Gobierno de España bloquea opa húngara sobre fabricante de trenes Talgo
El gobierno de España vetó la oferta pública de adquisición lanzada por el consorcio húngaro Ganz Mavag Europe sobre el constructor español de trenes Talgo, aduciendo "riesgos insalvables para la seguridad nacional", informó este martes el Ministerio de Economía.
"La autorización de esta operación conllevaría riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público", explicó el ministerio en un comunicado enviado tras un Consejo de Ministros donde se tomó la decisión de bloquear la oferta, que valoraba a la histórica empresa española en 619 millones de euros (690 millones de dólares).
Inmediatamente después de conocerse la información, el ente regulador de la bolsa española, la CNMV, anunció que suspendió "cautelarmente" la negociación de las acciones de Talgo.
El consorcio húngaro lanzó en marzo su opa "amistosa" por el 100% del capital de Talgo, que fundado en 1942 es el principal proveedor de trenes de la compañía ferroviaria española Renfe.
El Ministerio de Economía dijo que el veto se impuso luego de un análisis "con todo rigor" por parte de un órgano interministerial a cargo de este tipo de revisiones.
Aunque el gobierno declaró como "clasificada" la información del informe de ese órgano, explicó que "Talgo es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España".
Ya poco después de anunciarse la opa, el gobierno advirtió que se mantendría "vigilante" ante la oferta.
De todos modos, pese a este veto, el ejecutivo dijo mantenerse comprometido con "la atracción de inversión extranjera" en "sectores y proyectos clave para nuestra competitividad", pero "de forma equilibrada y compatible con la protección de los intereses estratégicos o la seguridad nacional".
Desde 2020, el gobierno español instauró un llamado "escudo antiopas", para permitir al Estado imponer su veto para controlar las inversiones extranjeras en sectores estratégicos, ideado para proteger a empresas debilitadas por la crisis del covid.
La disposición obliga a los grupos extranjeros que deseen adquirir más del 10% de una empresa española considerada prioritaria, solicitar previamente luz verde al Estado.