Sánchez inicia el curso con una diatriba contra Ayuso y prometiendo nuevas subidas de impuestos

En el hall principal de la sede del Instituto Cervantes de Madrid, arropado por casi todo su Gabinete (la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, comparecía a esa misma hora en el Senado y no podía asistir) y por distintas personalidades, singularmente los líderes de UGT y CCOO José María Álvarez y Unai Sordo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pronunciado este miércoles su ya tradicional conferencia de inicio del curso político. En un discurso leído en un tele prompter de media hora de duración, Sánchez ha confirmado que el próximo Consejo de Ministros presentará la senda de déficit, a la que se ha referido como el «techo de gasto», tumbada antes del verano en el Congreso de los Diputados por Junts per Catalunya y que es el primer paso para sacar adelante los Presupuestos Generales de Estado, prorrogados este año por el propio Ejecutivo. También ha vuelto a presumir de estar al frente de un «gobierno limpio», pese a los escándalos que le acechan, como el del caso Koldo o la investigación judicial por presunto tráfico de influencias contra su mujer, Begoña Gómez. Y se ha comprometido a sacar adelante la renovacón pendiente del sistema de financiación autonómica, aumentando el fondo de compensación territorial para que, ha señalado, «todas y cada una de las comunidades autónomas tengan más recursos que cuando gobernaba el Partido Popular». Pero el grueso de su discurso, en el que ha fijado seis prioridades para su acción de gobierno (la competitividad, el fortalecimiento del Estado del bienestar, la vivienda o incluso «la paz», entre otros) ha consistido en una dura diatriba contra «los barones del Partido Popular», y más en concreto contra Isabel Díaz Ayuso. Sin citarla por su nombre, Sánchez, que tampoco ha mencionado en momento alguno al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido cotra las políticas de la Comunidad de Madrid, singularmente las fiscales. El jefe del Ejecutivo ha contrapuesto en todo momento las a su juicio muy benéficas para la población políticas de su Gabinete con las de unos gobiernos autonómicos de la derecha que, ha dicho literalmente, «no han dedicado sus recursos a los ciudadanos, sino a empresas privadas, y algunas con nexos familiares». Sánchez ha dicho que de cada 10 euros que el Gobierno central ha dado a Madrid, 3 de ellos el gobierno autonómico los ha utilizado para «hacer regalos fiscales a los más ricos». En esa línea, ha anunciado nuevas subidades de impuestos, algo que ha defendido asegurando que «vamos a gravar a quienes ya tienen en el banco dinero suficiente para vivir 100 vidas». En un parlamento de inicio del curso político y del «séptimo año del Gobierno de coalición progresista», como ha remarcado en varios monentos, no ha dedicado ni una sola palabra al acuerdo con ERC para la investidura de Salvador Illa este verano como presidente de la Generalitat ni tampoco al concierto económico para Cataluña comprometido por escrito con los independentistas. Sánchez se ha limitado a proclamar que ahora «España cuenta con un gobierno en Cataluña que trabaja por la unión entre los pueblos de España». En cuanto ha abordado la financiación autonómica sí ha habido una mención a la necesaria «corresponsabilidad fiscal», de cada uno de los gobiernos autonómicos, que según ha precisado será una de las piedras angulares del nuevo sistema, en el que se verán reconocidas, ha dicho, las «singularidades» de los distintos territorios, sin dar mayor precisión. También ha instado a las comunidades autónomas a comprometerse en el problema de la vivienda, que según ha anunciado será el asunto principal de la próxima conferencia de presidentes que tendrá lugar este año en Cantabria, después de haberse incumplido en 2023 el compromiso de celebrar este encuentro con todos los presidentes regionales de manera anual. Un problema, el del acceso a un hogar para amplias capas de la población, especialmente las más jovenes, del que ha culpabilizado a las políticas «neoliberales» de la derecha y a su falta de compromiso, ha argumentado, para intervenir el mercado y construir vivienda pública.