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El Gobierno de Madrid admite 350 propuestas para reducir trámites y derogar requisitos obsoletos

Abc.es 

Eliminar obstáculos burocráticos, y que la tramitación administrativa no sea un desincentivo para la inversión son dos de los objetivos de la Línea Abierta contra la Hiperregulación, que abrió hace tres años ya el Gobierno regional y que mantiene en funcionamiento. La consejera de Economía, Rocío Albert, junto con el de Presidencia, Miguel Ángel García, dieron ayer cuenta de los avances: en estos tres años, se han incorporado 350 propuestas para reducir legislación que entorpece la actividad económica. La mayor parte de estas sugerencias, que llegan de particulares, de empresas y de profesionales, ya están ejecutadas (un 81 por ciento), y el resto permanecen en tramitación. Un 22 por ciento están relacionadas con la Economía y el Empleo, un 18 por ciento con las Políticas Sociales, un 17 por ciento con Medio Ambiente y Agricultura, y un 12 por ciento con Sanidad. Según explicó Albert, «el objetivo siempre ha sido hacer la vida más fácil a ciudadanos y a empresas, disminuyendo las cargas administrativas y normativas, para favorecer así la actividad económica con las menores trabas burocráticas y excesos regulatorios». El consejero García, por su parte, está convencido de que «simplificar y actualizar la normativa, dando mayor seguridad jurídica y estimulando la actividad económica, es uno de los pilares sobre los que se ha sostenido el crecimiento y la creación de empleo de la Comunidad de Madrid en los últimos treinta años». Desde la web de la Comunidad, cualquier ciudadano o empresario puede poner en conocimiento de la Administración lo que considere una barrera regulatoria que se tropiece en su día a día. El Gobierno regional lo estudia y analiza cómo puede aplicarse. De esta forma, se ha llegado ya a varios cambios normativos. Por ejemplo, en Economía y Empleo, se han eliminado la necesidad de un listado desglosado de socios para que las Asociaciones de Comercios accedan a ayudas del Gobierno autonómico; en Políticas Sociales se han reducido trámites para solicitar el acogimiento familiar y el pago único por nacimiento o adopción múltiple; y en Medio Ambiente se ha suprimido el informe previo para la autorización de cambio de uso de cultivo forestal en agrícola en montes o terrenos forestales no catalogados.

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