El PP pide al juez que abra juicio oral contra el hermano de Ximo Puig por fraude de subvenciones

El PP, como acusación popular, ha pedido al juez que procese y abra juicio oral contra Francis Puig -hermano del expresidente valenciano Ximo Puig – y su socio, el empresario audiovisual Juan Enrique Adell Bover, por un presunto fraude en las subvenciones que recibieron las productoras que administraban entre 2015 y 2018. Así lo ha solicitado en un escrito de alegaciones, consultado por ABC y remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. Por contra, las defensas de los investigados han reclamado el archivo de las diligencias tras descartar la existencia de delito penal . Los populares llevaron a los tribunales en 2019 las ayudas que recibieron del gobierno valenciano, el catalán y el aragonés Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, gestionadas por el familiar del exlíder del PSPV-PSOE; y Canal Maestrat, Kriol y Nova CB, a cargo de los Adell Bover. La partida más elevada y polémica es la transferida por parte de la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya para el fomento de la lengua propia en los medios de comunicación. Con la suma de ambas, en los cuatro ejercicios Comunicacions del Ports superaría ampliamente el umbral penal fijado en 120.000 euros . También lo haría, aunque solo en 2017, Canal Maestrat. Sin embargo, la Intervención de la Generalitat Valenciana cifró en 67.504,13 euros los importes «indebidamente percibidos», por debajo de ese límite. De ellos, 43.339 correspondían a las empresas de Puig. Se incluyeron conceptos como la reparación de un aire acondicionado, el cambio de pantalla de un teléfono móvil, la revisión de los extintores o los gastos de combustible y el pago del impuesto de circulación de un vehículo. Por su parte, la Administración catalana descartó la duplicidad en las ayudas. Unos criterios que rechaza el letrado del PP, al entender que la instrucción ha acreditado el empleo de documentación falsa y la existencia de un «verdadero grupo criminal» . Alega, además, que las sociedades administradas por Puig, como las de Adell Bover, funcionaban como «una única empresa». Ambos grupos «son beneficiarios de las mismas subvenciones reiteradamente pero, sobre todo, buena parte de los gastos que les sirven para justificarlas son consecuencia de facturas cruzadas entre las sociedades de ambas familias, de modo que se pone de manifiesto la intención fraudulenta de hinchar los gastos para obtener una mayor ayuda pública», asevera el escrito fechado el 3 de julio. De hecho, la acusación advierte también de la duplicidad de gastos en distintas administraciones, la reutilización de los mismos contenidos entre empresas y la justificación de varios gastos con la misma factura «beneficiándose de la ausencia de control» de la Generalitat Valenciana. Presuntas irregularidades que se detallaban en un extenso informe de la Guardia Civil que obra en la causa, en el que se ponen en duda gastos subvencionados como el alquiler de la casa de un hermano de Francis Puig . «Aunque solo Puig hubiera cometido cometido delito de fraude de subvenciones, por no alcanzarse los umbrales en el señor Adell Bover, lo cierto es que ambos serían recíprocamente cooperadores necesarios en los delitos del otro, en tanto en cuanto las facturas fraudulentas emitidas por sus empresas han resultado determinantes para la comisión del delito», apunta la representación legal de la exdiputada autonómica y actual senadora del PP Eva Ortiz, que inició este procedimiento. Asimismo, recuerda que algunas de estas ayudas han sido objeto de un procedimiento de reintegro por la vía administrativa , que finalmente no se produjo. Un error procesal a principios de 2023 –no se dio traslado a las partes para que pudieran presentar alegaciones antes de que el magistrado prorrogara la causa– puso fin a la investigación. Desde entonces, no se han podido ordenar nuevas diligencias, más allá de cerrar aquellas que estaban en marcha. Las partes quedan ahora pendientes de la decisión del juez , que confirmó el archivo del procedimiento, el año pasado, para el exdirector general de Política Lingüística del Ejecutivo valenciano Rubén Trenzano.