64% de la población aprueba la labor del INAI

El Financiero publicó el pasado 19 de agosto los resultados de una encuesta basada en dos temas de máximo interés público: la reforma judicial y la propuesta para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Ambos parten de la actual discusión pública sobre modificaciones sustanciales en las instituciones del Estado mexicano.

En este sondeo, el 64 por ciento de las y los mexicanos aprueba el trabajo que realiza el INAI. Con esto se comprueba que, frente a la campaña de desinformación que ha buscado deslegitimar las funciones del organismo autónomo encargado de garantizar los derechos a conocer información pública y a la privacidad, existen datos firmes que revelan que el instituto sí es conocido y validado por la sociedad.

El derecho a saber y la protección de nuestros datos personales cumplen funciones fundamentales en nuestra democracia y sirven a las personas en su día a día, para informarse y tomar decisiones.

Los resultados que arrojó la encuesta son contundentes. Más del 60 por ciento de las personas encuestadas aprueban el trabajo que el INAI ha realizado hasta hoy. También destaca que hay un 49 por ciento que desaprueba la eliminación del INAI y un 11 por ciento que no sabe.

Esta encuesta, tomando una muestra de ciudadanos de todo el país, revela que parte de la sociedad ha encontrado en el INAI un aliado para cambiar su realidad, para ejercer sus libertades y garantías constitucionales.

Cada resolución que emitimos en el INAI tiene ese fin. Desde asuntos como: informar sobre contaminación de ríos; estudios de impacto de empresas mineras; el acceso a expedientes clínicos para exigir una reparación del daño; una corrección de semanas cotizadas para obtener una pensión acorde a lo trabajado por décadas; o conocer el estatus de algún apoyo social gubernamental.

Los 14 mil 45 recursos que la sociedad ha ingresado en el INAI contra instituciones que niegan la información o la reservan sin tener elementos para ello, tan solo en este 2024, habla de indicadores valiosos que reflejan la cerrazón para entregar la información pública, por eso la incógnita de que, pasando este derecho a la Secretaría de la Función Pública, ¿entregarán la información? Los números hablan por sí solos.

Esto refleja la importancia de contar con un órgano autónomo que proteja el derecho a saber y a la protección de datos personales. Como lo he mencionado en repetidas oportunidades, el principal problema con la propuesta para desaparecer el INAI no es eliminar un instituto, cambiarle el nombre o retirar a sus comisionados; el riesgo es que sea el propio gobierno quien garantice los derechos.

Ser juez y parte representaría una regresión democrática de más de dos décadas. La historia de nuestro país es un fiel reflejo sobre los beneficios de contar con distintos equilibrios institucionales que controlen el ejercicio del poder.

Desde que conocí la propuesta de reforma en febrero mi postura ha sido la misma. Las funciones entre el INAI y la Secretaría de la Función Pública (SFP) son diferentes; el ahorro que representaría acabar con el INAI tampoco es significativo. Además, sigue sin aclararse qué autoridad protegerá los datos personales ante un mal uso de particulares y/o empresas, o qué será de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En el INAI se escuchan muchas voces a favor de reestructuras y abiertas a críticas. He propuesto una reingeniería para eficientar procesos y ahorrar 300 millones de pesos.

Queremos una oportunidad para expresarle a las nuevas autoridades electas la importancia de estos derechos. Sí al cambio, pero con autonomía. Que los resultados de la encuesta sirvan para acercarnos.