Deficiente manejo del IVM arriesgó ¢12.000 millones, advierte Auditoría de CCSS
La Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realiza una inadecuada administración del fondo de pensiones del IVM, lo que puso en riesgo la pérdida de al menos ¢11.679 millones del principal régimen de jubilaciones de Costa Rica.
La Auditoría Interna de la CCSS llegó a esta conclusión en dos recientes estudios, en los cuales analizó la confiabilidad de la información utilizada para elaborar los estados financieros del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el estado de las operaciones de cobro judicial de la cartera de créditos hipotecarios de la institución.
Entre las deficiencias encontradas se incluyen pensiones pagadas en exceso a personas fallecidas, eliminación de cuentas por cobrar al Ministerio de Hacienda por retenciones a las inversiones del IVM, juicios perdidos por presentar reclamos de forma extemporánea y 114 operaciones de crédito hipotecario morosas sin la formalización del cobro judicial.
Así se desprende de los oficios AFINPE-0038-2024 y AD-AFINPE-0083-2024, del 31 de julio y 13 de agosto respectivamente, en los cuales se advierte sobre el eventual riesgo de un impacto negativo en las finanzas del IVM. La Nación tiene copia de ambos informes.
“Se instruyó a la Administración (Gerencia de Pensiones) abordar las causas que originan los pagos improcedentes de pensiones, con el fin de disminuir la materialización de un daño patrimonial, así como regular normativamente los procesos de incobrabilidad en el tema de retenciones aplicadas a los rendimientos de las inversiones”, se indica en el oficio Auditoría de carácter especial referente a la confiabilidad de la información utilizada para la elaboración de los estados financieros del Seguro de Pensiones.
El monto en riesgo señalado en ambos informes representa el 0,3% de la reserva del sistema de jubilación, el cual ascendió a ¢3.658.522 millones a junio anterior, según datos de la entidad.
“Se instruyó a la Administración abordar las causas que originan los pagos improcedentes de pensiones, con el fin de disminuir la materialización de un daño patrimonial, así como regular normativamente los procesos de incobrabilidad en el tema de retenciones aplicadas a los rendimientos de las inversiones”.
Auditoría Interna, CCSS
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, descartó que ocurriera alguna pérdida de recursos en el régimen, pues aseguró que muchas de las observaciones de la Auditoría se corrigen con ajustes contables. “No es un informe de la gestión financiera del fondo; así se recibió y se trata”, apuntó.
Defendió la fiabilidad financiera del fondo, pero indicó que revisarán las recomendaciones de la Auditoría junto con la Gerencia Financiera .
“Los estados financieros sí revelan la realidad del IVM. Aquí lo importante es que no solo la institución lo dice, sino que la Auditoría Externa de la empresa Deloitte lo dijo. Todavía debemos mejorar algunos temas, como la conciliación de la deuda del Estado”, dijo Barrantes.
Supén advierte de ‘alta exposición’ de pensiones de la CCSS a fraudes
A junio pasado, el IVM registró 372.671 pensionados. Además, contaba con 1.740.935 trabajadores y 77.752 patronos cotizantes al régimen, según datos de la CCSS.
Retenciones impositivas
Una de las revelaciones de la Auditoría es que la CCSS perdió un juicio en el cual reclamaba al Ministerio de Hacienda el pago de ¢3.600 millones por retenciones del impuesto sobre la renta a las inversiones bursátiles realizadas entre 2006 y 2016, por presentar los argumentos del reclamo fuera del plazo dictado por el Código Procesal Contencioso Administrativo.
En la resolución 000728-A-S1-2019, del 13 de junio del 2019, la Sala Primera rechazó por extemporáneo el recurso de casación de la CCSS porque se presentó un día después del plazo legal de 15 días hábiles desde la recepción de la notificación.
Los estados financieros sí revelan la realidad del IVM. Aquí lo importante es que no solo la institución lo dice, sino que la Auditoría Externa de la empresa Deloitte lo dijo”.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones
La Caja demandó a Hacienda por no devolver el tributo cobrado del 8% sobre las ganancias de capital, pese a que las inversiones realizadas por la Seguridad Social están exentas por ley del pago de impuestos, según consta en el expediente 16-003985-1027-CA.
El informe de la Auditoría cuestionó a la Gerencia de Pensiones por actuar a destiempo y porque el monto pretendido en el proceso judicial no fue documentado ni registrado como cuenta por cobrar en los estados financieros.
“Existe incertidumbre sobre la integridad de los registros relacionados con las retenciones improcedentes, los intereses de estas, así como de los pagos que eventualmente hayan realizado los emisores respectivos, lo cual preocupa a esta Auditoría, por cuanto, la presentación que se realiza en los estados financieros, en apariencia, no es confiable”, se afirma en el oficio del órgano fiscalizador.
Adicionalmente, el estudio reveló que el Área de Contabilidad del IVM declaró como incobrables ¢3.024 millones de otras retenciones impositivas ejecutadas por Hacienda, de los cuales la institución podría recuperar ¢641 millones en un nuevo proceso judicial presentado contra Hacienda.
La crítica de la Auditoría fue que la acción se ejecutó sin contar con un fundamento legal para sustentarlo. Adicionalmente, se detectaron ¢878 millones en registros contables de retenciones del periodo 2012 al 2018, de las cuales no se determinó si se recuperó el dinero.
El gerente de Pensiones detalló que la mayoría de los casos sobre retenciones ocurrieron cuando el proceso de conciliación con Hacienda era prácticamente manual, situación que se fue corrigiendo con la automatización de los procesos bursátiles del país.
“Los recursos no se pueden considerar dentro del patrimonio del IVM porque dependen de que un juez confirme que estos son del sistema. Hay un tratamiento contable que dar y eso es parte del proceso en que estamos”, señaló el jerarca.
Solo los procesos judiciales, Barrantes añadió que la Gerencia de Pensiones da los insumos técnicos, pero que los casos judiciales corresponden a la Dirección Jurídica de la Caja.
Más hallazgos
La fiscalización especial también encontró la declaratoria de un saldo de ¢2.162 millones resultante de 14.987 procesos de cobro de pensiones dadas a personas fallecidas, sin que exista evidencia de la realización de estudios y acciones para determinar las causas que generan los pagos improcedentes.
“La Administración no ha demostrado el agotamiento de la vía administrativa y legal, que le permita fundamentar que el procedimiento de anulación de cuentas por cobrar es el idóneo y establece como una gestión ordinaria la anulación de cuentas por cobrar mensualmente, cuando sus esfuerzos deberían estar abocados a lograr que se eliminen los pagos improcedentes”, señaló la Auditoría.
Respecto a los préstamos de vivienda, el Oficio de advertencia referente a Operaciones en Estado Cobro Judicial de la Cartera de Créditos Hipotecarios muestra que, a abril pasado, había un grupo de 114 operaciones de crédito hipotecario morosas por un monto de ¢2.013 millones clasificadas en cobro judicial, pero sin iniciarse el proceso formal ante el juzgado.
“De no llevarse a cabo las acciones judiciales correspondientes según la criticidad de los casos, existe el riesgo de prescripción, tanto del monto principal, como de los intereses moratorios”, advirtió la Auditoría.
Adicionalmente, se detectaron 602 casos de pólizas de vida e incendio pagadas por la Caja al Instituto Nacional de Seguros (INS), entre el 2018 y el 2023, de créditos que ya habían sido cancelados.
Además, se hallaron 306 operaciones hipotecarias por un monto de ¢5.883 millones que no contaban con ninguna de los dos seguros, lo cual implicaba un riesgo para la Caja.
Roy Retana, jefe de Área de Crédito Hipotecario, dijo que la institución ya inició el proceso de formalización de cobro de las operaciones morosas. Descartó que en la mayoría de los casos se llegue a ejecutar las garantías, pues los deudores usualmente buscan arreglos de pagos.
Sobre los pagos de más efectuados al INS, confirmó que la aseguradora estatal devolvió ¢35 millones.
Retana explicó que el error ocurrió en el sistema de la institución que gestiona la cartera hipotecaria, pues la plataforma siguió ejecutando las cancelaciones, pese a la liquidación de las operaciones.