Vuelve estado de excepción en Ecuador
QUITO, julio 7.— El presidente Daniel Noboa decretó por tercera vez el estado de excepción, ahora en las seis provincias más violentas de Ecuador, en un evidente reconocimiento de las dificultades para acabar en corto tiempo con el flagelo, responsable de que en provincias como Manabí, los asesinatos intencionales se hayan incrementado de marzo a la fecha en comparación con el año pasado, aunque oficialmente el ejecutivo reporta reducciones en los crímenes.
El estado de excepción fue aprobado el martes después de que la Corte Constitucional rechazó dos intentos previos de adoptar medidas similares, al considerar que no estaban suficientemente argumentadas. Además de en Manabí, la decisión está vigente en Guayas, Los Ríos, Orellana, Santa Elena y El Oro, así como en el municipio de Camilo Ponce Enríquez, de Azuay.
Noboa dijo que la medida busca enfrentar la constante violencia atribuida a bandas de crimen organizado, que según el mandatario asumen una dinámica de empresas criminales conjuntas, dijeron medios locales, y a pesar de que el Impuesto al Valor Agregado fue aumentado en un 15 por ciento para recaudar dinero con vista a fortalecer a la Policía y al Ejército en su enfrentamiento.
El mandatario asumió en noviembre con el enfrentamiento al mal como primer punto de su agenda, y decretó en enero el estado de conflicto armado interno para desatar las manos de las fuerzas militares y policiales frente a la violencia, así como un primer estado de excepción.
Ahora, los uniformados vuelven a tener la potestad en las provincias señaladas de revisar domicilios privados sin necesidad de una orden judicial, así como restringir la circulación o los eventos, además de ordenar la movilización conjunta de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para operativos contra el crimen organizado, que el Presidente ha considerado como grupos terroristas.
También, la Corte Constitucional podrá tener acceso a informes secretos de las autoridades del Gobierno en caso de que necesiten revisarlos para evaluar la pertinencia de la medida, cuya implementación coincide con las movilizaciones de sectores populares que tomarán las calles este jueves, en rechazo al plan económico del mandatario.
A inicios de esta semana hubo movilizaciones contra el alza en los precios de los combustibles, puesto en vigor hace cinco días y que afecta específicamente la gasolina de bajo octanaje, decisión rechazada pese a que el ejecutivo anunció medidas compensatorias para los transportistas y propietarios de vehículos.
Dirigentes sindicales y campesinos denunciaron que el incremento solo persigue cumplir con las metas trazadas por el FMI a cambio de los créditos concedidos, y que provocará un efecto dominó que elevará aún más el costo de la vida.
Aunque la movilización convocada para este día cuatro por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) partió del rechazo al alza del combustible, ahora se habla de un disgusto más amplio. Según declaró José Villavicencio, presidente de la FUT, a Ecuavisa, también denunciarán el desempleo, las necesidades en el sistema de salud y la inseguridad.´
En declaraciones al portal Primera Plana que refirió PL, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, detalló que el propósito es movilizarse en unas 23 provincias.