El PSOE lanza guiños a Junts para intentar recuperarlo como socio y se abre a cambiar la senda de estabilidad

La relación política que marca la legislatura desde la misma noche de las elecciones generales del 23J, la del PSOE con Junts, ha vuelto a experimentar un nuevo giro de guion. La reunión que mantuvieron el pasado viernes en Suiza la cúpula de los dos partidos ha provocado que algo se mueva en las últimas horas en esa interlocución y los movimientos de los socialistas parecen claramente dirigidos a la distensión después de la grieta abierta en las últimas semanas. 

El mismo viernes por la noche, después de la reunión, llegaron al Grupo Socialista en el Congreso algunas directrices importantes para la actividad parlamentaria de esta semana. En concreto, la instrucción fue activar las comisiones de investigación sobre el atentado terrorista de las Ramblas y sobre la denominada 'Operación Catalunya'. Ambas fueron comprometidas con las formaciones independentistas catalanas hace más de un año a cambio de la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara y fueron constituidas en febrero. Pero en ninguna de las dos se había producido avance alguno hasta la fecha. Y el de los incumplimientos de lo pactado es uno de los reproches más recurrentes de Junts hacia los socialistas.

Pero más allá del tono duro de la discusión y del choque entre ambas delegaciones, el encuentro sí sirvió para que el Gobierno constatase que los siete diputados de Junts no están definitivamente perdidos para el futuro de la legislatura, y que incluso queda una rendija abierta a la negociación presupuestaria si cambia la forma de trabajar y de negociar con ellos.

En Suiza, Puigdemont le insistió a su interlocutor del PSOE en las reglas de juego que a su juicio deben operar en la relación política entre ambos partidos: cada votación, una negociación. Y cada negociación, un precio. Nada de dar por hecho el voto a favor de los siete diputados de Junts. Así que, con la última advertencia del expresident fresca, en la Moncloa decidieron recular. La senda de estabilidad que debía votarse este jueves quedó aplazada sine die. Una decisión que en el Gobierno explican que obedece a que aprecian margen para sacarla adelante con algo más de tiempo para negociar.

El freno a la senda de estabilidad

El movimiento supone un volantazo respecto al mensaje que ha repetido el Ejecutivo desde el inicio del curso político. El propio Pedro Sánchez ha insistido en la decisión de que su Gobierno siga adelante con o sin mayoría parlamentaria, con o sin Presupuestos y ya sea con la senda de estabilidad actualizada o bien con la del año pasado.

Tanto es así que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvió a llevar al Consejo de Ministros hace dos semanas los mismos números que el Congreso le tumbó a finales de julio con los votos en contra de PP, Junts y Vox. Y los de Puigdemont ya habían vuelto a avisar de que, sin cambios y sin negociación, volverían a votar lo mismo.

En el departamento de María Jesús Montero y entre las propias filas socialistas llegaron a dar por sentada esa nueva derrota parlamentaria. E incluso en privado se empezó a hablar del escenario más que plausible de una nueva prórroga de los Presupuestos. Pero el viernes todo volvió a cambiar. Entre la retahíla de reproches y en mitad de las acusaciones cruzadas, Carles Puigdemont se encargó de deslizar que la puerta de sus siete escaños en el Congreso seguiría abierta en el futuro siempre y cuando se den las condiciones que demanda. “Aquí negociamos pieza a pieza”, insisten en Junts.

La respuesta del Gobierno este martes fue clara: la tramitación de la senda de estabilidad se frena porque, ahora sí, se quiere negociar con Junts lo que no se había negociado hasta la fecha. Y no solo la senda, sino también unos Presupuestos que sirvan de sustento real a la hipótesis de Pedro Sánchez de una legislatura larga. Creen los socialistas, de hecho, que hay margen económico en ambos casos para ofrecer más de lo que reflejan hoy los números de María Jesús Montero tanto a Catalunya como al conjunto de comunidades y ayuntamientos. Así que el horizonte parlamentario del Ejecutivo es hoy algo diferente al de hace apenas una semana, cuando Junts tumbó la toma en consideración de una propuesta contra la especulación de vivienda.

Aseguran en el PSOE que, hoy por hoy, ni hay nada pactado ni tampoco apalabrado y que, por tanto, tampoco existen certezas de que las negociaciones resulten exitosas. Lo que sí existe es la voluntad real del Gobierno de explorar todas las posibilidades de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado que desatasquen la legislatura. Y también el convencimiento de que el único camino posible es el de siempre desde el 23J: agasajar a Puigdemont aunque ello implique cesiones y negociaciones de infarto. De momento, los primeros guiños están encima de la mesa, con la senda de estabilidad en un cajón hasta ser negociada al alza y con las comisiones de investigación prometidas en marcha.

El PP no salvará las cuentas del Gobierno

Mientras, en público el Gobierno reprocha al PP que tumben una senda de estabilidad que implica 12.000 millones de euros más para las Comunidades y Ayuntamientos que ellos mismos gobiernan. Pero el rechazo del PP no obedece a cuestiones económicas. Los de Alberto Núñez Feijóo votarán 'no' aunque por el camino implique que las comunidades autónomas y ayuntamientos dejen de ingresar 12.000 millones. Si sus presidentes autonómicos, todos, claman por una mayor financiación del Gobierno y capacidad de gasto, a la hora de la verdad tanto los barones como la dirección nacional se plantan contra un techo de gasto que supone más dinero para todas las administraciones.

Feijóo abrió fuego el martes por la mañana en una entrevista en Telecinco en la que afirmó que “en Suiza se ha decidido que España no tenga, al menos de momento, presupuestos para el año 2025”, en referencia a las reuniones de este fin de semana entre el PSOE y Junts. El líder del PP lamentó que del 2,5% de déficit que Bruselas permite a España, el Gobierno “se quede” con dos puntos, y deje a las comunidades autónomas y ayuntamientos medio punto.

Pero el PP no pide expresamente más dinero para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque no quiere entrar en esa negociación. Feijóo ha conminado a Pedro Sánchez a no buscar su apoyo y a entenderse con sus socios de la investidura. Lo explicó más claramente poco después de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado. “Quiso estas mayorías y estos socios. Tiene lo que deseaba. Si no le gusta el regalo después de abrirlo, ya sabe lo que tiene que hacer, devolverlo: firmar el decreto y convocar elecciones”, dijo. 

En el seno del PP no hay discrepancias sobre el rechazo a la senda presupuestaria, pese a que los gobiernos autonómicos reconocen que su situación financiera sería mucho mejor. De hecho, algunos barones han pedido a Pedro Sánchez que intente aprobar los Presupuestos de 2025, aunque en ningún caso con su apoyo. Lo hicieron el viernes pasado en la Moncloa Alfonso Rueda o Juan Manuel Moreno, sin ir más lejos.

Los propios dirigentes autonómicos asumen que es imposible que su partido apoye los Presupuestos, de la misma forma que en sus respectivos territorios no cuentan con que el PSOE, o incluso Vox, les voten a favor. Barones y dirigentes estatales del PP explican que apoyar las cuentas de un Gobierno es ratificar todo su proyecto político. Y que eso no puede ser, aunque objetivamente pueda haber algunos beneficios concretos para los ciudadanos.

Con el PP fuera de la ecuación pase lo que pase, los socios del Gobierno aprietan también para que Junts se avenga a apoyar la senda presupuestaria. Este mismo martes, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, aseguró en una rueda de prensa que aprobar el objetivo de estabilidad “beneficiaría a todas las instituciones y por lo tanto a la ciudadanía” y reclamó al Ejecutivo que “intente sacar” la mayoría suficiente, para lo que hace falta recuperar a Junts.

En opinión del PNV, solo hay un camino: “Una recomposición del reparto de ese déficit”. Es decir, que el Gobierno ceda más dinero a comunidades y, especialmente, a los ayuntamientos, donde Junts acumula casi todo su poder en Catalunya tras las pasadas elecciones autonómicas.