España ha destinado 1.027 millones de euros a adquirir armamento israelí desde el 7 de octubre

España ha concedido contratos valorados en 1.027 millones de euros a empresas israelíes y a sus filiales en nuestro país desde el 7 de octubre, cuando comenzó la ofensiva de Israel contra Palestina en respuesta a la masacre de Hamás, según muestra un informe del 'Centre Delàs d'estudis per la pau'. El informe, llamado 'Business as usual', realiza un análisis del comercio de armas español en el curso 2022-2023 y expone argumentos para un embargo de armas a Israel. Se centra en el comercio de armas entre España e Israel y desvela que, «a pesar de la extrema gravedad» de la ofensiva del Estado hebreo contra la Franja de Gaza, las relaciones militares entre Madrid y Tel Aviv se han mantenido en «lo esencial», como antes del 7 de octubre. Los expertos destacan que, al contrario de lo que sucede con las exportaciones, no existe un informe anual oficial de importaciones por parte de la Secretaría de Estado de Comercio e informan de que «buena parte del material de defensa de patente israelí se fabrica en España, por parte de filiales de empresas israelíes o de otras compañías que los producen a través de un acuerdo de transferencia de tecnología de los grupos israelíes». «España ha seguido adjudicando contratos a empresas militares israelíes, a sus filiales en España o a otras empresas españolas que fabrican productos israelíes con acuerdo de transferencia de tecnología», explican los titulares de la investigación. Las relaciones militares solo se han visto afectadas en las exportaciones españolas, según el escrito, aunque el Gobierno ha asegurado en repetidas ocasiones que no se han concedido nuevas licencias de exportación de material de defensa a Israel desde la fecha mencionada. Aun así, las exportaciones han continuado. Los expertos del 'Centre Delàs d'estudis per la pau' mencionan que, en noviembre de 2023, la empresa Nammo Palencia envió desde España 987.000 euros en municiones a Israel . También se ha exportado a Israel material de defensa correspondiente a armas y municiones y carros de automóviles blindados de combate. Las relaciones entre España e Israel no se limitan a las importaciones y exportaciones de material de defensa, sino que se desarrollan en los ámbitos de la adjudicación a empresas israelíes de contratos de productos y servicios para las Fuerzas Armadas. La colaboración empresarial entre conglomerados españoles e israelíes para acceder a terceros mercados; entre universidades y empresas e instituciones en proyectos de investigación y formación, en el marco de la Unión Europea (UE) son los campos agregados en las negociaciones, según el informe. La publicación también se ocupa de estudiar la legalidad de estas operaciones y las posibilidades de imponer un embargo de armas al Estado hebreo, y plantea propuestas de modificación de la legislación española sobre el control del comercio de armamento. El dosier pone el foco en que la autorización de exportaciones de armamento a Israel es contraria a la legislación en la materia. Destaca el artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas, en virtud del cual el Gobierno debería denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones y revocar, o al menos suspender, las autorizaciones de exportación a Israel otorgadas con anterioridad al 7 de octubre de 2023 y que todavía se encuentren en vigor. «Es muy probable que Israel esté cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza», dice el informe, que agrega que el Convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio impone a los Estados la obligación de prevenir el genocidio . «Además, Israel está cometiendo, sin ninguna duda, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra», añaden los autores. «Aunque la Ley 53/2007 no prevé la posibilidad de que el Estado español imponga un embargo de armas, se podría hacer por medio de una norma con rango de ley , incluyendo los decretos leyes aprobados por el Gobierno», aconsejan. Pero recuerdan que el artículo 8 de la Ley 53/2007 «sí reconoce expresamente» la posibilidad de denegar, suspender o revocar las autorizaciones de exportación de material de defensa.