Las falsas banderas de la izquierda

Entre consignas de unidad y resistencia frente a la derecha, en la puesta de largo del nuevo proyecto electoral de Gabriel Rufián emergió una novedad significativa: la voluntad expresa de 'retomar' cuestiones como la seguridad ciudadana, tradicionalmente despreciadas o negadas por la izquierda radical. Estamos ante un movimiento táctico, dictado por la urgencia electoral y la evidencia de que la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, incluidos los votantes de Sumar y ERC. El propio Emilio Delgado , de Más Madrid, reconoce que a la izquierda «le cuesta mucho hablar de seguridad» y admite la existencia de problemas de convivencia en algunos barrios. Se trata de una confesión reveladora. Durante años, quienes alertaban sobre el aumento de la degradación del espacio público fueron sistemáticamente desacreditados, cuando no directamente acusados de alimentar discursos reaccionarios. Hoy asumen la realidad: la inseguridad existe y tiene un impacto directo en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. La llamada 'izquierda de la izquierda' sufre una hemorragia de votos entre los sectores populares, precisamente aquellos que padecen con mayor crudeza los efectos de la delincuencia, la ocupación ilegal y el deterioro de la convivencia. Los estudios demoscópicos muestran con claridad que la seguridad se ha convertido en un vector de cambio electoral. También en el ámbito catalán, ERC es consciente del coste que le ha supuesto su alianza con formaciones que han hecho de la laxitud institucional una seña de identidad. Resulta difícil tomar en serio este repentino interés por la seguridad cuando las políticas y los discursos de estos mismos partidos han contribuido activamente al problema. La retórica de la izquierda no solo ha minimizado la inseguridad y la delincuencia recurriendo a explicaciones simplistas o teorías conspirativas, sino que ha generado las condiciones que hacen inhóspitas muchos barrios. La demonización sistemática de las Fuerzas de Seguridad, la tolerancia de la violencia callejera , la normalización de la okupación como supuesto derecho y la promoción de una inmigración desordenada, sin políticas de integración, han tensado la convivencia en barrios vulnerables. La seguridad no puede abordarse desde la ambigüedad moral ni desde la culpabilización permanente del Estado y de quienes hacen cumplir la ley. Requiere autoridad, recursos, respaldo institucional a la Policía y un mensaje claro de defensa del orden democrático. Lo mismo ocurre con la vivienda, ámbito en el que se ha castigado la construcción y promoción de viviendas en nombre de obsesiones ideológicas, se ha entorpecido el mercado del alquiler, se ha estigmatizado fiscal y socialmente a los propietarios y se ha generado un clima de inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión y reduce la oferta. Los efectos están a la vista. Que quienes han impulsado estas políticas se presenten como abanderados de soluciones no es un ejercicio de autocrítica, sino de oportunismo. La seguridad y la vivienda son responsabilidades de Estado que exigen coherencia, rigor y respeto por la realidad. Todo lo demás es propaganda.