El Gobierno intervendrá la segunda obra social más grande del país: irregularidades millonarias y caja negra
El presidente Javier Milei ya tiene firmado el decreto con el que se propone normalizar una de las entidades de salud con mayor cantidad de afiliados. La disputa gremial en el medio y la versión de los dirigentes apuntados
De las más de 200 obras sociales sindicales que están en la mira de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), hay varias decenas de ellas a las cuales se les aplicaron diversas auditorias para fiscalizar los servicios que varias de estas decían estar prestando. Esta serie de medidas se enmarcan en el plan de reordenamiento del sistema de salud y hay varias entidades de ese rubro que demostraron tener marcadas irregularidades.
Cerca del titular de la SSS, Gabriel Oriolo, denuncian que en la anterior gestión no hubo sanciones a ninguna obra social. "Buscamos retomar el rol fiscalizador", indican en Salud. Para ese proceso hay dos pasos clave: las requisas obligatorias a todas ellas y la posterior intervención de aquellas que tienen incumplimientos administrativos y no brindaban prestaciones.
En la Superintendencia realizan entre dos y tres auditorías a la semana a distintas obras sociales sindicales. Ese tipo de investigaciones desembocó, en junio, a la primera intervención hecha en la gestión Milei: la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OSPIF), que tenía cerca de 30.000 afiliados, no brindaba servicios y no cumplía con la normativa vigente.
Milei intervendrá la tercera obra social más grande del país
Según pudo acceder en exclusiva El Cronista, hay más de estos procesos al caer en las próximas semanas. En particular, mañana saldría en un decreto firmado por el presidente Javier Milei en el Boletín Oficial la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina.
OSPRERA es la prestadora de servicios de salud de la UATRE, el sindicato que agrupa a los trabajadores de actividades rurales. Esta decisión alcanza a cerca de 700.000 afiliados según estiman fuentes oficiales. Se trata de la segunda obra social sindical más grande del país, tan solo por detrás de OSECAC (sindicato de empleados de comercio).
Una de las sedes de OSPRERA.
El Gobierno había tomado un primer paso este martes al publicar la Resolución 1612/2024, que designó a Virginia Montero como la nueva administradora provisoria de OSPRERA. Se trató de un paso burocrático previo para poder decretar la intervención al día siguiente. Este martes, desde el gremio calificaron de "disparate" la determinación y recordaron que la obra social fue devuelta el 1° de julio pasado, que se formó la comisión directiva el 8 de julio, hace menos de un mes".
La abogada fue enviada para normalizar la obra social. Los inspectores de la SSS habían comprobado durante las requisas que en la obra social habían "enormes irregularidades administrativas" y "años de falta de información necesaria como para funcionar como agentes del sistema de salud". Marcan que no se presentaron informes, balances ni memorias en más de un año.
La situación de la OSPRERA es crítica. Esto se debe mayormente a una enorme deuda que acarrea de años anteriores y que se agigantó a fines del año pasado, cuando el administrador anterior-que designó un juez federal de La Pampa el último año- solicitó en octubre de 2023 una ayuda financiera a la SSS de $ $3.350.190.354,30.
Este denominado "apoyo financiero" supuestamente era para subsanar deudas, algo que no ocurrió. OSPRERA hoy tiene más deudas que en septiembre del 2023: está pasó de $ 26.979.000.000 a $ 43.949.000.000 en marzo de este año. Esto equivale a un incremento del 63% en algo más de seis meses.
Los detalles de las irregularidades que se encontraron durante las auditorías
"La situación económica financiera es crítica, presenta un capital de trabajo altamente negativo, un índice de liquidez por debajo de los límites aceptables y niveles de endeudamiento corriente y total fuera del ámbito de los parámetros, regular capacidad de repago...", se explica en los considerandos del documento.
Aunque no hay avances en materia de denuncias judiciales, desde la actual gestión de la Superintendencia ponen la lupa en sus antecesores. El 7 de diciembre del año pasado, último día hábil de la administración del Frente de Todos, se autorizó la rendición de cuentas que había hecho la obra social. Con esas decisiones, las autoridades aprobaron cómo se había hecho uso de ese apoyo financiero.
José Voytenco, el actual líder gremial de la UATRE.
Entre las certezas que manejan en los despachos oficiales está la de que esa caja millonaria era objeto de disputa entre distintas facciones de la UATRE. OSPRERA había sido intervenida en el marco de una interna entre José Voytenco, actual titular del gremio; y Pablo Ansaloni, diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) y extitular de la obra social; quienes se disputaban el liderazgo del sindicato luego de la muerte de Gerónimo "Momo" Venegas.
Desde UATRE dicen que la intervención está condicionada políticamente por la pertenencia de Ansaloni a LLA. "Dejó su cargo en medio de multimillonarias denuncias por malversación de los fondos de los afiliados", indican.
Califican de "disparate" la determinación a partir de la resolución publicada hoy y remarcan que la obra social fue devuelta hace menos de un mes. En efecto, el Juzgado Federal de Santa Rosa, a cargo del juez Juan José Baric, había dictado hace dos meses el fin de la administración provisoria de OSPRERA, argumentando que la entidad, "se encuentra en condiciones de efectivizar la normalización correspondiente". Desde la SSS, no obstante, hay una versión opuesta: "Se puso en contacto con los prestadores que figuraban que trabajaban con la OOSS, pero el 90% dijo que no tenían convenio".