División en el regulador nuclear por las bajadas de potencia de las centrales para adaptarse al auge renovable
División en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por las bajadas de potencia que las centrales nucleares españolas llevan ejecutando desde 2020 para adaptarse al auge de las energías renovables en el mix eléctrico, en lo que una vocal del regulador energético define como “cambio de paradigma” en el sector.
El pasado 28 de mayo el organismo aprobó, con dos votos discordantes, una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) sobre esta práctica, la denominada “operación flexible” de las centrales.
Se acordó que, en el plazo de un mes, los titulares de todas las nucleares en funcionamiento, las de Almaraz, Ascó, Cofrentes, Vandellós II y Trillo, deberán remitir un análisis de las modificaciones que han llevado a cabo en este tipo de operaciones desde marzo de 2022. Entonces, un grupo de trabajo mixto CSN-empresas determinó que sus prácticas en esta materia eran “aceptables” desde el punto de vista de la seguridad.
Pero el CSN quiere evaluar la “validez” de los análisis realizados por las eléctricas desde esa fecha sobre “escenarios no contemplados” en ese grupo de trabajo. El motivo es que “se están dando situaciones de implantación de nuevas estrategias de bajada de carga que suponen una ampliación de esta práctica operativa, rebasando las limitaciones existentes en dichos procedimientos en 2022”.
El caso más claro es la parada de dos reactores el pasado mes de marzo, con los precios de la luz en el mercado mayorista cotizando en negativo, por la pujanza de la eólica y la hidroeléctrica. Ese mes las renovables alcanzaron su récord de producción mensual (14.591 GWh) y de cobertura en el mix eléctrico (65,2% de la demanda).
El acta de esa reciente reunión del pleno del CSN, publicada este lunes, confirma que el asunto de la operación flexible ha dividido a los vocales del regulador nuclear. La ITC salió adelante por tres votos a favor y dos en contra. Se opusieron los consejeros Javier Dies (nombrado a instancias del PP) y Elvira Romera, que no ven necesario aprobar esa instrucción.
Además, hubo un tercer vocal, Francisco Castejón, que pidió analizar la apertura de un expediente sancionador, por entender que las eléctricas han ido más allá de lo que debieran en esta materia aprovechando la ausencia de regulación al respecto.
El consejero Dies, que suele alinearse con los planteamientos de la industria nuclear, pidió que constase en acta que “considera que esta propuesta no está técnicamente madura suficientemente”. En opinión de este vocal, “se podría hacer algunas inspecciones sobre este tema” o “analizar algunos informes realizados sobre este tema por las centrales nucleares”, y celebrar nuevas reuniones con el comité mixto que sienta al CSN y a las centrales, “antes de decidir si es necesario realizar una ITC”.
Y en caso de hacerlo, habría que analizar, según expuso Dies, qué actividades deberían incluirse y cuáles no, “como por ejemplo las paradas de central”.
Por su parte, la también catedrática Elvira Romera manifestó “que esta propuesta de dictamen técnico necesita ser reforzada en sus argumentaciones, y de esta manera emitir una instrucción técnica complementaria bien fundamentada”.
Expediente sancionador
En el otro extremo se situó el consejero Castejón, nombrado a propuesta de Podemos, que votó a favor de aprobar la ITC y consideró “adecuada” la decisión de “homogeneizar y unificar la regulación” sobre la operación flexible de las nucleares españolas, “que hasta el momento se produce de forma dispar”, pues “no existe una normativa clara” y sus impactos para la seguridad “no se han analizado a fondo”.
Castejón quiso “dejar constancia de su posición discrepante respecto a la gestión llevada a cabo para acometer la creciente operación flexible” de las nucleares: “El CSN debería iniciar una investigación sistemática de los incumplimientos que hayan podido hacer los titulares por inacción o aplicación inadecuada de la IS-21”, una instrucción sobre requisitos aplicables a las modificaciones de los requisitos de las centrales que sean “complejas” o “significativas desde el punto de vista de la seguridad radiológica”.
“No aplicar la IS-21 cuando es necesario, es un incumplimiento” y “requeriría la apertura de un expediente sancionador”, según Castejón.
También votó a favor de la ITC la consejera socialista Pilar Lucio. En su explicación del voto subrayó que en 2021 propuso una iniciativa para analizar “las posibles consecuencias que estas reducciones de carga podrían tener en relación con la seguridad y, en su caso, establecer las necesidades reguladoras oportunas”.
Así, se creó ese grupo de trabajo con el sector y un primer informe de la subdirección de Ingeniería concluyó en enero de 2024 que podría existir un potencial impacto en la seguridad. Se propuso una regulación específica, pero “antes de que el CSN pudiera emitir oficialmente la Instrucción”, las centrales “continuaron ampliando sus estrategias de operación flexible”, con “nuevos escenarios no contemplados hasta entonces y nuevas actuaciones como son el seguimiento de carga intradiario, o las paradas de los reactores que se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2024”.
Ese mes, las plantas de Almaraz I y Cofrentes dejaron de inyectar electricidad a la red con el precio mayorista de la luz en negativo. Estos hechos, según Lucio, “vinieron a confirmar la necesidad” de abordar “este nuevo cambio de paradigma de las centrales nucleares, relacionado con los cambios en el sistema eléctrico”.
El CSN ha explicado que esta instrucción persigue “reforzar el marco de regulador para las prácticas de operación que implican la producción de electricidad por debajo del 100% de potencia durante determinados periodos de tiempo”. Las nucleares españolas han operado habitualmente hasta ahora en la forma conocida como operación en base, produciendo el 100% de su potencia de forma estable, salvo cuando tienen lugar paradas automáticas, paradas planificadas o reducciones de potencia programadas por mantenimiento u otras situaciones operativas.
Sin embargo, los cambios en el mercado eléctrico nacional han incrementado las solicitudes de los denominados despachos delegados de carga (también llamados de control de operaciones) a las centrales nucleares para producir electricidad por debajo de su máxima potencia en determinados momentos, con reducciones hasta el entorno del 70% o incluso al 60%, sin que ello sea requerido por motivos de seguridad o necesidades operativas de las centrales.