La Fiscalía pide cárcel e inhabilitar a un mosso por consultar datos policiales sobre unos okupas de su edificio

Tres años y nueve meses de prisión y otros siete de inhabilitación. Es la petición de la Fiscalía para un agente de los Mossos d'Esquadra por consultar datos policiales de dos okupas que se habían instalado un piso en el mismo edificio que él residía como inquilino. Se trata de un sargento del Cuerpo, destinado en Barcelona que, una vez supo el nombre de los dos allanadores, buscó información sobre los mismos. Según recoge el Ministerio público, realizó 231 consultas entre abril y septiembre de 2020. Con las búsquedas pudo saber que uno de ellos había sido detenido por maltrato en el ámbito familiar, por agredir con un cuchillo a sus padres. Sobre otro pesaba una denuncia por amenazas y lesiones. También tenían antecedentes por atentado contra la autoridad, así como por robo con fuerza en casa habitada y ocupación. De hecho, uno de ellos ya había sido detenido, después de que el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona emitiese una orden de busca y captura para su posterior ingreso en prisión. La acusación sostiene que el sargento empleó dicha información para «lograr una respuesta» por parte del Ayuntamiento del Masnou (Barcelona) a la «situación vecinal» generada por los okupas. Así, en mayo de aquel año, dirigió una instancia al consistorio en la que indicó que los allanadores habían sido detenidos por delitos violentos. En septiembre, en otra queja, detalló las molestias que generaban, e «hizo constar expresamente» la identidad de uno de los individuos. También, apunta la Fiscalía, facilitó la información que había recabado al dueño del inmueble quien, «desconociendo el carácter confidencial de la misma», remitió también una queja al Ayuntamiento. Por este motivo, el Ministerio público acusa al mosso de descubrimiento y revelación de secretos, motivo por el que tenía que sentarse en el banquillo de la Audiencia de Barcelona este jueves, 2 de mayo pero, finalmente, se ha aplazado al próximo 5 de julio, porque en la causa no consta el expediente disciplinario que inició el procedimiento judicial. Por este motivo, el fiscal ha pedido el aplazamiento, que ha acordado el tribunal de la Sección 21ª. Y es que, cuando sucedieron los hechos, el sargento se encontraba en la unidad de seguridad en el transporte metropolitano de Barcelona , y fue así como firmó un atestado en el que se dirigía a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) y alertaba del presunto desamparo de una menor, hija de una de las okupas. Noticia Relacionada estandar No Orden de alejamiento para la okupa violenta de Usera, tras ser detenida Carlos Hidalgo Fue arrestada y trasladada a comisaría, donde durmió en los calabozos. Solo pudo volver unos minutos al piso, escoltada por los agentes, para recoger la medicación que toma En el mismo atestado detalló que otro hombre que vivía en el piso 'okupado' tenía antecedentes por delitos violentos. El fiscal ha reprochado que esto supone «una irregularidad profesional, que parece ser es lo que motivó la incoación» del expediente disciplinario que falta en la causa y que se añadirá antes de retomar el juicio en julio. Fue con el atestado como la Policía catalana ordenó una auditoría que, según el fiscal, respondía a la presunta mala praxis del policía; en cambio, según la defensa, debía aclarar si la información que dio el agente era correcta, y por eso cree que la investigación sobre él fue «prospectiva». La abogada del sargento también ha señalado que el atestado que firmó su cliente «fue autorizado por un superior jerárquico», y ha criticado que el Ayuntamiento dio a la Policía Local y, ellos a los Mossos ,   información sobre el acusado sin base jurídica para hacerlo.