La Corte mexicana y el peligroso camino a delitos contra la seguridad nacional

La ministra Norma Piña cree, con toda energía, que es una heroína intentando detener el avance de la 4T. Sin embargo, sus acciones han sido combustible para la locomotora cuatroteísta.

Ha pasado de brotes de incoherencia como los chats amenazantes al senador Armenta y al magistrado Felipe Fuentes, a construir un complot contra la democracia y sus instituciones. Cree que el fin (que no haya reforma judicial y se mantenga el status quo de ministros, magistrados y jueces) justifica los medios.

No entiende que los mecanismos de reforma constitucional (dos terceras partes del Congreso de la Unión y más de la mitad de las legislaturas locales) fueron instituidos para que todos los poderes constituidos respeten las modificaciones por su alta legitimidad democrática. Ella, así como Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayan y Javier Laynez, creen estar por encima del poder reformador de la Constitución.

Esta es una distorsión que se ha ido construyendo en la Corte, donde creen que todo pueden y carecen de límites. Kate Shaw, profesora de la Universidad de Pensilvania, critica el grave daño generado a la democracia por la Corte americana al otorgar una amplia inmunidad al presidente, al señalar “Es cada vez más claro que este tribunal se ve a sí mismo como algo más que un participante en el sistema democrático del Estado. Se ve a sí mismo como el que hace cumplir la separación de poderes, pero no está sujeto a esa separación”. La frase aplica a México.

Lo realmente peligroso no es que lo piense Norma Piña en su mundo paralelo, sino que sus halcones ya han ido a hablar con magistrados y jueces federales con posiciones radicales y anhelos de que se frene al reformador de la Constitución a toda costa, incluso a costa de la propia democracia representativa. Es el problema de sentir que la Corte no es una de constitucionalidad y legalidad, sino una Corte celestial que todo lo puede.

La primera intentona golpista, señalada ya por el propio presidente López Obrador, fue la suspensión en amparo que ordenaba integrar a la Sala Superior del Tribunal Electoral a dos magistrados regionales identificados con el PRI y el PAN. El objetivo: modificar las reglas a los límites de la sobrerrepresentación que se han aplicado en 2015, 2018 y 2021.

Dos datos relevantes:

Javier Laynez desayunó el jueves pasado con los magistrados colegiados administrativos, a quien les expresó dos puntos: hay que esperar la resolución en relación con la sobrerrepresentación y la “magia” de los mercados. Con claridad expresó sus anhelos de que los límites a la sobrerrepresentación sean por coalición y no por partido para frenar la reforma judicial, y que prefiere una crisis económica de gran calado a la reforma que le quita el hueso.

Alberto Pérez Dayan fue más allá al desayunar con jueces de distrito. En resumen, de forma por demás irresponsable, sostuvo: que hay mucha necesidad y los ciudadanos votan por lo que les dan; que en la elección pasada se usaron indiscriminadamente recursos públicos; que no puede existir una real interlocución con el Congreso porque no está bajo su control la reforma, pues siguen las instrucciones de arriba —refiriéndose a López Obrador—; que es irresponsable que se haya adelantado la integración del Congreso (desconociendo la asignación del INE sin tener competencia para ello) y que las reglas de representación proporcional son complejas, pero que “a menos que todo ya esté arreglado” ninguna fuerza política o coalición debe tener más de 300 diputados, lo que impide que tengan mayoría calificada para reformar la Constitución; que quieren normalizar que se hable de que la 4T tiene mayoría calificada, pero ello es falso; que hay que cuidarse de los arrebatos como la nacionalización de la banca y el Fobaproa; que las reformas son regresivas, que son solo caprichos y van a favorecer a los que tienen recursos.

Es un ministro hablando del presidente, de un Congreso sometido a él y cuestionando la legitimidad de la elección de la virtual presidenta electa. Son delicadas las expresiones cuando un ministro de la Corte, públicamente, sostiene que la elección es producto de un delito sistemático (uso de recursos públicos), minimiza la capacidad de elección del pueblo (al decir que vota por necesidad), y que la reforma es un capricho presidencial violatorio de derechos humanos.

Más grave aún, el mismo jueves personal del Consejo de la Judicatura Federal acudió a algunas magistraturas y dijeron que Norma Piña trabaja en una propuesta alterna de reforma y que, de no existir mínimos razonables, se irían a paro indefinido con acciones tales como sabotear los instrumentos tecnológicos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que no pueda emitirse ningún acuerdo o sentencia, ni siquiera los de urgente tramitación. Es decir, paralizar la impartición de justicia, que es un servicio público.

Piña ya delira diciendo en los pasillos de la Corte, a sus propios pares, que tiene interlocución directa con la secretaria de Gobernación y que la reforma no alcanzará la votación calificada que se necesita porque cambiarán los precedentes de la sobrerrepresentación.

Este delirio contagia a quienes consideran como inminente su remoción en el cargo y alienta movilizaciones que, de hacerse como se planean, implicarían un perjuicio al servicio público de impartición de justicia.

La idea raya en la concepción delictiva de varias conductas previstas en el Título Primero del Libro Segundo del Código Penal Federal que prevé los delitos contra la seguridad de la Nación.

Ojalá retrocedan quienes impulsan estas acciones, pero su sola concepción —el inicio del ínter criminis— hace imperativo tomar en consideración la propuesta pública y privada de ministros que piden hacer un alto e iniciar una reflexión sobre la continuidad o no de la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura.

Norma Piña y sus halcones mucho daño han hecho a la estructura del Poder Judicial de la Federación, parece que quieren seguir por ese camino y terminar por dinamitar cualquier matiz en la reforma. Piña quiere que la acompañen en su suicidio jueces y magistrados, abusa de la poca visión política de ellos para venderles una esperanza sin sustento de que continuará el status quo judicial.

Como dijo el senador Monreal, su falta de entendimiento racional e impericia, dinamitó al Poder Judicial de la Federación, pero puede ser aún más grave y terminar en un atentado contra la seguridad de la Nación.

Si se paraliza la impartición de justicia, habrá que aplicar la ley a rajatabla, porque ya es la cabeza de un poder la que quiere presionar a otro poder para que no ejerza sus facultades constitucionales. Es el Judicial con marchas y paros el que quiere detener al poder reformador de la Constitución. Es un auténtico golpe de Estado el que se gesta en las mentes lúcidas de estos ministros celestiales; ojalá recuerden que, sin detentar el poder, sus errores seculares serán más visibles que nunca.