Azcón rechaza por electoralista la bilateral que le exige el Gobierno para rectificar la ley de concordia de Aragón

El Gobierno insiste en el choque con tres gobiernos autonómicos de coalición entre el Partido Popular (PP) y Vox, los de Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Aragón, por su intención de reformar sus leyes de con concordia, que el Ejecutivo central considera derogatorias de la Ley de Memoria Democrática e incluso atentatorias contra la democracia y los derechos humanos. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acompañado este martes a la portavoz Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para dar cuenta del informe de tres relatores de la ONU sobre esas normas autonómicas, enormemente críticos con las mismas. Torres ha instado al Gobierno aragonés, el único de los tres ejecutivos regionales de la derecha que ya ha aprobado la norma, a realizar una reunión bilateral en los próximos siete días, plazo que confirman fuentes del Ministerio, para negociar modificaciones en la norma. En caso contrario, y como ya anunció en su día, recurrirá esa ley ante el Tribunal Constitucional (TC). La respuesta del presidente del Gobierno de Aragón, el popular Jorge Azcón, no se ha hecho esperar. En términos muy duros, ha declarado a los medios que «vuelve a ocurrir, llegan las elecciones y al PSOE, a Pedro Sánchez, le gusta resucitar a Franco. Esto no es serio», ha aseverado. A juicio de Azcón, esa bilateral «tiene que convocarse para hablar de los problemas reales de los aragoneses», o para «mejorar la financiación de nuestra comunidad autónoma», así como «para hablar de las infraestructuras hidráulicas que están pendientes, como Yesa, para mejorar las infraestructuras viales». «Ya no engañan a nadie, es electoralismo, son intereses políticos del Partido Socialista, la bilateral es algo mucho más serio», ha concluido Azcón. Previamente, Torres había desgranado en la sala de prensa de La Moncloa las ideas fuerza de esos informes de los relatores de Naciones Unidas, no realizados de oficio, sino precisamente a instancias del Gobierno español a principios del pasado mes de abril. «Los informes son contundentes, dicen que estas leyes vulneran los derechos humanos e invisibilizan a las víctimas de la dictadura franquista», ha señalado Torres, quien ha añadido que «sobre la ley de Aragón dice que no se hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen franquista, sino que se refiere a las atrocidades cometidas por un bando de la Guerra Civil, mientras sí se menciona la violencia política de la II República». Esto último, a juicio del ministro, supone equiparar un periodo dictatorial con otro democrático.