Todos

Todos se oponen. Todos, menos los lacayos. Académicos, trabajadores, empresarios, columnistas, los gobiernos de los países que son nuestros socios. Todos.

La desaparición de los organismos autónomos traerá consigo la expulsión de México del T-MEC. Baste recordar que tuvimos nuestra primera comisión de competencia económica debido a la exigencia de Estados Unidos para la firma del TLCAN, allá en 1992. Sume que el primer organismo que realmente tuvo dientes para enfrentar a los empresarios de telecomunicaciones y medios electrónicos es el IFT, creado en 2013. Agregue que no hay posibilidad de tener un mercado en energía sin la CRE y la CNH.

Para la población, es más grave la desaparición del Inai, que destruye la transparencia y nos hace vulnerables en nuestra privacidad, en el peor momento para eso; la cancelación de un organismo independiente que vigile la calidad educativa, y sobre todo el cierre del consejo que evalúa la política social y mide la pobreza.

La excusa es el costo de los organismos, de todo punto incomparable con los billones que se han quemado en Pemex, las pérdidas acumuladas en CFE o la caída en bienestar asociada a servicios de salud casi inexistentes y de educación sumamente deficientes. La oferta es que todas las funciones se cubrirán desde el gobierno, cuando estos organismos se crearon precisamente para evitar que fuese el mismo gobierno juez y parte.

Ya se ha aprobado el dictamen para su desaparición, y se anuncia que se votará la próxima semana en el pleno de la Cámara de Diputados. Con la sobrerrepresentación validada por el Consejo General del INE, y que probablemente ratifique el TEPJF este miércoles, no habría obstáculo para la destrucción. Después vendría el Senado, donde no tienen todos los votos, pero donde, además, es más probable que aparezca algo de razón, y de preocupación por el futuro. De no ser así, la turbulencia financiera que se producirá terminará con lo único que medio había funcionado en este sexenio: el incremento salarial.

Sin embargo, no contentos con eso, también proponen destruir al Poder Judicial. La peregrina idea de que se podrían tener mejores jueces mediante elecciones o tómbola no resiste ningún análisis, ni mucho menos comparaciones falaces como la realizada por la presidenta electa. En Estados Unidos ningún juez federal es electo popularmente. Sí se eligen jueces estatales o locales, porque ellos no deciden la culpabilidad o inocencia de un acusado, sólo aplican la ley a las decisiones de un tribunal de ciudadanos. Nada que ver.

El costo económico de esta decisión sería inmenso, pero el costo social sería mayor. Con todas las deficiencias del Poder Judicial, es el tramo menos malo de la justicia en México. La procuración y la administración son mucho peores que la impartición. Es un aparato con inercias de décadas, que gracias a eso medianamente opera. Destruirlas implicará perder toda una cadena de producción interna (secretarios, actuarios, etcétera) que requeriría décadas para restablecerse. Como ocurrió con la salud, donde 50 millones quedaron fuera de la atención, y toda la población ha tenido que pagar por cuenta propia las medicinas y materiales que ya no tiene el sector público, así pasaría con la impartición de justicia. En este caso, además de la oposición generalizada, los trabajadores del Poder Judicial han respondido a la agresión, parando por primera vez en la historia.

Destruir a la oposición electoral no traslada el poder de forma automática a quien busca la hegemonía. Los actores económicos y sociales, sin la mediación política, actúan en defensa propia. La democracia no sólo es el mejor sistema para representar la voluntad de los ciudadanos, es el sistema que permite la resolución pacífica de las diferencias. Destruirla significa asumir el costo de que esas discrepancias se conviertan en conflictos, en crisis, en tragedia.