Congreso: proponen elevar de 35 a 45 años la pena privativa de libertad para delitos graves
El congresista Isaac Mita Alanoca, de la bancada de Perú Libre, presentó el proyecto de ley N° 8273/2023-CR, a través del cual plantea la modificación del artículo 29 del Código Procesal Penal para aumentar la pena de cárcel de 35 a 45 años, con la finalidad de endurecer las condenas para delitos graves, considerados como concurso ideal, concurso real de delitos y reincidentes.
Cabe resaltar que la pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso, la pena mínima es de dos días y la máxima de 35 años.
¿Qué propone el proyecto?
De acuerdo con lo expuesto por el parlamentario de izquierda, esta iniciativa busca sancionar y evitar la consumación de diversos delitos tipificados en el Código Penal en su artículo 29, como medio protector de la persona humana y de la sociedad.
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"La aprobación de esta ley va a modificar el actual artículo 29 del Código Penal y va a incidir en la aplicación de la sumatoria de penas que utiliza nuestra legislación penal. En adelante, se buscará elevar las penas por delitos graves, permitiendo que estas se incrementen de treinta y cinco a cuarenta y cinco años de pena privativa de libertad en caso de producirse un concurso ideal o real de delitos. Es decir, para uno o varios hechos delictivos con el objetivo de consumar un solo delito, cometidos por uno o varios actores de ilícitos penales comunes o delitos especiales", se lee en el proyecto.
En tanto, de darse la modificación, el artículo 29 quedaría redactado de la siguiente manera: “La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de cuarenta y cinco años”.
En cuanto a las disposiciones complementarias, se plantea que se deroguen todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan, de forma tácita o expresa, a la establecida en la presente ley.
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Se busca disminuir los delitos graves
El parlamentario Isaac Mita plantea que la aprobación de la norma no va a ocasionar ningún egreso al erario nacional: “El objetivo es buscar que se apliquen las penas de manera justa conforme a la realidad actual y que pueda permitir que el Código Penal cumpla con su función preventiva; así como disminuir la realización de algunos delitos graves que vienen afectando nuestra sociedad”.
Finalmente, si bien esta iniciativa apunta a ilícitos que guardan vinculación con la inseguridad ciudadana, también pone en la mira delitos especiales como los cometidos por funcionarios públicos, delitos de corrupción que son investigados como criminalidad organizada, lavado de activos, entre otros.