Incluir terrorismo urbano a Código penal sería un paso previo a la pena de muerte, advierten especialistas
El último 14 de junio, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó el dictamen que propone incorporar el delito de terrorismo urbano en el Código Penal. La iniciativa, impulsada por el parlamentario Juan Bartolomé Burgos, buscaría combatir la criminalidad organizada y fortalecer medidas contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, especialistas coinciden en señalar que la propuesta no solo resulta ineficaz, sino que sería un paso previo a la aplicación de la pena de muerte.
El dictamen, que recae en diversos proyectos de ley, tipifica que las infracciones consideradas bajo la categoría de terrorismo urbano son aquellas que genera "estado de zozobra en la población o en un sector de ella con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico". En este parámetro también se propone incluir los delitos informáticos y acciones que afecten servicios públicos como el agua potable o la energía eléctrica.
Aquellos que comenta terrorismo urbano serán reprimidos con una pena de libertad no menor a 23 ni mayor a 30 años. La pena máxima recae en aquellos que usen armamentos, explosivos, o cualquier otro artefacto perteneciente a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional del Perú (PNP).
"Si el agente comete terrorismo urbano desde el interior de un establecimiento penitenciario, donde se encuentra privado de su libertad, si utiliza a menores de edad u otros inimputables para su comisión, actúa con gran crueldad (…) o si la víctima es un funcionario comprendido en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú o miembro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público o miembro del Tribunal Constitucional o cualquier autoridad elegida por mandato popular", se explica en el dictamen.
Especialistas cuestionan dictamen que busca aprobar la categoría de terrorismo urbano
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, sostiene que la aprobación de la categoría de terrorismo urbano causaría confusión y no sería eficiente para la lucha contra la criminalidad. "El delito de terrorismo está asociado al uso del terror para imponer ciertos lineamientos ideológicos o proyectos políticos de Estado. No lo emplearía para combatir la inseguridad o la criminalidad", explica.
El especialista en seguridad pública indica que el Código Penal ya cuenta con sanciones severas para delitos como el robo agravado, la extorsión y el derribamiento de torres con explosivos. Por el contrario, sugiere que es una maniobra para una futura aprobación de la pena de muerte.
"Para introducir la posibilidad de incluir la pena de muerte en un segundo momento, como consecuencia del delito de terrorismo. Si uno lee el artículo 140 de la Constitución, dice que la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y el terrorismo", refiere. "Nos están engañando a través de la figura de terrorismo urbano, que es absurdo porque el terrorismo existe en un marco del delito contra el Estado y no contra un individuo", insiste.
"Me parece que ese es el fin oculto, que no están siendo claros los congresistas, que quieren eludir la norma para crear este concepto, que es innecesario", asegura.
Carlos Rivera, abogado penalista del Instituto de Defensa Legal, también coincide en señalar que la inclusión del terrorismo urbano en el Código Penal no sirve para combatir la inseguridad ciudadana. "Es una configuración penal completamente equivocada", expresa.
"Lo único que se va a generar es una redefinición de hechos delictivos que ya son sancionados penalmente y el incremento sustancial de penas. Aparenta ser una medida de mano dura, pero en realidad lo más probable es que sea una norma que traiga problemas legislativos", sostiene. "El Congreso quiere imponer una dinámica de sobrecriminalización de conductas delictivas ya sancionadas, algunas con penas bastante elevadas", acota.
El abogado penalista también considera que sería un paso previo para la aprobación de la pena de muerte. "Yo podría coincidir con Valdés en el sentido de que el siguiente paso va a ser una pena mucho más drástica que le quite la vida a los procesados por este tipo de delitos", explica.
"La idea es mostrarse de manera drástica, con mano dura frente a cualquier circunstancia. De eso ya sabemos cuál será el resultado: cero, no va a ayudar en nada. No va a tener ninguna utilidad", insiste.