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El Vaticano y la titánica tarea que enfrenta tras la expulsión de Luis Fernando Figari

Por Paola Ugaz

En julio del 2023, al llegar al Perú los enviados del papa Francisco, el arzobispo de Malta Charles Scicluna y monseñor Jordi Bertomeu, vivieron con asombro la compleja tarea que tenían ante sí: escuchar, investigar y transmitir las denuncias contra una organización católica con presencia en cinco continentes y con un evidente poder político, económico y empresarial. 

A diferencia de la misión que desarrollaron en Chile, la dupla Scicluna y Bertomeu se vio frente a un entroncado sistema dentro del país en el que, a la par de abusos psicológicos, físicos y sexuales contra sus miembros, ponían en peligro por su mala praxis y con el fin de enriquecerse del Concordato el tratado que firmó el Estado peruano con el Vaticano, que les permite no pagar impuestos. Para más escarnio: el operativo Valkiria que investiga a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides reveló que el Sodalicio instrumentalizó un organismo judicial, la Fiscalía, a través del abogado José Luis Hauyón y el exministro de Salud aprista Hernán Garrido Lecca, quienes según las investigaciones fungían de asesores en la sombra de Benavides.  

Tampoco les fue fácil escuchar a Scicluna y Bertomeu lo que vivieron los comuneros de Catacaos en Piura, quienes desde el 2010 atestiguaron la muerte de Guadalupe Zapata Sosa por defender sus tierras, ni a “Santiago”, quien  fue víctima de abuso sexual de Luis Fernando Figari, o a los que sufrieron esclavitud moderna y que fueron obligados a atender las 24 horas del día a Figari. 

Los enviados por el papa Francisco sabían que debían marcar una diferencia con los otros enviados, y fue por esa razón, por ejemplo, que el arzobispo de Malta Charles Scicluna tuvo que acelerar sus clases de Español porque quería leer todo el material del caso que incluyó el libro Mitad monjes, mitad soldados de Pedro Salinas y esta servidora; La jaula invisible de Martín López de Romaña y Sin noticias de Dios de Pedro Salinas. 

La paciencia de relojeros del dúo Scicluna-Bertomeu 

Desde que se fue del país, el dúo Scicluna- Bertomeu inició una estrategia de trabajo, con paciencia de relojeros, que incluyó la remoción en setiembre del año pasado de José Rodríguez Carballo como secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (2013-2023), de quien dependía el Sodalicio en el Vaticano y que se convirtió en un férreo defensor de la organización, pese a las graves denuncias en su contra. 

Luego, el dos de abril pasado, se anunció la renuncia del otrora inamovible arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, quien formó parte de la generación fundacional del Sodalicio y no pudo explicar ante sus jefes en el Vaticano, porque nunca había escuchado a los comuneros de Castilla y Catacaos, quienes acusan de la pérdida de sus tierras a las empresas manejadas por el Sodalicio en Piura.  

Investigación. Pedro Salinas y Paola Ugaz, periodistas de investigación que vulneraron la guardia pretoriana de Figari. Foto: difusión

A la caída de Eguren, que no ha sido movido a otro arzobispado, sino fue enviado a una casa de la organización sodálite a la que pertenece, siguió el mensaje de apoyo del papa Francisco a los comuneros de Catacaos: “Yo sé lo que les pasa a ustedes, defiendan la tierra, no se la dejen de robar. Desde aquí rezo por ustedes, les doy mi bendición. No dejen de rezar por mí. Coraje y adelante”. Más claro no canta un gallo. 

La expulsión de Figari, anunciada el pasado miércoles, fue sin duda uno de los peores días de la organización porque deja en claro que el Vaticano valida y da por ciertas las denuncias de las víctimas contra el Sodalicio que se iniciaron desde el año 2000 con el exsodálite José Enrique Escardó y, desde dentro de la organización, de la exsuperiora de las fraternas (rama femenina del Sodalicio), Rocío Figueroa Alvear en el 2010.  

También es un espaldarazo para el periodismo de investigación que sigue a esta organización en la que sus miembros tenían que ser “mitad monjes, mitad soldados” y de la mano de Figari y su guardia pretoriana “cambiar el mundo”, siguiendo una de las máximas del jefe: “El que obedece nunca se equivoca”. 

Para el teólogo y sociólogo José Luis Pérez Guadalupe, “el papa Francisco tuvo una gran estrategia y dijo resolvamos el problema desde fuera. Las mismas conferencias episcopales no fueron capaces por una serie de motivos de voluntad y de competitividad de resolver en casos como el de Fernando Karadima en Chile y Marcial Maciel en México”.  

“Lo que ha logrado (la misión) Scicluna y Bertomeu me parece claro y es importante. Son los ejecutores, pero la decisión viene del papa Francisco. Hay que rescatar la decisión del papa Francisco de crear esta misión Scicluna y Bartomeu y de tomar cartas en el asunto con la inmensa tarea que se viene”, indicó Pérez Guadalupe. 

Decreto del Vaticano de expulsión de Figari se entregó a la Fiscalía  

En entrevista con La República, el abogado de los sobrevivientes del Sodalicio, José Ugaz, reveló que envió el documento firmado por el papa Francisco en el que se expulsa a Luis Fernando Figari por la “certeza absoluta” de sus faltas: “Lo que queremos es acreditar que estamos frente a hechos gravísimos que para nosotros, según la ley peruana, son delictivos”. 

“Segundo, les queremos decir también que para la Iglesia católica la forma de disciplinar a sus miembros del Sodalicio no se ciñen a los cánones permitidos”, agregó. 

“Desde hace ocho años, la Fiscalía investiga y venimos batallando sin salir siquiera de la etapa de investigación preliminar. Todo ha sido cuesta arriba. Nos enteramos de que uno de los informantes del Ministerio Público, a raíz del escándalo de la última fiscal suspendida, declaró que un abogado muy cercano a la fiscal, de la mano con el señor (Hernán) Garrido Lecca, que fue ministro del gobierno aprista, ha estado interfiriendo e intercediendo ante esta fiscal a fin de que se archivara el caso del Sodalicio”.  

“Eso explicaría por qué hasta en tres oportunidades la Fiscalía Provincial, forzando interpretaciones y apartándose de la ley y desobedeciendo incluso a instrucciones superiores, ha señalado que está todo prescrito, recurriendo a una serie de tecnicismos”, afirma José Ugaz. 

Enseguida, agrega que “en las oportunidades en las que apelamos hemos logrado en tres oportunidades que la Fiscalía Superior nos dé la razón y ordene que las inferiores hagan su trabajo como deben hacer... pese a lo cual la resistencia sigue siendo muy grande”.  

También indica la situación actual del caso. “Hoy estamos en una nueva apelación ante un fiscal superior que debe decidir en las próximas semanas si se dispone finalmente que esta investigación pase a la siguiente etapa, que es la investigación preparatoria, o se archiva definitivamente el caso, con lo cual habría un triunfo del Sodalicio en la búsqueda de impunidad para todas las personas responsables”, explicó.  

“Hay que tener en cuenta además que en este caso hubo el problema que ocurre con los casos de pederastia, que cuando se abusa de niños o adolescentes, cuando estos tienen la posibilidad de procesar el trauma, reaccionar, ya han pasado muchísimos años y entonces la prescripción se convierte en un problema y por eso nosotros optamos por incluir otros delitos, no necesariamente los sexuales, como el de secuestro y lesiones graves; y es ahí donde hemos encontrado la mayor traba en la Fiscalía”, finalizó el exprocurador Ugaz. 

Obispos, el Sodalicio y los cementerios 

Al Sodalicio se le investiga por sus abusos, pero también por el mal uso del Concordato con el fin de enriquecerse a costa de no pagar impuestos al Estado peruano.  

La gallina de los huevos de oro fue la construcción de nueve cementerios en todo el país que adscribían a arzobispados para que tengan la protección tributaria de la Iglesia católica. En ningún momento, los obispos, de quienes dependía la autorización de los terrenos para la construcción de los cementerios, informaron al Vaticano que iban a depender del Sodalicio y que a ellos se les entregaría como retribución un dinero simbólico e infinitamente menor del que ganaban los cementerios.  

En el tema de los cementerios hay mucho pan por rebanar, como, por ejemplo, ¿qué puede decir el obispo de Lurín, monseñor Carlos García Camader, al permitir que los sodálites Juan Carlos Len, Emilio Garland y Javier Len sean desde el 2000 los apoderados del arzobispado de Lurín y que recién se hayan revocado dichos poderes a inicios de año? ¿Ha habido otras operaciones además del manejo del cementerio de Lurín en la que participó el Sodalicio S.A.? 

Tras las denuncias contra el Sodalicio en el rubro económico, que es dirigido por el sacerdote Jaime Baertl, y asustados por lo que venía, decidieron proteger sus bienes a través de un fideicomiso que realizó la empresa Acres Investments, que fundó el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en plena pandemia, en el 2020. Es decir, se les solicitó a los obispos que devuelvan los cementerios que funcionaban en las jurisdicciones que dirigían, y ellos no informaron a nadie. 

Los obispos que dieron el permiso al Sodalicio para que en sus jurisdicciones funcionen los cementerios fueron el obispo de Lurín, monseñor Carlos García Camader; obispo de Arequipa, monseñor Javier del Río; obispo de Tacna y Moquegua, monseñor Marco Antonio Cortez Lara; obispo de Ica, monseñor Héctor Eduardo Vera Colona; obispo de Piura, monseñor José Antonio Eguren (2006-2024); obispo de Carabayllo, monseñor Lino Mario Panizza Richero(cementerios de Carabayllo, Puente Piedra y Ancón) (le continúa Neri Menor Vargas); obispo de Callao, monseñor José Luis del Palacio y Pérez-Medel (12 de diciembre del 2011-15 de abril del 2020) (le continúa Luis Alberto Barrera Pacheco). 

¿Los obispos responsables están dispuestos a contar por qué decidieron permitir el uso de sus jurisdicciones para la construcción de cementerios que luego entregaron al Sodalicio? 

Y así, si bien un 8 de julio de 1997, en el 50 cumpleaños de Luis Fernando Figari, este recibió de regalo la aprobación del Vaticano para la organización peruana gracias a la cercanía con el papa Juan Pablo II, y el Sodalicio se convirtió en una Sociedad de Vida Apostólica laical de Derecho Pontificio, dependiente de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Con el papa Francisco todo cambió. 

Esta historia, como vemos, continuará. 

Labor de Salinas y Ugaz, un detonante 

El 21 de octubre del 2015, en respuesta al libro de Salinas y Ugaz, el SVC emite un comunicado en el que lamenta “las acciones y omisiones de miembros de la comunidad”. 

El 22, el Ministerio Público abre investigación de oficio contra Luis Fernando Figari. 

El 5 de abril del 2016, el SVC declara culpable a su fundador, Luis Fernando Figari. El superior general Alessandro Moroni pidió perdón a las víctimas de las vejaciones. 

La palabra 

José Ugaz, abogado 

“Hoy estamos en una nueva apelación ante un fiscal que debe decidir si esta investigación pasa a siguiente etapa o se archiva, con lo cual habría un triunfo del Sodalicio en la búsqueda de impunidad”. 

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