Caso Coopeservidores: ‘Está bien que allanen, ojalá encontraran algo’
Grupos de inversionistas y ahorrantes de Coopeservidores consideraron tardíos los allanamientos realizados este miércoles por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía en relación con el cierre de la cooperativa. Expresaron su preocupación de que no se encuentren pruebas que confirmen las irregularidades del caso. Los allanamientos incluyeron la vivienda del exgerente general, Oscar Hidalgo Chaves.
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual informó de que dirige las diligencias de allanamiento en casas y establecimientos comerciales, como parte de la investigación en la causa 24-000017-0621-PE, por los aparentes delitos de administración fraudulenta y estafa mayor en perjuicio de Coopeservidores.
Luis Marín, líder del Movimiento de Lucha CS 2024, que agrupa a ahorrantes e inversionistas de Coopeservidores, consideró que los allanamientos son tardíos. “Por supuesto, después de meses ya la prueba no existe. Está bien que allanen, ojalá encontraran algo”.
Francisco Ruíz, dirigente de otro grupo de afectados, dijo que estaban “complacidos y molestos” con la acción de la Fiscalía. “En buena hora, porque después de casi cuatro meses muchas cosas se pueden esconder”. Ruíz estimó que en conjunto, ambos grupos organizados agrupan a más de 2.000 personas afectadas.
En este caso, las diligencias se desarrollan en las viviendas de los imputados, de apellidos Hidalgo Chaves, Lozano Galindo, Chinchilla Villalta, Mora Sánchez, Torres González, Bejarano Barquero, Mora Arias, Quesada Muñoz, Corredera Ramos y Gutiérrez Mora, ubicadas en San José, Alajuela y Heredia. El objetivo es recabar evidencia para incorporarla al expediente de la investigación, según informó la Fiscalía.
Sin embargo, el 29 de mayo pasado la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual también efectuó allanamientos por este mismo, a raíz de una denuncia presentada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Como parte de las diligencias de investigación, en mayo, la Fiscalía dirigió allanamientos en el edificio de Coopeservidores R.L., sede Rohrmoser, en tres bodegas de la empresa Access y en ADN Data Center.
Grupos afectados por Coopeservidores marchan en San José
Las organizaciones de ahorrantes afectados por el caso Coopeservidores marcharán en protesta, este miércoles 4 de setiembre, en San José, debido a lo que califican como falta de respuestas a sus demandas por parte de las autoridades reguladoras y supervisoras del sistema financiero.
Guido Vargas, vicepresidente ejecutivo del Movimiento Solidarista Costarricense, uno de los sectores más afectados por el caso Coopeservidores, señaló que los allanamientos son consecuencia de una serie de acciones que deberán ser investigadas en las instancias judiciales, las cuales demuestran el debilitamiento del gobierno corporativo, y del análisis de riesgo en las instituciones supervisoras.
“Nos obliga a pensar en la importancia de reforzar el marco regulatorio y de supervisión prudencial del sector financiero. Las medidas de los gobiernos corporativos también son un tema que requiere fortalecer la cultura de valores”, refirió Vargas.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó, el 13 de mayo, intervenir la cooperativa a raíz de irregularidades detectadas en la administración, como el otorgamiento de préstamos, la falta de cobro a los deudores y la supuesta alteración de datos financieros. La decisión se tomó con base en dos informes de la Sugef.
Posteriormente, el 21 de junio, se declaró inviable la organización cooperativa. El Consejo otorgó un máximo de dos meses a los encargados del proceso de resolución para finiquitar la negociación del traslado de los activos en buenas condiciones, así como de todos los depósitos garantizados hasta por ¢6 millones, a una entidad financiera solvente.
El 31 de julio, el Conassif anunció que el BP absorbería ¢411.000 millones de los activos de Coopeservidores, equivalentes al 64,4% de los activos totales de la cooperativa y al 80,5% del denominado “banco bueno”, donde se ubican los créditos de mayor calidad.
La Fiscalía informó de que los operativos de este miércoles también se ejecutan en la Cooperativa de Servicios Múltiples Fénix de Costa Rica (Coopefenix R. L.), Servicios de Cobro, Logística y Administración (SCLA S.R.L.) y R G M. Servicio de Limpieza.