Chaves critica a juez por permitir venta de productos de higiene y medicinas en cárcel de Limón
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, criticó a un juez de Ejecución de la Pena por una sentencia que mantuvo, en la cárcel de Limón, la posibilidad de que la pulpería interna venda productos de aseo personal, de higiene, medicamentos de venta libre y hielo, entre otros.
El mandatario enfocó sus críticas en el juez Wílber Felipe Granados Monge, del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Limón), al tiempo que anunció una denuncia penal y una denuncia ante la Inspección Judicial en contra del funcionario.
El juez resolvió una queja de privados de libertad en contra de una circular del Ministerio de Justicia, la cual prohibió la comercialización de determinados productos, aunque no prohibió el uso ni la tenencia de estos dentro del centro penitenciario.
El Poder Judicial explicó que, luego de analizar el caso, se determinó que la circular carecía de criterio técnico y era desproporcionada, además de incongruente.
Según el juez, los productos señalados no implican un riesgo para la salud. Adicionalmente, estimó que la prohibición más bien provocaría un comercio desigual dentro de la cárcel, ya que algunos privados de libertad sí tendrían acceso a los productos mediante visitas o encomiendas.
“La restricción no toma en cuenta las condiciones particulares de cada centro y las necesidades básicas de los internos, como la adaptación a climas extremos”, informó el Poder Judicial. Agregó que, en este proceso, se otorgó audiencia al Ministerio Público, tal como lo establece la ley.
Por su parte, el Ministerio de Justicia argumentó que los “comisariatos” en los centros penitenciarios operan sin respaldo legal, en manos de privados de libertad, lo que fomenta actividades de poder y comercio ilegal dentro de las cárceles, generando riesgos para la seguridad interna.
Por ello, se procedió a controlar las dinámicas de comercio. Según el Ministerio, la resolución del juez ignora los riesgos de extorsiones, violencia y lucro ilegal, al tiempo que debilita el control y la seguridad, fortaleciendo a grupos de poder dentro de los centros penales.
Justicia también abrió un procedimiento disciplinario en contra de la directora del centro penitenciario de Limón, Giovanna Clealand Colwille, por un presunto desacato a las directrices superiores.