La nueva ley de vivienda de Andalucía contrarrestará la norma estatal y reducirá el déficit de nuevas promociones

La subida de los precios de la vivienda en venta y en alquiler especialmente en los grandes núcleos urbanos y el crecimiento constante del número de viviendas con fines turísticos se están consolidando como una de las prioridades sociales en la población y como la base de protestas como las registradas las últimas semanas en Cádiz o Málaga . Ante este fenómeno, señalado especialmente por los grupos de la oposición en el Parlamento, la Junta de Andalucía mantiene una línea argumental clara: el problema tiene su origen en la ley estatal que ha provocado una caída de la oferta residencial y como respuesta el Gobierno andaluz promoverá en las próximas semanas su primera ley de vivienda, que sustituirá la aprobada por el Parlamento autonómico en el año 2010. «El problema de la vivienda es que la inseguridad jurídica ha provocado que se dispare el precio de la compra y alquiler de vivienda por una normativa estatal intervencionista y la falta de obra nueva en los últimos años», resumió la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz , quien puso encima de la mesa los últimos datos elaborados por el Banco de España. Según el último informe, fechado el pasado mes de abril, en estos momentos hay un déficit de obra nueva para atender la demanda de en torno a 60.000 viviendas, una cifra que aumentará en otras 30.000 unidades entre 2024 y 2025. En total, faltarán 90.000 nuevas viviendas . Revertir esta tendencia será uno de los objetivos de la nueva ley andaluza de vivienda que aprobará el Consejo de Gobierno en julio y que pretende fijar un marco normativo completamente opuesto al del Gobierno de España: «La ley andaluza viene a reparar el daño de la ley estatal y a favorecer el acceso de los andaluces a una vivienda. Será un cambio sustancial en las políticas de vivienda, para hacer real y efectivo el derecho de los andaluces a una vivienda digna y adecuada». Sí tiene decidido la Junta que no tendrá elementos intervencionistas y que en ningún caso, como reclaman PSOE o Por Andalucía, la comunidad autónoma se acogerá a la posibilidad de declarar zonas tensionadas prevista en la normativa estatal. Los grupos de la oposición aprovecharon la comparecencia en el Parlamento además para volver a denunciar la «falta de regulación » en torno a las viviendas con fines turísticos y la «insuficiencia» del decreto aprobado el pasado mes de febrero por la Consejería de Turismo y Cultura. En este sentido, la consejera Rocío Díaz defendió las posibilidades que abre el decreto autonómico a los ayuntamientos. Coincidiendo con este debate, en Cádiz, el PP Andaluz, puso como ejemplo a este ayuntamiento por su decisión de suspender cualquier nueva licencia de vivienda turística en el casco antiguo, una posibilidad que otros ayuntamientos como es el caso de Sevilla estiman que no es posible con el actual marco jurídico.