Puigdemont reaparece para fiscalizar al PSOE y apretar a ERC
Hoy hace un año que Junts per Catalunya firmó con el PSOE el acuerdo de investidura, rubricado por el secretario de organización socialista, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, que hizo posible que Pedro Sánchez fuera elegido presidente con el apoyo de los siete diputados de la formación dirigida por el expresidente catalán Carles Puigdemont. El acuerdo preveía la aprobación de la Ley de Amnistía y la creación de una mesa de diálogo internacional garante de las conversaciones y de los posibles acuerdos con el independentismo catalán.
En este año, los desencuentros han sido constantes y han amenazado con hacer descarrilar la legislatura. De hecho, el único que han conseguido alcanzar fue la aprobación de la Ley de Amnistía. A pesar de los esfuerzos del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el catalán sigue siendo una lengua «no oficial» en Europa. Tampoco se han registrado avances en otro asunto espinoso, el de «resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña», ya que no solo no se ha allanado el camino, sino que las posturas están en las antípodas sobre el referéndum de autodeterminación.
Ahora, la principal negociación se centra en los Presupuestos Generales del Estado que han venido precedidos de una caótica negociación sobre el paquete fiscal y que dejaron en la estacada el techo de gasto (donde se vio cómo Junts marca el paso del Gobierno), sin perder de vista la revisión de la financiación autonómica. Por un lado, Salvador Illa pactó una reforma con ERC –financiación singular–, mientras que el PSOE acordó con Junts «una modificación de la Lofca que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan».
Como para Junts el pacto firmado se trató de un acuerdo de investidura y no de legislatura, coge protagonismo la reunión de hoy de la cúpula juntera en Bruselas para hacer balance de un «contrato» en el que se negocian las cosas «pieza a pieza». Y más aún, cuando es la primera comparecencia pública de Puigdemont desde que fue elegido presidente de la formación el 27 de octubre.
La incertidumbre sobre qué dirá el expresident es total. Se da por seguro que criticará que no se le pueda aplicar la amnistía, el fracaso del catalán en Europa y exigirá que se cumpla la ejecución presupuestaria pendiente, antes de hablar de una nuevas cuentas. Según datos oficiales, la inversión en Cataluña se sitúa en un escaso 45%, por lo que Junts exigirá algún tipo de fórmula de compensación.
Por otra parte, la integración de la Policía y la Guardia Civil en el sistema de emergencias desató las críticas de Puigdemont porque considera que «descatalaniza» el servicio, aunque este proceso de integración se inició bajo su mandato en 2017 y lo ha cerrado Salvador Illa, que apuesta por una mayor presencia del Estado. También fue muy duro ante el anuncio de Sánchez, en el Congreso socialista de Sevilla, de crear una empresa pública de vivienda ya que entiende que «quita competencias exclusivas» a Cataluña.
Hoy Puigdemont reaparecerá en el Press Club de Bruselas para hacer balance de un año de pacto con el PSOE en Madrid . Hay un tema clave en la agenda, que son las negociaciones sobre inmigración de las últimas semanas. «No estamos descontentos de cómo están avanzando», dijo Jordi Turull en TV3, mientras que Míriam Nogueras afirmó que quedaban flecos relevantes. Junts pretende que la Generalitat tenga competencias en materia de fronteras, mientras que el Gobierno considera que esto es exclusivo del Estado y se mueve más en el aumento de la cooperación entre Administraciones. Desde la Generalitat, silencio, siguiendo la máxima de dar todo el protagonismo a Junts, que, si bien en Cataluña está en fuera de juego, quiere usar bien sus cartas en Madrid para visualizarse como vencedora ante ERC. Eso sí, el Gobierno de Illa es optimista y apuesta por Presupuestos en Madrid y Barcelona porque no hay plan B para Puigdemont.