Loreto López cuestiona sectores que reniegan los DDHH: “Amenazan consensos de los últimos 30 años”
La jefa (s) de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Loreto López, abordó la situación actual de los DDHH tras la presentación del Informe Anual 2024.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, López afirmó que “estamos atravesando por un momento difícil a nivel local, nacional, pero también regional y global (…) Y nosotros lo vemos como un gran desafío, es un contexto arriesgado que amenaza la instalación de consensos conseguidos los últimos 30 años en relación con la aceptación de los derechos humanos como marco de la convivencia democrática y pacífica de las personas”.
“Lo vemos con mucha preocupación, pero también un desafío que alienta a hacer las cosas mejor. Toda amenaza puede transformarse siempre en una oportunidad y creemos que tenemos que reforzar más nuestra acción en la sociedad chilena. Dialogar más con aquellos sectores que todavía se muestran distantes a la ética de los derechos humanos, esa también es tarea nuestra y demostrarle a la ciudadanía que el INDH puede ser un factor para mejorar sus vidas”, aseguró.
Como parte de las conclusiones del informe para este año, desde el INDH, destacan que “para garantizar sobretodo los derechos sociales, económicos y culturales, el Estado tiene que invertir, eso es muy diferente en algunos derechos civiles o políticos como la libertad de expresión en que básicamente hay que dar ciertas condiciones, pero el derecho a la vivienda adecuada, a la salud mental, son ámbitos donde el Estado debe invertir”.
“Nos interesa comunicar que hay avances pero hay dudas. En el caso de salud mental, vamos a ver que lamentablemente a veces está menos atendida que la salud física o de otras dolencias y problemas de salud, y es importante entonces que el Estado ponga mayores esfuerzos sobretodo cuando vemos la desigual distribución de profesionales de salud mental en el sistema público a lo largo de regiones, en el sistema privado el nivel de reembolso es mucho más bajo que problemas de otro tipo”, sostuvo.
En esa línea, López indicó que “el mensaje es que los derechos humanos están vinculados con la calidad de vida de las personas y el Estado debe actuar en cada uno de esos ámbitos para mejorar la calidad de vida de las personas”.
Respecto al segundo capítulo del informe sobre seguridad personal, señaló que “lo que se pierde del debate es hasta dónde se puede exigir del Estado prevenir o no los actos delictivos. Evidentemente el Estado tiene ciertas responsabilidades razonables cuando ha podido conocer con anticipación la ocurrencia de este tipo de actos y poder actuar con diligencia”.
“Los derechos humanos los portan las personas, no la condición necesariamente de una persona que esta en movilidad o migración. Una persona migrante sigue siendo portadora de derechos humanos, lo que también decimos para el caso de las personas que residen en asentamientos informales o en campamentos. No por estar en campamentos han perdido sus DD.HH., esas personas incluso son víctimas de la delincuencia organizada, que vende terrenos, que extorsiona”, afirmó.
Sobre el derecho a la vivienda, declaró que “el mercado que se supone que tenía que proveer de este bien, que finalmente es un derecho, no lo está haciendo. No se va a poder resolver esto a través del mercado y el Estado, a través de sus políticas subsidarias, se ve que muchos subsidios no se logran aplicar porque no hay nada que ir a comprar al mercado con esos subsidios, entonces hay una distorsión que no se ha ido corrigiendo”.
Por último, respecto a la desaparición de Julia Chuñil, ambientalista y dirigente mapuche, señaló que “a los defensores y defensoras de DD.HH. se les debe una atención especial, y en los hechos delictivos un tipo de investigación enfocada en motivaciones y patrones que puede haber detrás de estos ataques”.
“Todos los antecedentes que hayan sido puesto en conocimiento de la autoridad en los últimos 5 años tienen que ver con esa anticipación que está anunciada en el capítulo de derecho a la seguridad personal. Aquí se unen dos cosas, el conocimiento previo que podría haber tenido el Estado de esta situación y no haber actuado con la debida diligencia y luego las obligaciones que tienen los Estados respecto a estos grupos”, zanjó.