La tortura en un centro de menores: violaciones, abrasiones y sin comida

En una población de apenas 1.700 habitantes a 15 kilómetros de Calatayud (Zaragoza) y en un vetusto edificio con más de 40 años de historia (fue hospital antes que residencia de ancianos) restaurado para acoger a menores con trastornos graves de conducta se estaba produciendo el horror. Sin paliativos. Así lo narran algunos trabajadores e internos del mismo y lo plasma en sus autos la juez de Instrucción nº 2 de Calatayud, Aída Ramírez, en funciones de guardia y que decretó ayer el ingreso en prisión de cinco trabajadores del centro. Se trata de dos educadores, dos auxiliares «sin titulación ni cualificación» -sobre los cuatro pesan delitos contra la integridad moral, torturas, lesiones y pertenencia a grupo criminal - y el director del centro como encubridor. Todos fueron apresados el jueves hacia las 14.00 horas y todos duermen ya en el penal de Zuera. En esta historia de la 'casa de los horrores' que era el Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca hay dos víctimas, un menor varón de 16 años y cuya madre es la primera en denunciar que observa lesiones en el cuerpo de su hijo. Lo hace a finales de junio en dependencias de la Policía Nacional de Zaragoza, aunque la investigación por demarcación policial pasa a la Dirección de la Guardia Civil en la provincia aragonesa. Hay otra víctima, una chica de 17 años y cuya familia se adhiere a la denuncia en el momento en que se están investigando los hechos. La joven acusa a Mohamed B., Youssef B., Abdelilah A. y Alexandru R.A. de varios delitos de agresión sexual contra ella. La juez aprecia que hay informes forenses, partes médicos y pruebas practicadas compatibles con las denuncias. La gravedad de los hechos y lo prolijo del atestado policial de la Guardia Civil no dejan mucho espacio a las dudas en el auto de la juez Ramírez. También la Fiscalía se sumó ayer a la petición de prisión sin fianza para los cinco acusados, orden que adoptó la juez después de tomar declaración a los cinco encausados durante la mañana y hasta pasadas las 15.00 horas de ayer. Con anterioridad, tomó declaración a una psicóloga del centro, a un enfermero, dos trabajadoras más y las dos víctimas. Se sospecha, además, que pudo haber más menores sometidos al «trato vejatorio» de los encausados, aunque la juez también decretó ayer en paralelo que cinco de los internos regresen a sus casas y la Guardia Civil intente localizar a nueve menores fugados del centro en las últimas semanas , por si la huida tuviera relación con los hechos. Sobre el director del centro, Iván R. M., las acusaciones que se le atribuyen son otras: la de tapador de los hechos. Incluso la familia del chico de 16 años y él mismo relatan haber sido golpeado en un cuarto cerrado con llave, con la ventana tapada. Las lesiones que supuestamente se produjeron dentro no fueron registradas por ninguna cámara ni expediente por orden del director, algo completamente ilegal. Además, el mismo responsable del CAM de Aragón habría pedido a Javier Y., el enfermero del centro , que falsificase el parte de lesiones correspondiente. Javier se opuso y, en el transcurso de la investigación, lo puso en conocimiento de los agentes. La juez instructora cree acreditado que dentro de la Plaza de Jesús, número 1 de Ateca, se producía «barbarie y extrema crueldad sobre los menores», los cuales «se vieron absolutamente desamparados e impedidos para hablar o pedir auxilio por miedo a mayores represalias y ante el temor a no ser creídos». Los ya presos les recriminaban que «no los querían ni sus familias». El centro alberga a una treintena de menores con «conductas disruptivas o disociales recurrentes y con escaso arraigo familiar», según la gestión que corre a cargo de la Fundación Salud y Comunidad y el grupo vasco Languruz. ABC se puso en conocimiento con los propietarios del lugar que rehusaron dar declaraciones. Desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que depende de la Consejería de Bienestar Social y Familias del Gobierno autonómico, se indicó que el centro es de régimen semicerrado -los chicos entran y salen- y concertado, por lo que el Gobierno sí hace seguimiento de los expedientes, incluso llega a tener la tutela de algunos de ellos. Son menores normalmente con conflictos importantes y que por autorización judicial deben ingresar temporalmente en el centro de Ateca (con preferencia entre 6 y 17 años). La juez ordenó ayer el cierre provisional del edificio y la reubicación de los jóvenes en otros centros del IASS. Desde el Gobierno de Aragón, tanto fuentes de la Consejería como la vicepresidenta Mar Vaquero, indicaron que la máxima preocupación ahora es el bienestar y protección de los chicos. Anunciaron que el Ejecutivo maño se va a personar como perjudicado en la causa. De lo que dentro ocurría no tenían conocimiento, aseguran, ni en el Gobierno aragonés ni en el Ayuntamiento del pueblo. El director se había hecho cargo de la institución hacía solo un año, como también recalca la juez de Calatayud, pero hay hechos que se remontan a 2021, según la declaración de la víctima de 17 años que lleva desde ese año en el centro. El alcalde, el socialista Ramón Cristóbal Judez, aduce a ABC que la mayoría de sus 16 trabajadores no son del pueblo, solo 2-3, y en ningún momento trascendieron los hechos lamentables que ahora se conocen. Sí indicó que aunque los chicos habían protagonizado «alguna trastada puntual», el foco no debe ponerse en ellos. En su auto de prisión comunicada y sin fianza para los cinco encausados, la juez Ramírez incluye episodios terribles. El menor de 16 años relata cómo «le obligaron a estar de pie durante horas con los brazos en alto, que no ingirió alimento durante días , que llegó a defecarse encima por miedo, sin que le permitieran cambiarse ni asearse». Apunta a los castigos entre semana severísimos por parte de Mohamed A. La menor de 17 años indica que le insultaban con comentarios de carácter sexual hacia su madre, que la agredían con bofetadas, empujones, la inmovilizaban o ataban de forma desproporcionada. La juez relata cómo ella en persona ha visto las marcas en brazos y piernas de las quemaduras de los cigarrillos sobre la menor. Y hay otros abusos peores de índole sexual. La instructora remarca que Iván R. «incumplió con sus funciones como garante del cuidado y salvaguarda de los menores en situación de exclusión familiar y social y que como servicio público que es no aplicó ninguna corrección ni sanción pese a las quejas del personal del centro y sus advertencias». Los dos menores -explica la juez, a la espera de concretar si hubo más víctimas- relataron hechos que suponen un maltrato físico y psicológico ejercido por los cuatro detenidos «de forma continuada y permanente en el tiempo, y de cuya existencia era conocedor el director del CAM de Ateca». El escándalo ha supuesto la petición de asunción de responsabilidades políticas. Ayer , Chunta Aragonesista reclamó la comparecencia de Ángel Val, director gerente del IASS*. Se pide al Gobierno aragonés que explique si conocía las irregularidades que se producían provincia adentro. Los ejecutivos regionales otorgan la gestión de los centros de acogida y tutela de menores, en un 80% de los casos en España, a fundaciones, empresas y entidades religiosas que protagonizan con éste su enésimo escándalo, esta vez en Aragón. * ABC ha publicado en su edición de papel por error el nombre de la anterior gerente, Noelia Carbó. Ángel Val es el actual director gerente del IASS.