La tibieza punitiva permite a la familia Franco sortear la obligación de abrir al público la Casa Cornide en A Coruña

La Casa Cornide, un palacete de aire barroco del siglo XVIII en el casco viejo de A Coruña, está declarado bien de interés cultural (BIC) desde abril de 2023, una catalogación que implica para los propietarios, que son los descendientes del dictador Francisco Franco, la obligación de abrirla al menos cuatro días al mes al público. No la han cumplido y, más de un año después, la Xunta inició un procedimiento sancionador. Por el momento, ha propuesto una multa de 3.000 euros que el Gobierno gallego no ha informado de si es o no firme. La vía abierta no garantiza un efecto inmediato sobre la accesibilidad del inmueble y el proceso se podría enmarañar con alegaciones y recursos ante la Justicia que lo dilatarían durante años.

Carlos Amoedo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña (UDC), explica que primero se tiene que agotar la vía administrativa, que es la que está abierta ahora. La Consellería de Cultura, la competente para velar por que se cumpla el requisito de abrir al público los BIC, no ha contestado a las preguntas de este diario para conocer en qué estado se encuentra el expediente sancionador ni ha aclarado si los propietarios han presentado alegaciones. Cuando informó, a finales de octubre, de que proponía multar con 3.000 euros a los Franco por su incumplimiento, se limitó a indicar que había un plazo de 15 días para que manifestasen su oposición, pero nunca llegó a informar de cuándo terminaba ni del resultado. En consecuencia, tampoco ha indicado si la multa es firme o continúa el proceso en vía administrativa.

El experto, que forma parte de la sección de patrimonio del Consello da Cultura Galega, indica que el trámite podría seguir alargándose con un recurso de reposición contra la decisión administrativa final y, después, está la posibilidad de litigar en un juzgado de lo contencioso-administrativo. Lo previsible, por lo visto en procesos anteriores, como el del Pazo de Meirás, es que la familia Franco alegue que habría una vulneración de la intimidad, que es un derecho fundamental y que apueste por litigar hasta el final. El derecho al respeto a la vida privada y familiar está recogido en Convenio Europeo de Derechos Humanos, así que “hipotéticamente, pueden llegar hasta Estrasburgo”, dice Amoedo. En cualquier caso, un procedimiento en el que los descendientes del dictador opten por ir recurriendo en cada etapa se puede prolongar años.

En el caso de que decidiesen pagar la multa, pero siguiesen sin cumplir con la obligación de abrir el inmueble al menos cuatro días al mes durante cuatro horas, la Xunta tendría la posibilidad de iniciar un nuevo expediente sancionador. Ahí podría valorar la reincidencia para aumentar la cuantía, aunque esa reincidencia solo empieza a contar desde que la primera sanción es firme. Y, la hipotética nueva multa no podría superar los 6.000 euros. El motivo es que la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia recoge como infracción leve el incumplimiento de la obligación de facilitar la visita pública y las cuantías están fijadas entre 300 y 6.000 euros. En el proceso abierto en la actualidad, la Xunta optó por el rango intermedio. Pero, si se repite la conducta, la norma señala que se debe tener en cuenta en la graduación de las sanciones. Es decir, es esperable que una segunda multa por el mismo motivo sea de mayor cuantía.

Amoedo interpreta que lo que no se podrá hacer, con esa ley en la mano, es pasar a considerar esa infracción grave o muy grave -en este caso, las multas pueden llegar al millón de euros- porque no se incluye este incumplimiento más que como leve. Es, sin embargo, una de las reivindicaciones de Defensa do Común: que la Xunta considere que la sanción entra en el capítulo de las muy graves e imponga la cuantía máxima. El presidente de esta entidad, el activista por la memoria Manuel Monge, cree que el Gobierno gallego “no está actuando responsablemente” para obligar a la apertura del inmueble. Considera que la multa propuesta es baja, sin capacidad para provocar que cambien de conducta, y prevé un litigio similar al de Meirás: “Van a continuar presentando alegaciones y recursos. Pero no se puede permitir que esta gente siga de okupa”.

Monge dice que esta es una muestra de que, 49 años después de la muerte del dictador, quedan restos del franquismo. Considera que Meirás y Cornide con “dos caras del mismo expolio”. “Los beneficiados son los mismos y los que están detrás son los mismos”, dice, pero, pese a todo, confía en que el palacete coruñés se abrirá. Pide que se le den usos sociales y culturales e incluso que se pueda usar como “centro de operaciones” del Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses.

Una réplica de la obstaculización aplicada en Meirás

La estrategia de la familia Franco con la Casa Cornide está replicando la que aplicaron en el Pazo de Meirás. El inmueble, ubicado en el municipio de Sada y regalado al militar golpista tras una “subscripción popular” organizada por la Junta pro Pazo -que presidió Pedro Barrié de la Maza, financiero, empresario y conde de Fenosa que es relevante también para entender la historia de cómo la Casa Cornide se sumó al patrimonio de la familia Franco-, fue declarado BIC en 2008. Los descendientes del dictador litigaron contra la obligación de abrir al público el edificio y no fue hasta 2011 que se hicieron las primeras visitas. Se ocupó de organizarlas la Fundación Francisco Franco, con el objetivo declarado de hacer loas a “la grandeza” de Franco. En los veranos, que era cuando los descendientes iban a la propiedad, esta quedaba de nuevo cerrada al público. Las repetidas denuncias derivaron en 2017 en una multa de 4.500 euros que impuso el Gobierno gallego -que, por otra parte, pagaba la seguridad en el pazo pese a no tener ninguna obligación legal-. No se llegó a cobrar, según publicó el diario El País, porque la titular del inmueble, a nombre de quien estaba la sanción, era Carmen Franco Polo, que falleció antes de abonarla.

Con la tramitación para declarar BIC el Pazo de Meirás iniciada, los descendientes del dictador recurrieron al argumento que se invadía un domicilio particular para rechazar que los técnicos de la Xunta, entonces dirigida por el bipartito de PSdeG y BNG, entrasen a inspeccionar el estado y los bienes que contenía el inmueble. El razonamiento es el mismo en la Casa Cornide.

El argumento de que la casa está habitada que la Xunta rechaza

Cuando la Xunta se dirigió a los herederos del dictador para recordarles que deben abrir al público de la Casa Cornide, la respuesta fue sostener que el inmueble está habitado, pese a que es de dominio público que allí no vive nadie. La intención es hacer uso de uno de los supuestos que recoge la ley para esquivar la obligación de abrir al público un BIC, que es que constituya un domicilio particular.

Pero la Xunta no aceptó ese argumento. Los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural visitaron el palacete en marzo de 2023 y confirmaron que se encuentra “prácticamente vacío de muebles, por lo que no parece probable que sea domicilio particular de sus propietarios”. Y así se lo trasladó la administración autonómica a los Franco en una carta del 25 de abril de este año, firmada por la directora xeral de Patrimonio Cultural, Carmen Martínez Insua.

El proceso para recuperarla como bien público

En el caso de la Casa Cornide está abierto otro frente distinto al de procurar que el público la pueda visitar por ser bien de interés cultural. Es el de recuperarla para manos públicas. El proceso lo ha iniciado el Ayuntamiento de A Coruña, dado que el palacete pertenecía a la administración municipal justo antes de la operación que lo puso en manos de la familia Franco. Después de recibir diferentes usos, fue adquirido a finales de los 40 del siglo pasado por la Dirección General de Bellas Artes, integrada en el Ministerio de Educación Nacional de la dictadura. En la década siguiente, el alcalde Alfonso Molina -otro miembro, como Barrié, de la Junta Pro Pazo- inició el proceso y negoció una permuta: un terreno en la zona de San Roque de Fóra a cambio de que la Casa Cornide pasase a ser un bien del ayuntamiento.

Molina murió sin terminar la operación, pero su sucesor en la Alcaldía, Sergio Peñamaría de Llano, logró la permuta en 1962. En agosto de ese año, la corporación local aprueba subastar la Casa Cornide y el comprador resulta ser Pedro Barrié de la Maza. Desembolsó 305.000 pesetas y retuvo la propiedad apenas tres días. Entonces se la vendió a Carmen Polo, la esposa de Franco, por la cifra muy inferior de 25.000 pesetas. Es esta decisión de hacer una subasta pública la que el actual gobierno local de A Coruña, dirigido por la socialista Inés Rey, está revisando de oficio para tratar de anularla. Era la sugerencia hecha por un grupo de expertos jurídicos, entre ellos Carlos Amoedo, que ven un fraude de ley tanto en la permuta -esta revisión correspondería al Estado- como en la subasta. El proceso está en marcha en la actualidad. El Ayuntamiento no ha iniciado la otra recomendación de los expertos, que es una acción por la vía civil para anular la venta.