La Constitución no es una caricatura, por Guido Croxatto

Quisiera comentar dos caricaturas aparecidas en este medio. Más allá del indudable talento de Carlos Tovar, y sin ningún ánimo de cuestionar su trabajo (tan importante en una democracia, Dario Fo rescata la importancia de la parodia al poder político, ella incomoda y abre discusiones que de otro modo tal vez no se abrirían, por ende, ponderamos como positivas las Carlincaturas del diario La República), quisiera emplear ambas caricaturas (una reciente, donde Vladimir Cerrón se ríe, mientras toma una cerveza, de haber hecho presidente a un “inútil“ como Castillo; otra, que apareció dos veces, donde se me muestra a mí parodiado como abogado, haciendo una analogía entre el golpe de Fujimori, que está libre, y el supuesto golpe de Castillo, que nunca se concretó, razón por la cual no debería estar preso) para disparar una reflexión necesaria, dado que lo que está en juego en el país hermano es central. Soy argentino, y para nosotros el Perú es un país hermano, crecí escuchando en la cocina de mi casa la historia de la fuerza aérea peruana apoyando a la Argentina en Malvinas. Los aviones salían de Arequipa pintados con el pabellón nacional, y los pilotos peruanos querían pelear, no solo dejar los aviones en el sur, que volaban bajo para no ser captados por los radares chilenos. Historia que recordé con los guardias del INPE cuando visité a Castillo en 2023 y les dije que para cualquier argentino estar entre peruanos es estar entre hermanos, aun en una circunstancia tan difícil como fue aquella tarde en Ate, donde también hablamos de Miguel Grau y de la selección peruana de fútbol.

Volvamos a la caricatura más reciente. Pedro Castillo podrá ser todo lo que le endilgan, pero nada podrá tapar el hecho básico de que su destitución fue instrumentada de manera inconstitucional. Nada justifica destituir a un presidente violando el procedimiento legal. No puede quedar sin solución una vacancia que es jurídicamente nula. No sirve mirar para otro lado. No sirve de nada burlarse de Castillo, de su olor, de su forma de hablar, de su sombrero.

El desapego del Gobierno de Boluarte a la ley y la impunidad con la que opera el Congreso no deben hacer perder de vista otra cosa esencial: que en el Perú hay un presidente mal destituido. No importa si Castillo nos cae bien o mal, si es lindo o feo, si habla bien o no, si es serrano, si tiene un doctorado o no, si es “corrupto“ o no. Lo que importa, como sostuvo el abogado de Dina Boluarte, con quien coincido, y un juez en disidencia del TC, es que la destitución fue inconstitucional y su detención es, por ende, arbitraria.

Este es un asunto serio para cualquier República, donde los presidentes no vuelan por el aire porque un Congreso desaprobado socialmente decide destituirlo de cualquier manera, violando incluso su propio reglamento. Tapar esto, confundiendo a la ciudadanía con ideas vagas, no alcanza para disimular que no se respetó el debido proceso constitucional en la vacancia contra Castillo. Y que esto supone no respetar también los derechos de los millones de votantes, algunos de los cuales fueron brutalmente asesinados en las protestas. En Francia hubo protestas más violentas que en Puno y Ayacucho y no hubo un solo manifestante muerto. ¿La vida de los franceses vale más que la vida de los peruanos? ¿Cómo se justifica la displicencia sino? Son formas de racismo que no asumimos.

Existe una declaración del Grupo de Puebla que ha sido un paso en falso para la izquierda latinoamericana (11 de diciembre de 2022). Se lee: “Ahora la nueva presidenta, Dina Boluarte, tiene el encargo histórico de encaminar al Perú hacia una salida democrática de dicha crisis, recordando el proyecto político progresista por el cual votó el pueblo peruano al elegir a Pedro Castillo, y escuchando el clamor de las mayorías de renovar la clase política y construir un nuevo pacto social. Para el cumplimiento de esa misión cuenta con todo nuestro apoyo, a la vez que pedimos respeto para la vida y el derecho al debido proceso de Pedro Castillo”. Esta frase del Grupo de Puebla quedará en la historia como un paso en falso de complicidad (o de ignorancia jurídica) con un proceso arbitrario para destituir en forma inconstitucional a un presidente. Por suerte, muchos presidentes no adhirieron su firma a este documento.

El resultado de todo esto es que se subestima el voto popular. Y ahí es donde entra la caricatura. No fue Cerrón el que hizo a Castillo presidente. Fue la gente que fue a votar por él. Y esa gente –y no Cerrón–, como podría inferirse de una mala lectura del chiste, es la que está siendo afectada en sus derechos civiles y políticos. Hago esta observación porque una forma de subestimar la gravedad de una vacancia nula es decir que, de todos modos, la gente “no eligió” a Castillo (y, en consecuencia, no se violan sus derechos políticos) sino, simplemente, “fue Cerrón“ quien lo hizo presidente, y destituyendo a Castillo de modo ilegal, solo se afectaría a Cerrón, que hizo de un “inútil“ un presidente. Pero no es así. No fue Cerrón. Fue el pueblo peruano, la sierra.

El talentoso caricaturista también eligió en dos oportunidades situarme a mí en una imagen. La analogía puede parecer verosímil, pero penalmente es incorrecta. En un caso se consumó un golpe de Estado. En el otro, no pasó de un discurso sin ejecución ninguna. Y en la legislación penal peruana, la tentativa, cuando no es idónea, no es punible. Y nadie ejecutó decisión ninguna de Castillo. Incluso antes de que diera su discurso, reza la acusación fiscal, las Fuerzas Armadas ya no lo obedecen. Esto invierte el eje de la acusación y la responsabilidad penal y política. No hace falta, sin embargo, entrar en la discusión penal. Alcanza con el enfoque constitucional. Hay procedimientos claros para vacar a un presidente y, en este caso, no fueron respetados. Y nada –ningún calificativo despectivo– podrá tapar esta violación al debido proceso. Violación que es más grave todavía, porque se trata de la destitución irregular de un presidente. Las formas jurídicas y procesales existen por algo. No se pueden pasar por alto. La vacancia de Castillo es jurídicamente inconstitucional. No importan los agravios, no importan los calificativos personales. No importa la supuesta “flagrancia“, que tampoco se configuró.

Decía Alberdi que incluso si un inútil es presidente, igual merece ser respetado, porque es el depositario de la voluntad popular. La gente no eligió a este Gobierno cómplice. Eligió y votó por Castillo. Y esos derechos no están siendo respetados. También se vulneran. La Constitución no puede ser una caricatura.

No debemos subestimar el voto popular. No debemos destituir en forma ilegal a ningún presidente. Sea Castillo o sea cualquier otro. Por eso hacemos, con Zaffaroni, como en tiempos de Arguedas, un llamado a algunos doctores.

* Guido Croxatto - abogado internacional del expresidente Pedro Castillo