El Gobierno autoriza a la saudí STC la compra de un 9,9% de Telefónica
Según el ministro Cuerpo, "esta autorización ha sido precedida de un análisis exhaustivo por parte de las autoridades españolas"; llega un año después del desembarco saudí y tras la entrada de la SEPI en la operadora
Pallete diseña una Telefónica con menos inversiones y deuda a la espera de los movimientos de Arabia Saudí y el Gobierno
El Gobierno ha autorizado este jueves a la operadora saudí STC alcanzar un 9,9% del capital de Telefónica y convertirse en uno de los principales accionistas de la operadora española, según ha confirmado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La operación llega más de de un año después de anunciarse ese desembarco saudí y tras la reordenación del capital de la compañía, con la entrada del Estado como primer accionista.
Cuerpo ha explicado que “esta autorización ha sido precedida de un análisis exhaustivo por parte de las autoridades españolas, con arreglo no solo al cumplimiento de nuestra legislación vigente, sino también a la elementalidad de la ley, tan importantes como asegurar el interés nacional en materia de defensa”.
STC invirtió 2.100 millones de euros en septiembre de 2023 para adquirir por sorpresa el 9,9% del capital social de Telefónica. Inicialmente tomó de forma directa el 4,9% de la española y se garantizó un 5% adicional mediante instrumentos financieros, a la espera del visto bueno del Gobierno. Tras el visto bueno del Gobierno para alcanzar ese 9,9%, los saudíes tendrán derecho ahora a nombrar a un representante en el consejo de administración de la operadora.
Según la normativa vigente en materia de inversiones extranjeras y debido a que Telefónica es considerada una empresa estratégica y relacionada con la seguridad nacional, el Gobierno debía dar su visto bueno a que una empresa extracomunitaria tenga más del 5% del capital social en una compañía española de este tipo, en virtud del denominado escudo antiopas que se puso en marcha durante la pandemia para evitar operaciones hostiles y que se ha ido prorrogando sucesivamente.
El desembarco de STC en Telefónica tuvo como consecuencia una serie de movimientos en el accionariado de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete. A finales de mayo, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, alcanzó el 10% del capital social de Telefónica y culminó el mandato del Gobierno trasladado a finales del año pasado, tras una inversión de 2.285 millones de euros.
El consejo de administración de la operadora acordó por unanimidad el pasado 8 de mayo aceptar la “renuncia voluntaria” de Carmen García de Andrés a su cargo como consejera y nombrar por cooptación a Carlos Ocaña Orbis, que ahora forma parte del máximo órgano de decisión de la teleco en representación de la SEPI.
La entrada de STC en el accionariado de Telefónica también provocó que CriteriaCaixa, el 'holding' de la Fundación Bancaria la Caixa, alcanzase una participación del 9,99% del capital social de Telefónica a finales del pasado junio. Con este porcentaje, CriteriaCaixa casi alcanza el que tiene el Estado en la teleco a través de la SEPI, si bien el holding se ha propuesto alcanzar como máximo un 10,01%. Estos movimientos se han interpretado como un modo de mantener la españolidad del consejo de administración de Telefónica.