Policías son parte de cientos de afectados por rebajo no autorizado de cooperativa en planillas
Una gran cantidad de servidores públicos, incluidos policías del Ministerio de Seguridad y de la Policía Penitenciaria, del Ministerio de Justicia, denunciaron ante la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) la rebaja no autorizada de montos variables, que en muchos casos superan los ¢15.000 en la primera quincena de agosto.
José Mairena Galagarza, sindicalista que trabaja como policía penitenciario en el Centro de Atención Institucional Veintiséis de Julio, en Puntarenas, señaló que ni siquiera tenía conocimiento de la existencia de la cooperativa Coopeeducación RL, entidad a la que se giraron las deducciones de todos los trabajadores afectados, en cuenta él.
Él detectó la irregularidad al ver un monto menor en su depósito salarial. Al consultar a otros trabajadores de centros penitenciarios como La Reforma, en Alajuela, notaron la misma rebaja, con Coopeeducación RL, que aparece como la receptora de los dineros en la colilla de pago.
Mairena tuvo que trasladarse al Ministerio de Justicia en San José para obtener una copia de su colilla de pago, única manera de proceder con el reclamo ante el Ministerio de Hacienda. Este trámite le obligó a utilizar parte de su día, amparado en su licencia sindical.
El funcionario afirmó que es la primera vez que le realizan una deducción no autorizada, pero recordó que hace unos cinco años varios compañeros tuvieron que esperar meses para recuperar su dinero ante un caso similar, y teme que en esta ocasión ocurra algo así.
La ANEP y la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda fueron alertadas inmediatamente para evitar más transferencias y tratar de recuperar los montos rebajados sin autorización, ya que eso afecta el presupuesto de los trabajadores.
Jonathan Flores Mata, criminólogo y representante sindical del Ministerio de Seguridad Pública, informó que este lunes en la mañana un grupo de afectados y representantes sindicales se apersonaron al Ministerio de Hacienda para expresar su descontento por lo ocurrido. Flores añadió que, además de los cuerpos policiales, se han reportado quejas por ese rebajo a trabajadores de otras entidades estatales como el Ministerio de Agricultura, el Magisterio Nacional y el Instituto Mixto de Ayuda Social.
El representante sindical destacó que cada vez más personas se percatan de las deducciones y llaman a la ANEP, lo que ha incrementado el número de afectados. Las denuncias comenzaron el mismo día de pago.
Flores exigió mayores controles en Hacienda, ya que, según dijo, algo similar ha ocurrido anteriormente con empresas que ofrecen servicios funerarios, con cooperativas inexistentes, e incluso con una asociación solidarista. Estima que la Tesorería no puede efectuar deducciones sin el respaldo de una autorización clara y advirtió que la falta de verificación sobre las entidades con códigos deductores facilita un posible desfalco a los empleados a través del pago estatal.
El Ministerio de Seguridad Pública aclaró que no tiene injerencia en el tema. La viceministra administrativa, Lys Espinoza Quesada, y la Dirección de Recursos Humanos de ese Ministerio enviaron una circular a todos sus funcionarios indicando que no corresponde a ellos desaplicar estas deducciones. Citaron un fallo de la Sala Constitucional emitido en el 2020 (Resolución N.° 10591-2020), que establece que si un empleado no otorgó autorización para tales deducciones, o ya no está de acuerdo con ellas, debe alegarlo ante la cooperativa correspondiente o acudir a la vía legal ordinaria.
Hacienda frena nuevos giros a cooperativa hasta tener resultados de investigación
Por su parte, el Ministerio de Hacienda confirmó que, tras una denuncia presentada en el Ministerio Público, detendrá las transferencias de servidores públicos a Coopeeducación RL. Añaden que van a esperar los resultados de las investigaciones de la Fiscalía y mantendrán retenidos los giros a la cooperativa hasta recibir instrucciones sobre cómo proceder. Mauricio Arroyo, subtesorero nacional, aseguró que se está trabajando en estrecha coordinación con la Fiscalía.
En un comunicado del 16 de agosto, Arroyo señaló que, según los registros de la Tesorería, Coopeeducación RL ha cumplido desde 2019 con los requerimientos establecidos y cuenta con la documentación legal necesaria para el otorgamiento de los códigos para deducciones, los cuales fueron renovados en junio de este año.
La Nación intentó contactar a la cooperativa a través de los números registrados, pero no obtuvo respuesta.