Cumplir y hacer cumplir las leyes lingüísticas

El Gobierno en funciones de Pere Aragonès quiere agotar su mandato facilitando el incumplimiento de la ley en las escuelas catalanas. En el año 2020, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resolvió la obligatoriedad de impartir, al menos, el 25 por ciento de las enseñanzas en castellano. Esta sentencia se ha desatendido sistemáticamente, con la connivencia del PSC. Este nuevo decreto otorga protección jurídica a los centros que decidan no acatar la resolución del TSJC, pues los exonera de cualquier responsabilidad legal. A partir de ahora, será la Generalitat quien supervise los planes lingüísticos, siendo la Consejería de Educación la que deba responder ante cualquier incumplimiento. Garantizar la ejecución de las sentencias debería ser una prioridad para el próximo Gobierno catalán. En caso de ser investido presidente, Salvador Illa tendrá entre sus encomiendas cumplir y hacer cumplir el porcentaje obligatorio de enseñanza en castellano