Roberto González (SUP): «La amnistía nos indignó, muchos policías gallegos abandonaron su plaza en la UIP»

Roberto González (A Merca, 1982) lleva una década al frente del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Galicia, mayoritario en la Comunidad. Reclama engrosar las plantillas para combatir una criminalidad que va en aumento y pide mejoras en la carrera de los agentes, tanto en activo como ante su jubilación. —Acaba el curso académico y podemos hacer balance. Desde Galicia el SUP ha logrado que la calificación de profesión de riesgo para la Policía Nacional llegue al Senado... —La profesión de riesgo tiene que ir vinculada con la jubilación digna, que es una de las reivindicaciones que tenemos sobre la mesa. Lo que pedimos es que un policía no sufra una pérdida retributiva tan grande en el momento de la jubilación —ahora son unos 700 euros al mes—. Hay fórmulas para que no sea así, como cotizar por toda la nómina o que cuando nos jubilamos pasemos al grupo de clasificación superior. También se nos podría computar la nómina del último año. Solo en Galicia se jubilan un centenar de compañeros cada año, para ellos pedimos una solución. —Hablamos de cien jubilados al año, pero los catálogos de las comisarías que delimitan la plantilla de agentes siguen sin cumplirse. —Sí, y además esos catálogos están totalmente desactualizados. Es una cuestión que debe abordarse de forma urgente. El ministro del Interior anunció en febrero que se abriría un grupo de trabajo, pero esas palabras no se han concretado en hechos. También anunció que iba a cubrir las plazas de la Unidad Adscrita de Galicia y no lo ha hecho. En cuanto al grupo de trabajo, que no se ha creado, el objetivo es reformar este catálogo. Hacerlo implica una inyección económica, porque el actual es del año 2008 y ya no es válido. Por poner ejemplos del día a día, funcionarios destinados en grupos de investigación tecnológica tienen catálogo de seguridad ciudadana porque no hay un grupo específico para ellos. Los compañeros que se dedican a violencia de género están bajo mínimos pese a ser uno de los delitos que más crece. Las ciudades desde 2008 han cambiado muchísimo, por eso reivindicamos que, por ejemplo, la comisaría de Santiago incremente su grado para que pueda disponer de unidades especializadas. Hace falta adaptar ese catálogo a la realidad delincuencial del momento. —Según vuestras estimaciones, ¿cuántos policías más necesita Galicia? —De entrada, hacen falta más policías y una mejor organización de esos catálogos. A día de hoy hay unos 3.100 agentes y el déficit está entorno a unos 300 atendiendo al catálogo de 2008. Es cierto que la ocupación ronda el 90%, pero sobre un catálogo totalmente obsoleto. De estos cerca de 300 que faltan consideramos que habría que adaptarlos a las necesidades de las plantillas y crear puestos en base a los nuevos delitos. En resumen, harían falta al menos unos 300 efectivos más. —De forma recurrente, los policías alertan de que después de la pandemia las calles son más violentas, con más gente armada y más peleas. ¿Es una percepción cierta? —Sí, hay una escalada de los delitos violentos en los últimos años, y quizás la eclosión de esta realidad es la pandemia. Nosotros lo vinculamos al mayor consumo de drogas, con muchas adicciones en la calle. Y esto se liga con delitos que a veces son pequeños hurtos, pero que a veces se convierten en robos con violencia e intimidación. Eso genera una alarma social importante, sobre todo porque en estos apartados la reincidencia delictiva es notable. —Como SUP organizáis muchos cursos de formación. ¿Falta preparación dentro del cuerpo? —La situación ha mejorado en los últimos años porque hay un nuevo jefe de la división de formación que está haciendo cosas, pero hace falta una formación continuada y adaptar los procedimientos a la realidad. Tenemos un plan de tiro que es muy mejorable y que debería ser más real. Otro de los problemas es que a veces no hay procedimientos para cierto tipo de situaciones, como cuando intervenimos en desalojos o allanamientos. No sabemos con claridad cómo actuar para hacer una intervención rápida y ágil con garantías, porque nuestra seguridad jurídica está en juego. También está pasando con los registros a personas 'trans'. Incluso hay temor a la hora de usar el arma reglamentaria porque desde cierta parte de la sociedad se nos reprende. MÁS INFORMACIÓN reportaje Si Ángel Hernández Uno de los policías heridos en el 'procés': «Nos querían matar, pero dicen que nada de esto ha pasado» Chapu Apaolaza —Por lo de pronto, ya cuentan con pistolas tipo Táser... —Sí, con eso hemos avanzado. A día de hoy hay 1.600 dispositivos electrónicos de control (70 en Galicia) que nos ayudan por ejemplo ante un requerimiento de alguien con un cuchillo o de una persona con un trastorno. —Las 'bodycams' también son una autoprotección importante. —Pedimos que todos los patrulleros lleven esa cámara porque son los primeros en llegar a una intervención y si la persona sabe que la estás grabando su actitud suele cambiar. Lo que queremos es transparencia y que todo esté fiscalizado, que se conozca el contexto. —Fuisteis pioneros desde Galicia a la hora de crear un recurso de ayuda psicológica a los compañeros. —Es uno de los logros de los que más orgulloso me siento. Había ausencia de psicólogos propios y tres compañeros lo montamos en Galicia en 2015 y ahora hay siete facultativos y un teléfono 24 horas para atender a los policías que están pasando un mal momento. —Hay agentes gallegos que salieron muy perjudicados de los disturbios del 'procés'. A algunos les llovieron adoquines, con secuelas irreparables. ¿Cómo valoráis la ley de amnistía? —La indignación es grande. Hay cinco que siguen investigados, y la ley de amnistía los excluye. Se los puede acusar de torturas. Confiamos en que van a ser absueltos porque ellos fueron allí a hacer su trabajo y los que delinquieron están amnistiados. La desafección es muy grande y eso ha provocado que desde el 2019 muchos compañeros hayan dejado su plaza en la UIP.