El ex DAO vincula la denuncia a la negativa a cambiar de puesto a la víctima
El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía José Ángel González –fulminado en el puesto por una supuesta agresión sexual a una subordinada que ya investiga un juzgado de violencia de género de Madrid– atribuye la denuncia, según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, a su negativa a acceder a varias peticiones de cambio de destino –todas ellas dentro de la capital de España– de la supuesta víctima.
Según esas mismas fuentes, el exmando policial prepara ya su defensa para hacer frente a la investigación ya en marcha por parte del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. En este sentido, según esas mismas fuentes, González ya está recopilando wasaps que habría intercambiado con la víctima con el objetivo de intentar hacer frente a esa supuesta agresión sexual que el denunciado niega y que considera una represalia por negarse a aprobar esas presuntas peticiones reiteradas de cambio de puesto de trabajo.
A la espera de que el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, aporte al juzgado las grabaciones y conversaciones de mensajería que considera que acreditan con nitidez tanto la agresión sexual como el presumible acoso al que habría sido sometida para intentar frenar su denuncia, el ex DAO articula ya con su equipo jurídico su línea de defensa en un proceso sin duda de gran repercusión mediática.
Denuncia archivada en 2019
La agente que denuncia al hasta hace solo unos días mano derecha del ministro Fernando Grande-Marlaska en la Policía, llevó a los tribunales en 2018 al secretario del sindicato Unión Federal de Policía (UFP), con quien habría mantenido una relación, por acoso cibernético y laboral, amenazas y coacciones por haberle suplantado supuestamente en páginas de contacto sexuales, tras lo cual fue acosada por diversos usuarios de esos chats. En esa ocasión, la investigación fue finalmente archivada en marzo de 2019 al considerar el instructor que los indicios delictivos no eran «suficientes para proseguir la causa». Y es que aunque la investigación constató que el acceso a esos chats se había realizado desde el ordenador del denunciado (que negó que hubiera sido él quien lo hizo), matizó que «varias personas tenían acceso al despacho y las claves del investigado». Desde secretaria al responsable de informática del sindicato hasta la propia denunciante.
"No estamos en igualdad de condiciones"
En las alegaciones que presentó en abril de 2017 para oponerse al cierre de la investigación –a las que ha tenido acceso este diario–, su defensa incorporó una conversación entre la víctima y el investigado el 13 de octubre de 2017 en la que este último le reprochaba que hubiera actuado con «deslealtad» en «lo personal y profesional» en relación con su persona por haber denunciado el acoso cibernético que sufría. «No estamos en igualdad de condiciones», le espetó la agente al investigado aludiendo a su posición de superioridad jerárquica en el sindicato, donde ella además prestaba servicio. «Si esto va a generar un problema llamo allí y digo que quiten la denuncia porque realmente la que estoy afectada soy yo, porque a mí realmente me ha empezado a afectar cuando a mí me han dicho que es de la organización» (en referencia a que la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial había constatado que el acceso a esos chats de contactos sexuales en los que se suplantó a la víctima se había producido desde un ordenador del propio sindicato).
Asimismo, en esa ocasión aportó también una grabación de una reunión del 24 de octubre de ese año en la que el investigado se refería a ella como «traidora».