El Supremo vuelve a marcar las líneas rojas al Gobierno

Purgado por cumplir con su deber, destituido por el letrado mayor del Congreso por cuestionar el entonces proyecto de ley de amnistía en la Comisión Constitucional, Manuel Fernandez-Fontecha recibe ahora el respaldo del Tribunal Supremo, que considera que la decisión del secretario general de la Cámara Alta, Fernando Galindo, causó una «evidente afectación a su situación profesional y al desempeño de sus funciones propias», «con independencia de la discutida legalidad de esa decisión». El Alto Tribunal, que en repetidas ocasiones ha desautorizado al ministro de Interior o al fiscal general del Estado, y que incluso anuló el nombramiento de una presidenta del Consejo de Estado, vuelve a marcar los límites del Estado de derecho a un Gobierno que a través de sus terminales institucionales, copadas por profesionales de su entera confianza, insiste en imponer su idea de progreso, equivalente al silencio y la docilidad .