La entrada en vigor del Decreto Ley de Simplificación acelera el proceso de modernización de la Administración valenciana

Las medidas de carácter extraordinario y urgente destinadas a promover la mejora de los procesos administrativos e impulsar el desarrollo económico y social de la Comunidad Valenciana que establece el Decreto Ley de Simplificación seguirán vigentes, aunque sea tramitado como proyecto de ley, según ha explicado el director general de Simplificación Administrativa, Francisco Ortega . El Pleno de las Corts Valencianes ha convalidado el Decreto-ley 7/2024, de 9 de julio, del Consell, de simplificación administrativa de la Generalitat. De esta forma, ha señalado el director general, «se asegura su plena vigencia y esta convalidación garantiza que las medidas y disposiciones incluidas en el decreto ley siguen siendo efectivas y aplicables en la Comunidad Valenciana.» Asimismo, ha señalado que «durante la sesión plenaria, además de la convalidación, se ha acordado que el decreto-ley se tramite como proyecto de ley». Para el director general, «esta decisión permitirá un debate más detallado y la posibilidad de introducir modificaciones y mejoras al texto original. Sin embargo, es importante destacar que, mientras se realiza este proceso legislativo, el decreto ley convalidado permanece en vigor y sigue teniendo fuerza de ley». La tramitación como proyecto de ley se llevará a cabo por el procedimiento de urgencia, lo que implica un tratamiento acelerado y prioritario por parte de les Corts Valencianes . «Este procedimiento permitirá una rápida adaptación y perfeccionamiento del texto, en beneficio de todos los ciudadanos», ha indicado Ortega. El Consell agradece la colaboración y el trabajo de los grupos parlamentarios en este proceso y reitera su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la implementación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo y bienestar de la Comunidad Valenciana. Mejorar el acceso a los servicios públicos El Decreto Ley de Simplificación Administrativa de la Generalitat tiene como objetivo mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos y eliminar cargas administrativas que limitan el desarrollo económico y social en la Comunitat Valenciana . De esta forma, como el propio decreto ley señala, la mejora y simplificación de los procesos administrativos permitirá atraer más inversiones, dinamizar el mercado inmobiliario y mejorar el acceso a la vivienda, contribuyendo de esta manera al bienestar general de la sociedad. El decreto ley elimina o modifica 29 leyes, 37 decretos, 8 órdenes y más de 500 artículos vigentes que lastran la tramitación administrativa y que han sido identificados tras un proceso en el que han participado el sector empresarial, los colegios profesionales, las entidades locales y la ciudadanía en general. Entre las medidas introducidas destacan las tendentes a clarificar el lenguaje administrativo y eliminar trámites burocráticos . También las encaminadas a reducir el tiempo y esfuerzo requerido para cumplir con los requisitos administrativos, fomentando así un entorno más favorable para la actividad económica e impulsar el desarrollo. Por lo que respecta a las medidas dirigidas a la ciudadanía, se establecen mecanismos para acercar la administración a las personas, especialmente a las personas mayores, con diversidad funcional o afectadas por la brecha digital. El decreto ley regula medidas de simplificación de carácter interno, que implican cambios en el modelo operacional y organizativo de la Administración. También recoge medidas de colaboración y organizativas para impulsar la simplificación administrativa en la Administración local, asegurando que todas las administraciones de la Comunitat Valenciana ofrezcan soluciones únicas e integradas a la ciudadanía. Asimismo, recoge toda una serie de medidas por sectores con el objetivo de mejorar y acelerar los distintos procesos administrativos y asegurar que la coherencia y eficiencia. El texto normativo prevé que el Consell apruebe cada dos años planes de simplificación de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, a través de los cuales se concretarán los plazos de puesta en marcha de cada medida de las contempladas en el decreto ley.