‘El panorama es claro: se quiere evadir el control de los fondos públicos’, dice contralora sobre referéndum
Contralora general, Marta Acosta, afirma que la ‘ley jaguar’ es peor de lo que parece, pues elimina toda la etapa preventiva contra la corrupción. ‘Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote’, aseveró.
Marta Acosta, contralora general de la República, declaró este martes que la “ley jaguar”, que el gobierno de Rodrigo Chaves quiere llevar a referéndum, “es peor de lo que parece”. Eliminaría toda la etapa preventiva contra los actos de corrupción en las contrataciones públicas, advirtió.
“El panorama es bastante claro: se quiere quitar y, por tanto, evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos que le pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes”, dijo Acosta después de comparecer ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
La contralora explicó que la propuesta impulsada por el presidente Rodrigo Chaves provocaría “enormes huecos” en el control de los fondos públicos, al grado de que la Asamblea Legislativa perdería la capacidad de ejercer control político sobre las actuaciones del gobierno por medio de su órgano auxiliar, la Contraloría General de la República (CGR).
De aprobarse la “ley jaguar”, dijo la funcionaria, la CGR no tendría potestad de sancionar o corregir irregularidades al investigar una denuncia presentada por diputados o por cualquier ciudadano. Así ocurriría, dijo, porque la reforma le impediría emitir órdenes o advertencias a las instituciones públicas, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en que sus disposiciones son de acatamiento obligatorio para los funcionarios públicos.
Cuando el fiscalizado, en este caso el Poder Ejecutivo, pretende diseñar el modelo de control que se le aplicará, escoge justamente uno que sea débil y con menor alcance.
Marta Acosta, contralora general de la República
Para la contralora, esta situación supone una clara “invasión de las potestades legislativas” y una abierta intención de “tener una Contraloría pintada en la pared”.
La jerarca afirmó que la “ley jaguar” crearía un sistema de control débil y de alcance más limitado, en vista de que lo diseña el ente fiscalizado, el Poder Ejecutivo. Acosta hizo hincapié en que se perderían los controles preventivos para detener potenciales ineficiencias, irregularidades o actos de corrupción.
Precisó que la Contraloría no podría actuar a tiempo para evitar un perjuicio económico a la Hacienda Pública, sino únicamente hasta que se materialicen los daños y “sea demasiado tarde”.
Vaticinó que las instituciones contratarían obras públicas a dedo, habría deuda pública sin registrar y sería imposible emitir alertas sobre ilegalidades evidentes en proyectos.
Sobre la modificación al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, impulsada por Chaves, la contralora Marta Acosta afirmó que permitiría contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin un concurso público abierto, limitando la participación de oferentes y sin certeza de que se escoge la mejor oferta.
Asimismo, la reforma abriría la puerta para que el país pueda contraer nuevas deudas sin controles y aprobaciones legales, incluido el aval de la Asamblea Legislativa. Para la contralora, esta situación bajaría la credibilidad de las cuentas nacionales, produciría incertidumbre económica y una gestión fiscal ineficiente.
Respecto a lo indicado en la ley jaguar sobre la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), la jerarca aclaró que pretende cambiar la definición de alianza estratégica de la Ley General de Contratación Pública, que aplica para todas las demás entidades y proyectos públicos.
Bajo esta nueva interpretación, señaló Acosta, Japdeva podría escoger “a dedo” a los socios estratégicos con los que haría negocios públicos, evadiendo los procedimientos de contratación pública, lo que dejaría en duda el proceso rendición de cuentas y la transparencia.
Finalmente, Acosta se puso a disposición de los diputados para atender la consulta del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, como parte de la tramitación de la solicitud de convocatoria de referéndum.
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