Podemos aprovecha el debate sobre el 'plan de medios' de Sánchez para señalar a periodistas y jueces desde el Congreso

El Congreso ha debatido este miércoles el autoritarista plan de medios de Pedro Sánchez , eufemísticamente conocido como 'plan de regeneración' bajo la excusa de «los bulos» y «el fango». El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al socialista de «intentar castigar por ley a los medios de comunicación que informan sobre la corrupción que le salpica» y considera que esta norma sería podría suponer «el mayor ataque a la libertad de la información de la democracia» . En su turno de intervención, la líder de Podemos y exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra , ha aprovechado para cargar desde la tribuna del Congreso contra periodistas y jueces , acusándolos con nombres y apellidos. Belarra ha criticado el pacto entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que, a su juicio, «legitima la guerra sucia judicial». Belarra ha acusado al PP de utilizar sus «brazos judiciales para orquestar el acoso» contra la familia de Sánchez. Los populares y los jueces, dice, también «retuercen la ley de amnistía con el objetivo de tumbar al Gobierno». La líder de Podemos ha instado a Sánchez a «romper ese acuerdo con el PP» porque «les da carta blanca para que sigan haciendo golpismo judicial». La otrora ministra asegura que la «regeneración democrática» que prometió Sánchez «es lo contrario de legitimar y blindar la corrupción judicial de Marchena y Llarena, del juez García Castellón, del juez Peinado, del juez Aguirre, de la jueza Espejel o Lamela ». Este señalamiento explícito de Belarra a los jueces españoles desde la tribuna del Congreso no ha tenido ningún tipo de reacción por parte de la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol. Asimismo, la líder de la formación morada también ha aprovechado el debate sobre el polémico plan de medios de Sánchez para cargar contra periodistas particulares. Belarra ha hablado de «sicarios mediáticos» y de «panfletos de ultraderecha», ha señalado con nombre y apellidos al reportero Vito Quiles ; al director de OkDiario, Eduardo Inda ; y todo lo que, según ella, implica «la primera línea de ataque de la ultraderecha contra la democracia». Sánchez, a juicio de esta diputada, «obvia de manera deliberada el principal problema que tiene el poder mediático en España, que no son sólo los sicarios de poca monta que extienden bulos, sino los dueños de los grandes medios de comunicación , son las presentadoras y presentadores de grandes programas de televisión que tienen alianzas muy profundas con el poder económico y el poder político para hacer que sólo pase en España lo que ellos quieren que pase». Esta acusación, en principio abstracta, rápidamente ha sido aterrizada, de nuevo con un señalamiento explícito: Belarra ha criticado que el presidente del Gobierno conceda entrevistas a «un periodista que está claramente definido como corrupto como es Antonio García Ferreras» . También ha pedido hablar de «quiénes son los dueños de Atresmedia o Mediaset», momento en el que Armengol la ha interrumpido para pedirle que no «acuse» a personas «individuales que no pueden defenderse desde la tribuna». Ha sido la única puntualización que ha hecho la presidenta del Congreso, que no la ha llamado al orden en ningún momento. «Con todo el respeto, presidenta, y se lo tengo, en ningún lugar del reglamento dice que no se puedan citar periodistas corruptos desde la tribuna», ha contestado Belarra, que se ha amparado en que es «legítimo» poder «decir la verdad» en el Congreso. Podemos propone «limitar el poder que tienen los fondo buitre y las grandes empresas dentro de los grandes medios de comunicación». «Es imposible que haya regeneración democrática si no hacemos público cuáles son los intereses económicos particulares que tienen esos directores de programa, esas presentadoras de televisión que cada día extienden bulos y mienten desde sus tribunas», ha dicho, para inmediatamente después señalar por su nombre a Ana Rosa Quintana, a quien ha acusado de tener «44 pisos turísticos» y extender supuestos «bulos sobre la okupación».