El Gobierno pide al Parlamento Europeo un "nuevo impulso" al uso del catalán, el euskera y el gallego

El Gobierno pide al Parlamento Europeo un “nuevo impulso” al uso del catalán, el euskera y el gallego en la institución. Con motivo del arranque de la nueva legislatura, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha mandado una carta a la presidenta, Roberta Metsola, en la que le reclama abordar “personalmente” ese asunto y que traslade a la Mesa de la Eurocámara la agilización del acuerdo administrativo suscrito hace años para permitir la utilización de esas lenguas cooficiales en la institución.

“Este es un asunto prioritario para mi país y un elemento esencial de la identidad española”, dice el ministro en la misiva enviada a la maltesa en la que recuerda que más de 20 millones de personas viven en territorios en los que está reconocida la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. “El uso de las lenguas de parte importante de la ciudadanía española y europea en el Parlamento Europeo resulta de gran importancia”, afirma Albares.

Entre los argumentos que utiliza el jefe de la diplomacia para reclamar el empujón a la petición que el Gobierno reiteró el pasado verano como parte de las negociaciones con Junts y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, están los que ha defendido en el seno de la UE: que son lenguas con reconocimiento constitucional y que también se usan en el Congreso y el Senado, o que ya existen acuerdos administrativos para que esas lenguas puedan usarse en las instituciones de la UE, aunque no tengan carácter oficial.

“Le agradecería poder abordar personalmente la posibilidad de someter a la Mesa del Parlamento Europeo la decisión”, acaba la carta de Albares. La intención de los socialistas es que el vicepresidente Javi López (PSC) facilite el camino.

La inclusión del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE es una de las promesas del Gobierno a las fuerzas independentistas. No obstante, el camino es distinto en la Eurocámara, donde requeriría el beneplácito político de los grupos parlamentarios, y en el resto de las instituciones. La medida requiere de la unanimidad de los estados miembros y está lejos de producirse por las reticencias de algunos países a abrir la puerta a que esa reclamación la hagan otras lenguas minoritarias.

Por el momento el asunto está en un cajón en el Consejo de la UE hasta que España haga una propuesta “compatible con los tratados” y lleve aparejados análisis de impacto desde el punto de vista administrativo (recursos humanos), legal y financiero.