Chaves minimiza tala en Gandoca: cortaron 23 árboles
En su visita a Guanacaste, el presidente Rodrigo Chaves insistió en que tala en el Caribe Sur tenía permiso y que solo se cortaron 23 árboles. No obstante, no mencionó que terrenos talados estarían dentro de refugio Gandoca-Manzanillo.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, minimizó la tala en Gandoca-Manzanillo, en Talamanca, al argumentar que solo se cortaron 23 árboles. Le bajó el tono a los hechos, pese a que son investigados por la Fiscalía e incluso, el procurador general, Iván Vincenti, alertó que la deforestación se habría realizado dentro de los terrenos del refugio de vida silvestre.
“El escándalo con el que quieren distraer a la población, hablando de 23 árboles que se cortaron con permisos en una propiedad de 26 hectáreas, ese es el desastre ecológico que el Frente Amplio y todos esos gritan para distraerlo a usted del desastre verdadero que hay en Crucitas”, declaró el mandatario, este lunes, durante un acto público, en El Jobo, en La Cruz de Guanacaste.
Chaves evitó mencionar que esos permisos de corta y aprovechamiento forestal están bajo investigación del Ministerio Público y que cinco personas fueron arrestadas la semana pasada. Se les achaca los presuntos delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso.
La Fiscalía Adjunta Ambiental sospecha que cometieron una “serie irregularidades” en esas autorizaciones, con el objetivo de ”cambiar el uso de suelo en las áreas de bosque y humedales”, para posteriormente “desarrollar una infraestructura urbanística”.
Entre los detenidos se encuentra el empresario Allan Pacheco Dent, quien tiene vínculos con Casa Presidencial. La alta jerarquía del gobierno, en octubre del 2022; y funcionarios de Zapote, en diciembre de ese año, celebraron fiestas en una finca de su familia en San José de Montaña, en Barva de Heredia.
Pacheco además, prestó esa propiedad, el centro de eventos V Entertainment, para que entrenara la Unidad Especial de Intervención (UEI), un cuerpo policial que obedece al mandatario.
Rodrigo Chaves celebró fiesta en finca de empresario detenido por tala y le dio un nombramiento
A esto se suma que Pacheco Dent visitó en siete ocasiones la Casa Presidencial y que Chaves lo nombró directivo en la Comisión Fílmica del Ministerio de Cultura. Incluso, en marzo del 2022, el empresario cedió su finca por un “monto simbólico” para una actividad de campaña del hoy presidente.
Alerta del procurador Vincenti
Durante su discurso de este lunes, el mandatario también afirmó que esos 23 árboles estaban dentro de una propiedad de 26 hectáreas (realmente son 15,4), pero no le dijo a los guanacastecos que, según el procurador Iván Vincenti, los permisos no se entregaron para deforestar una finca privada, sino que se dieron para talar árboles del refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo.
Según una nota enviada por Vincenti a la Sala Constitucional, el viernes anterior, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) otorgó el permisos de corta de árboles a la empresa Manzanillo S. A., representada por Pacheco Dent, pese a que, en los planos que dieron origen a la titulación de las tierras, “consta su presumible ubicación dentro del refugio”.
Esta no es la primera vez que Chaves defiende los permisos expedidos a esta compañía. El pasado miércoles 17 de julio, dijo que no había ninguna irregularidad.
“El permiso está en orden, nosotros lo hemos investigado, cumple con todos los procedimientos nuestros para dar un permiso de aprovechamiento forestal. (...) Ellos (la Fiscalía) creen que no seguimos bien nuestro procedimiento para dar un permiso, de si es o no es bosque. Para nosotros, la propiedad estaba sin ninguna anotación”, alegó Chaves ese día.
No obstante, lo cierto es que las dos propiedades donde se autorizó la supuesta tala ilegal, forman parte de una lista de 137 terrenos que debían volver al patrimonio natural del Estado a raíz de un fallo de la Sala Constitucional, de julio del 2019.
Desde el 7 de marzo del 2022, la Procuraduría General de la República (PGR) encomendó esa labor al Instituto de Desarrollo Rural (Inder), sin que haya acatado esa orden todavía.
