La (inexistente) política migratoria

La primera condición para gobernar adecuadamente es comprender bien la realidad, sin autoengaños ni prejuicios ideológicos. La realidad, al igual que la gravedad, no se puede negociar. Existen tres hechos objetivos: La demografía europea, especialmente la española y aún más la catalana, enfrenta desafíos significativos. Las causas son complejas, pero las consecuencias son claras: disminución de la productividad, envejecimiento de la población y aumento de las necesidades socio-sanitarias. Aunque la mayoría de los inmigrantes, sean legales o no, no cometen delitos y prefieren trabajar en la economía sumergida antes que robar, una parte significativa sí lo hace, y el sistema penal no siempre es capaz de gestionarlo adecuadamente. Además, no podemos ignorar que algunos inmigrantes llegan con la intención de ocupar ilegalmente propiedades ajenas. Reconocer este problema es esencial para abordarlo de manera efectiva. La tercera realidad, no menos importante, es que los Estados europeos enfrentan dificultades para actuar con la misma firmeza ante la inmigración ilegal que muestran en su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. Además, el Gobierno español se centra en el reparto de menores no acompañados entre las comunidades autónomas (responsabilidad de las administraciones públicas), pero no aborda la entrada mucho mayor de inmigrantes ilegales adultos. Es necesario ir más allá de emitir órdenes de expulsión. Se requiere una política europea y española que obligue a los países de origen a aceptar las devoluciones, ya sea mediante acuerdos diplomáticos o medidas más firmes. La idea del «billete de vuelta» puede sonar bien, pero no es efectiva sin una política europea que proporcione a España los medios para gestionar la inmigración ilegal desde los países de origen. El problema de la inmigración ilegal también tiene un impacto económico significativo. La gestión inadecuada de este fenómeno puede aumentar los costos en servicios públicos, como la salud y la educación, y generar tensiones en el mercado laboral. Además, la falta de integración adecuada puede llevar a una menor productividad y a un aumento de la economía sumergida, lo que perjudica la recaudación fiscal y el desarrollo económico del país. En resumen, debemos diferenciar entre los inmigrantes que vienen a contribuir y los que vienen a delinquir y no generalizar. Es fundamental apoyar a los países con graves problemas económicos, sociales o políticos para abordar las causas de la inmigración. Agustín Parra es economista del Colegio de Economistas de Cataluña y diputado del PP al Congreso por Barcelona