Dividendo demográfico
La pregunta es cómo podemos lograr que una mayor participación laboral de las mujeres contribuya a que los sistemas de seguridad social y de pensiones sean más sostenibles.
Un documento de investigación reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), intitulado “Promover la igualdad de género y afrontar los desafíos demográficos”, autoría de Jiajia Gu, Lisa Kolovich, Jorge Mondragon, Monique Newiak y Michael Herrmann, hace referencia a la importancia del diseño de políticas públicas enfocadas en explotar el dividendo demográfico para mejorar el potencial de crecimiento económico.
De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), este dividendo existe cuando el crecimiento potencial de una economía se puede incrementar si el tamaño de la población en edad de trabajar (15 a 64 años) es mayor a la población que ya no trabaja (65 años y más). Dicho efecto es posible si el tamaño de la población que aporta recursos a la economía a través de su trabajo contribuye a la sostenibilidad de los esquemas de seguridad social y, por supuesto, a los regímenes de pensiones.
La productividad es crucial para que el canal, mediante el cual opera, esté dividendo este activo, ya que una tendencia creciente del número de personas que pertenecen a la población económica activa puede compensar las necesidades de las personas que por su edad son dependientes. Para ello, es crucial analizar el comportamiento de la fertilidad. De acuerdo con la investigación del FMI, en economías emergentes, como México, mayores niveles de fertilidad contribuyen a reducir la relación de dependencia, pues el tamaño de la población de más de 65 años disminuye como proporción de la población en edad de trabajar (15 a 64 años). ¿Cómo es posible?
Como ocurre al analizar los criterios de decisión de las personas, hay dos mecanismos que contribuyen a analizar la decisión de tener hijos para una mujer, el efecto sustitución y el efecto ingreso. El primero ocurre cuando el costo relativo de la crianza limita los recursos de las mujeres, ya que implica la pérdida de acumulación de capital humano y, por ende, de ingresos. Si este efecto predomina se observa una correlación negativa entre la tasa de participación laboral femenina y las tasas de fertilidad.
En contraste, también existe un efecto ingreso, que se presenta cuando un nivel salarial más alto para las mujeres les permite pagar bienes y servicios para satisfacer las labores de crianza, como los servicios de limpieza y de cuidado. Si este efecto predomina, se observa una correlación positiva entre las tasas de participación económicamente activa de las mujeres y las de fertilidad, como pasa en economías avanzadas.
La pregunta obvia es qué podemos hacer en nuestro país para promover un entorno en el que domine el efecto ingreso sobre las decisiones de las mujeres para tener hijos, de tal forma que mayores tasas de fertilidad puedan contribuir al surgimiento de un dividendo demográfico que permita incrementar el crecimiento de largo plazo de la economía mexicana. Es decir, cómo podemos lograr que una mayor participación laboral de las mujeres contribuya a que los sistemas de seguridad social y de pensiones sean más sostenibles.
Para tener una perspectiva sobre la evolución reciente de dicha dinámica demográfica las cifras al respecto son contundentes. De acuerdo con las estimaciones de población más recientes del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 1994, hace 30 años, la población de más de 65 años representaba el 8 por ciento de la población en edad de trabajar. Esta cifra ha incrementado a un nivel de 13 por ciento para este año y no dejará de subir en las próximas cuatro décadas. En los próximos 40 años este porcentaje subirá continuamente, superando el 40 por ciento para 2064. A esta dinámica demográfica hay que sumar la presión fiscal que añade la transición de los regímenes de pensiones entre el sistema de beneficios definidos y el de contribuciones definidas que administran las AFORES.
Además, cuando analizamos estos datos para hombres y mujeres por separado, podemos notar que sus trayectorias respectivas hacen más apremiante el diseño de políticas públicas enfocado en atender estos retos. En el caso de los hombres, este año la población de 65 años y más es el 12 por ciento de la población masculina en edad de trabajar, porcentaje que se espera incremente a 38 por ciento para 2064. Mientras que, para las mujeres, la cifra actualmente asciende a 13 por ciento y se espera que suba hasta llegar a 43 por ciento en los próximos 40 años.
Para enfrentar estos desafíos el diseño de políticas públicas se debe enfocar en dos tipos de restricciones que enfrentan los hogares: de tiempo y recursos. La primera se refiere a la disponibilidad de horas al día para dedicar al trabajo, a labores de cuidado y al ocio. La segunda, a la asignación de recursos limitados a gastos de educación, de cuidado y otros del hogar. Los sistemas públicos de cuidado, por ejemplo, contribuyen a relajar ambas restricciones. Otras políticas, como las licencias de paternidad, están enfocadas en las restricciones de tiempo, mientras que las diseñadas para flexibilizar el mercado laboral se dirigen a las restricciones de recursos. La clave de todo esto está en que un diseño meticuloso desde la política fiscal puede crear las condiciones para un componente transversal enfocado en conseguir estos objetivos, esto es, en propiciar un entorno de mayor crecimiento vía la explotación del dividendo demográfico.