Con el Presupuesto no está dicha la última palabra, pero el apuro no es del Gobierno
El decreto que oficializa el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso debe salir en las próximas horas. Y si bien no se descartaba la posibilidad de que el Presupuesto 2025 sea incluido para su tratamiento, la realidad es que no hay en el Gobierno interés por que eso suceda.
El Presupuesto es una herramienta esencial para el funcionamiento del Estado, porque ordena la asignación de fondos que recibe cada área del sector público, y eso a su vez permite autorizar los pagos que debe liberar la Secretaría de Hacienda.
Pero si el Poder Legislativo no aprueba esa norma, el Ejecutivo puede funcionar con la prórroga del último vigente, que en este caso es el de 2023. La administración Milei ya operó con discrecionalidad un año y puede hacerlo otro año más.
Es más trabajoso, pero tiene una ventaja relevante para el equipo económico: los recursos que se recauden por encima del valor nominal que figura en el Presupuesto vigente, que en este caso arrastrarán un segundo año de atraso, podrán ser aplicados discrecionalmente por el Palacio de Hacienda.
Algunas estimaciones aseguran que esa cifra puede acercarse a los $ 30 billones. Si tienen un destino para ser gastados, la asignación no es complicada. Pero al no haber una partida que lo obligue, el Ejecutivo se los puede "ahorrar". Es por esa razón que los principales interesados en que salga la ley de Presupuesto son los gobernadores, ya que de esa manera podrían asegurarse transferencias por las que han peleado, sin éxito, durante todo este año.
El Gobierno congeló el debate porque asegura que si accede a los pedidos de las provincias, no cumple con su deseo de mantener la norma de déficit cero. Si ese objetivo no se logra, o incluso si no se llega a tener un mínimo superávit fiscal, la probabilidad de que tenga recursos excedentes para bajar impuestos será nula.
Un funcionario de la Casa Rosada lo expresó de esta manera: "Si se ponen de acuerdo, lo podemos discutir en marzo, cuando se reactiven las sesiones ordinarias. Porque si lo incluimos en el temario de diciembre, el tiempo para que se emitan los dictámenes de comisiones y lo traten las dos cámaras sería mínimo.
De todos modos, hay una negociación que podría darse para que todos queden satisfechos: la eliminación de las PASO liberaría una suma considerable de recursos, de al menos $ 3000 millones. Pueden servir para activar alguna línea de discusión, aunque vale señalar que hay muchos otros temas que deberían ser acordados en paralelo, y que las extraordinarias deberían seguir en el verano. Difícil, pero no imposible.