Machuca Flores defiende su gestión como auditora del ICE ante denuncias del gobierno
Ana Sofía Machuca Flores, auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), rechazó este jueves las presuntas irregularidades que el gobierno le atribuyó en una denuncia penal presentada en su contra, en la que también se incluye a la empresa china Huawei.
Según la funcionaria, ella es víctima de una persecución política por parte de diversos actores que hace meses han intentado involucrarla en temas sin conexión con su labor. En declaraciones a La Nación, Machuca negó rotundamente los delitos que se le imputan y emitió una serie de descargos.
En la denuncia que tramita la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, se le atribuyen a la auditora delitos de incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y fraude de ley. La denuncia fue firmada por varios diputados del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y por el presidente del ICE, Marco Acuña Mora.
Machuca aseguró que, desde hace meses, diferentes actores han tratado de involucrarla en temas políticos y comerciales debido a su posición como funcionaria pública. Sin embargo, afirmó contar con evidencia contundente para demostrar que siempre ha actuado bajo los principios de legalidad, ética, probidad e integridad.
“No podemos bajar los brazos ni dejarnos amedrentar por un patrón que busca debilitar el sistema de control interno”, expresó la funcionaria, quien dijo estar comprometida con el sistema democrático y el papel de los auditores internos.
Machuca recalcó que no tiene participación en la toma de decisiones relacionadas con la administración activa del ICE, como los procesos de contratación con proveedores. Por ello, afirmó, no habría relación entre sus funciones y los delitos que le reprochan.
“Por el contrario, en mi rol he denunciado penal y administrativamente diversas irregularidades en procesos de contratación”, aseguró.
Como ejemplo, mencionó que fue ella quien interpuso años atrás denuncias penales relacionadas con contratos del ICE con Huawei. Estas denuncias, dijo, están siendo investigadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y actualmente la Auditoría del ICE da seguimiento a seis investigaciones activas:
- Expediente 19-000171-1218-PE: investiga una dación en pago derivada por la cual, en vez de cobrar una multa por incumplimiento de contrato en telefonía móvil, el Instituto le recibió a Huawei equipos que además le permitieron convertirse en proveedor para un nuevo negocio.
- Expediente 21-000277-1218-PE: indaga presuntas irregularidades en la compra de infraestructura NPT para redes de transporte de Internet fijo.
- Expediente 19-000294-1218-PE: analiza sobrecostos en el proyecto RANGE Etapa II, relacionado con Internet fijo mediante fibra óptica, que sufrió sobrecostos y contratado a la firma china.
- Expediente 19-000293-1218-PE: estudia posibles anomalías en el Proyecto TIC Heredia, también sobre Internet fijo.
- Expediente 19-000295-1218-PE: indaga una asociación empresarial entre el Instituto y Huawei por la cual el primero acordó vender paquetes de suscripciones de televisión, Internet y telefonía donde se comprometió a dar millonarias compensaciones a la compañía china de incumplir determinada porción de mercado en varios años.
- Expediente 19-000296-1218-PE: investiga si la compra de la empresa Cable Visión por parte del ICE pudo haber generado delitos de malversación de fondos e influencia contra la Hacienda Pública.
Esa última investigación vino luego de conocerse que el ICE lanzó un salvavidas financiero de ¢23.000 millones a Cable Visión entre 2014 y 2017.
El caso de Cable Visión, revelado por La Nación en noviembre de 2018, cuestiona la adquisición de esta empresa por parte del ICE en diciembre de 2013 por $12,3 millones, pese a que la Contraloría General de la República la catalogó como una entidad “patrimonialmente deteriorada” cuando fue adquirida.
Fiscalía investiga si hubo malversación de fondos públicos en el ICE al comprar Cable Visión
Machuca destacó que, desde que asumió el cargo en febrero del 2017, se han emitido más de 23 informes de auditoría, que incluyen investigaciones, advertencias y análisis sobre contratación pública, incluyendo los contratos con Huawei.
“He cumplido mi rol de forma diligente y valiente, exponiendo públicamente las amenazas a la continuidad de los negocios del ICE. Estas acciones han provocado agravios en mi contra, siendo esta denuncia el de mayor magnitud”, señaló.
La auditora aseguró que esperará la notificación formal de la causa judicial para aportar pruebas ante las instancias correspondientes y, posteriormente, tomar medidas legales para restaurar su honra.
Denuncias contra Huawei y respuesta de China
El presidente Rodrigo Chaves Robles informó el miércoles de que la denuncia penal también incluye a Huawei Technologies Costa Rica S. A. y a Yang Peng, apoderado generalísimo de la empresa, por presuntos delitos de estafa, cohecho propio, tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
La noche del miércoles, la Embajada de China en Costa Rica emitió un comunicado en defensa de Huawei y para rechazar la denuncia del Gobierno costarricense.
“El Gobierno chino exige a sus empresas operar cumpliendo las leyes locales y respalda firmemente la defensa de sus derechos legítimos. En cuanto al tema de 5G, rechazamos categóricamente la politización de cuestiones técnicas y llamamos a un trato equitativo y justo para todas las empresas”, indicó la sede diplomática.
Además, China expresó sorpresa por las declaraciones del gobierno, pues, según dijo, se producen mientras Costa Rica dialoga sobre el tema con un tercer país aliado, el cual no citó.
“5G es clave para el desarrollo socioeconómico. Costa Rica, como nación soberana, debe tomar decisiones autónomas pensando en el bienestar de su pueblo. Las declaraciones mencionadas podrían dañar la imagen del país y generar dudas sobre su imparcialidad al tratar a empresas extranjeras”, concluyó la sede diplomática.