Calificación con Tribunal incompleto
Profesor en UP y UNAM. Especialista en materia electoral
A 19 días de las votaciones que decidirán quién será la presidenta o presidente de la República, cobra relevancia que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esté incompleta para realizar la calificación de la elección presidencial, por una decisión deliberada de las fracciones parlamentarias que integran la mayoría en la Cámara de Senadores para no cubrir las vacantes que se generaron con la conclusión del encargo de José Luis Vargas e Indalfer Infante el 31 de octubre de 2023.
La Sala funciona con cinco de siete magistraturas, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplió con la parte del procedimiento de designación que le corresponde enviando dos ternas para cubrir las vacantes. Es el sello de la casa, Morena decidió no realizar los nombramientos igual que con otras instituciones como el INAI y los tribunales electorales de las entidades federativas, donde igual se registran vacantes que los han llevado a aplicar disposiciones reglamentarias para poder funcionar nombrando magistraturas provisionales de entre sus secretarías de estudio y cuenta.
El hecho es que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para declarar la validez de la elección presidencial se requiere una integración mínima de la Sala Superior, al menos, con seis magistraturas. Es claro que el Senado no hará las designaciones pendientes, por lo que debe activarse el mecanismo extraordinario para integrar provisionalmente a una magistratura de entre las que están en funciones en las salas regionales y la especializada, para lo cual la ley señala que puede designarse a quien tenga la mayor antigüedad en el cargo o a quien tenga la mayor edad.
Al final, será la propia Sala Superior la que realizará la designación provisional de la sexta magistratura, en un entorno complejo si consideramos que las salas regionales y la especializada también se encuentran incompletas y que deben resolver una carga amplia de medios de impugnación de elecciones federales y locales, además de que varias de sus magistraturas fueron designadas al mismo tiempo. En cualquier escenario, la designación debe ser transparente para no dejar dudas ni generar especulaciones sobre los criterios que se apliquen. No olvidemos que la Sala Superior enfrenta cuestionamientos importantes sobre la forma en la que se han renovado sus últimas presidencias y sobre diversos criterios asumidos para resolver los diferendos del proceso electoral en curso.
Designar a la sexta magistratura no es un asunto de trámite, es de la mayor importancia porque la calificación de la elección presidencial entraña la decisión que el Tribunal asumirá sobre la integridad de las elecciones: si éstas se ajustaron a principios democráticos y se condujeron con imparcialidad, si las irregularidades y sus efectos se repararon, si se verificó que fuesen equitativas y se ejercieron libremente y a plenitud los derechos políticos de la ciudadanía.
En medio está la valoración que la Sala hará sobre el evidente intervencionismo del presidente de la República y su amplio séquito de servidores públicos, sus ataques constantes y llamados a no votar por la candidatura de la oposición, la intervención de grupos del crimen organizado y la violencia presente en diversas regiones del país reconocida por algunas magistraturas y consejerías. Llegó el momento en el que el Tribunal deje atrás su división interna y resuelva con absoluta transparencia la designación pendiente y la próxima declaración de validez y de presidenta o presidente electo.