Una familia demanda al Ayuntamiento de Vitoria que le devuelva un edificio donado al no haber realizado 108 misas anuales

En un pequeño local, al bajar unas escaleras escondidas en una plazoleta junto a una iglesia en el centro de Vitoria, atiende un hombre de mediana edad. En su casa familiar –explica esta persona que quiere preservar su anonimato– había colgada una pintura de una pariente ya fallecida. Por su edad, apenas la conoció en vida. A principios de este año, sin embargo, el cuadro cobró sentido. Después de meses de investigación y pleitos, contactó con él el último inquilino de un bloque de viviendas propiedad del Ayuntamiento de Vitoria, Florida, 28. Le contó que la mujer del cuadro era Doña Virginia, la tía de su madre. O, por ser precisos, Eulalia Virgina Sáenz de Ormijana Martínez. Murió en 1978 y legó el bloque de viviendas de Florida, 28 al hospicio, cuyo patrimonio pasó a manos municipales tras su disolución. Esa casa se cae ahora a pedazos. Lleva tiempo abandonada y el Ayuntamiento la ha incluido en sus planes de desarrollo urbanístico. Quiere echar al último alquilado. Pero él anhela salvar la casa que sus padres arrendaron a Doña Virginia hace más de medio siglo. Y ahora ha encontrado el apoyo de este descendiente... y de toda su familia. Los parientes de Doña Virginia han demandado al Ayuntamiento de Vitoria, al que acusan de haber incumplido las condiciones de la herencia, incluida la obligación de pagarle a Doña Virginia 108 misas cada año a perpetuidad. Un juzgado de Vitoria estudia ya la petición del abogado de la familia para devolver a la familia de la difunta el edificio. Esta causa se suma a la batalla judicial ya iniciada en su día por el último inquilino.

La historia de Doña Virgina trascendió hace justamente dos años. Ante lo que consideraba un abuso del casero, en este caso del Ayuntamiento, el último vecino de Florida, 28 inició la búsqueda de información en archivos de todo tipo –forales, municipales, de la propiedad o eclesiásticos– para valorar sus opciones ante las amenazas de desahucio. En una de sus pesquisas dio con el testamento de la propietaria original de Florida, 28. O más bien de Carlos VII, 28, que es como se llamaba la calle del centro de la capital en el franquismo en honor a un inexistente rey impulsado por el carlismo, uno de los apoyos del dictador en la Guerra Civil.

Entre muchísimas disposiciones, esta viuda sin descendencia y de profundas convicciones católicas realizó entregas para que buena parte de su patrimonio tuviera fines sociales o caritativos. Asimismo, vinculó la dación al hospicio de todo un edificio en pleno corazón de Vitoria a que se le dedicaran cada año 108 misas. El total sale de 30 misas en el aniversario de su muerte y otras tantas en el de la de su marido (en septiembre y en marzo, respectivamente) y de otras dos eucaristías mensuales a cada uno de ellos, es decir, 48 más. Era una condición a perpetuidad, según ordenó por escrito. El beneficiario del edificio era el hospicio, sí. Pero en 1983 la entidad local gestora de los servicios sociales, FASVA, desapareció. De ese modo, su patrimonio –y las cargas– pasaron o al Ayuntamiento, como Florida, 28, o a la Diputación.

El inquilino descubrió que, muy al inicio, incluso antes de la aceptación de la herencia, el hospicio y el Obispado de Vitoria ya intentaron burlar la voluntad de Doña Virginia buscando una bula vaticana que les eximiera de la celebración de las misas. Conoció también que los fines sociales se fueron por el sumidero cuando el abogado del hospicio, Isaac Garay–Gordóvil, se quedó con la vivienda de Doña Virginia, el mejor piso del bloque, por una cantidad irrisoria incluso en la época, dos millones de pesetas. Los pisos no solamente nunca se han destinado a beneficencia sino que acumulan años y años de abandono con la excepción del alquiler de la familia del denunciante, que se mantiene de la época anterior, y de otra venta que se hizo. El histórico ultramarinos del bajo, B. Elguea, lleva años con la persiana bajada.

El inquilino, que asume que acumula papeles por cientos en estos años de pelea, ha estimado en 179 años el desuso si se suman todos los pisos que han estado desocupados. En medio, el Ayuntamiento contemporáneo alegó que, al menos durante unos años, sí se pagaron un montón de misas con dinero público, aunque la Iglesia no terminó de corroborarlo. Sea como fuere, desde 1985 no se habrían hecho, lo que ya contraindica la voluntad expresa de Doña Virginia, que quería un oficio religioso casi cada tres días y hasta la eternidad.

El inquilino entendió que el incumplimiento de las cláusulas de una herencia podía ser motivo de nulidad. Lógicamente, en su pelea en los tribunales él puede alegarlo y defenderlo. Pero no tiene la misma fuerza que si lo hiciera quien sí podría ser el titular alternativo de Florida, 28. Así empezó su búsqueda de los descendientes de Doña Virginia. Google le llevó a un despacho. Y ahí empezaron a surgir otros nombres. Ahora sustentan la demanda la única sobrina viva de la potentada, ya nonagenaria, y una docena de hijos del resto. Los hay incluso que no son residentes en Vitoria. Están persuadidos de que Doña Virginia quiso que sus bienes ayudaran a los “menestorosos” y sostienen que el Ayuntamiento ni lo hace ahora ni lo ha hecho nunca.

–¿Por qué esta aventura judicial tan extraña?

–La tía de mi madre era una mujer muy buena, muy devota, muy cristiana y que quería ayudar. Ella quiso hacer una cosa muy concreta y no se ha hecho nada de lo que ella quería. Al ver los papeles, lo empecé a hablar con mis hermanos. Y lo hablé con algún primo también. No sé si llamar a lo que sentimos rebote, indignación o mosqueo. Lo cierto es que la herencia no fue para lo que quería mi tía. El Ayuntamiento nunca entró en sus planes.

Detrás del pleito hay descendientes de Doña Virginia que no habían tenido relación antes. Juntos, sin embargo, han contratado “al mejor civilista de la ciudad”, el letrado Aitor Medrano, conocido por otros grandes juicios en la plaza como el 'caso De Miguel'. Sostienen que pidieron un análisis de la documentación previo a la formalización de la demanda, para no tirarse a una piscina sin agua. Querían una opinión profesional sincera de que había base para llevar un asunto de hace medio siglo a los tribunales. Y recibieron el visto bueno. “Así que vamos adelante”, cuenta el sobrino–nieto de Doña Virginia, que hace las veces de portavoz del grupo. Y no solamente eso: asumen que el caso llegará a varias instancias porque el Ayuntamiento se les revolverá y están dispuestos a ir hasta donde sea preciso.

Su demanda tiene casi 30 páginas. Su lectura es casi una explicación novelesca de la historia de Doña Virginia. Se cierra, eso sí, pidiendo que se declare “radicalmente nula” la propiedad municipal sobre Florida, 28 y que revierta el 75% del bloque que queda en manos del Ayuntamiento a los descendientes de la fallecida. Como el resto del 25% ha pasado ya a otras titularidades, la ciudad debería compensarlo con una indemnización. Argumenta el letrado que la jurisprudencia marca claramente que “el incumplimiento de la condición impuesta al heredero supone la automática revocación” de un legado.

Y aquí habría dos puntos vulnerados, los fines sociales y la no celebración de las misas. Se llega a sostener que el hospicio tuvo un enriquecimiento “ilegítimo y doloso” en tanto en cuanto aceptó la herencia mientras hacía gestiones con la Iglesia para saltarse las condiciones. Escribe el abogado, además, que una bula puede ser simbólica o tener validez canónica, pero que eso nunca puede suplantar las disposiciones civiles. Las misas, expone claramente, son “una obligación condicional para el heredero”. Una tras otra. 108 cada año. A estas alturas de 2024 estarían a punto de alcanzarse ya las 5.000. Como mucho, habrían sido 600 las realizadas, la última hace ya casi 40 años.