que incentivaría la formalidad y el pago de impuestos, las empresas estarían en capacidad de emplear más personas, mejoraría la productividad y los trabajadores gozarían de protección social y mejores salarios (consumirían y ahorrarían más).
Desde la perspectiva de la CCSS y el gobierno, aumentaría la recaudación para la seguridad social y los impuestos, al incrementarse la base, lo que compensaría parcialmente la pérdida de ingresos debida a la reducción de las cargas sociales.
El aumento en las contribuciones para equilibrar el IVM tendría el efecto inverso, porque es muy probable una expulsión hacia la informalidad de trabajadores poco calificados y de pequeñas y medianas empresas que dejarían de pagar las contribuciones a la seguridad social y los impuestos, y estimularía el desempleo, la desigualdad y la improductividad.
El país debe transitar hacia la disminución de los costos salariales a través de un acuerdo nacional sobre una reforma tributaria para fondear el IVM a través de impuestos generales u otros mecanismos tributarios, como las utilidades de las empresas estatales (a fin de cuentas, propiedad de los costarricenses) y cargar al presupuesto nacional el costo de los programas e instituciones que ahora se cubren con impuestos a los salarios (IMAS, Fodesaf, INA), o con una mejora en la recaudación, si no se quiere explotar los recursos naturales y destinar parte de esa riqueza al financiamiento del gasto en pensiones, como hizo Noruega en 1990 y tiene hoy un gigantesco fondo soberano (Government Pension Fund Global).
Yanni Sterloff es abogado experto en regulación de los mercados financieros y pensiones.
Luis Felipe Jiménez es economista, matemático, consultor internacional y ex superintendente delegado adjunto para el Mercado de Capitales y en la Superintendencia Financiera de Colombia.