Fotovoltaicas, no es oro todo lo que reluce

En una sociedad en donde el debate público está sometido a un continuo proceso de polarización y en donde los grises no tienen cabida, una humilde campaña de SOS Rural ha conseguido acaparar la atención del todopoderoso lobby fotovoltaico. Cual situación de emergencia, y sabedores de que en este tema es imprescindible contar con el favor de la opinión pública, la industria fotovoltaica ha puesto toda su maquinaria en funcionamiento para salir a rebatir en tromba con sus infinitos recursos financieros una simple campaña de SOS Rural en favor, simple y llanamente, de un marco regulatorio que proteja las tierras de cultivo (sobre todo las más fértiles) frente a las macro plantas solares. Que las energías renovables son fundamentales para una sociedad más sostenible es algo con lo que una inmensa mayoría de españoles está de acuerdo. Un país con una dependencia energética del 75% y una media de 2.500 horas de sol anuales no entendería bajo ningún concepto desaprovechar un recurso tan importante como el Sol. Pero que la instalación acelerada de parques solares, sobre todo los de mayor tamaño, tiene también un lado «menos positivo», por decirlo de manera muy diplomática, es algo que tampoco podemos obviar. Los parques fotovoltaicos en nuestro país están sometidos a la archiconocida Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Esta ley, ambiciosa y garantista, establece un riguroso proceso para la protección del medio ambiente, el territorio y el paisaje. El problema es que esta norma se ha ido descafeinando en los últimos años por la puerta de atrás para los proyectos de energías renovables mediante Reales Decretos, como el 6/2022 o el 20/2022. El resultado: lo que en un principio era un mecanismo de garantía y salvaguardia medioambiental, social y territorial se ha convertido en un procedimiento de autorización exprés para los proyectos de energías renovables, lo que pone en riesgo la biodiversidad, el paisaje, las comunidades locales y la estructura territorial. Ante esta tesitura y ante la impotencia de muchos agricultores frente a la también famosa Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, en lo que se refiere a los conceptos de utilidad pública y expropiación forzosa, muchas comunidades rurales han decidido organizarse, levantar la voz y reclamar un marco normativo específico que proteja las tierras de cultivo, sobre todo de aquellas tierras que gozan de un mayor potencial productivo. Otro aspecto a considerar cuando hablamos de fotovoltaicas tiene que ver con el suelo. Desde la industria se repite por activa y por pasiva que no existe ningún conflicto entre suelo agrícola y fotovoltaicas. Si bien es verdad que las últimas cifras en cuanto superficie ocupada por este tipo de instalaciones, y tras la aprobación del MITERD, rondaría las 100.000 hectáreas, no podemos obviar el enorme impacto de este tipo de parques sobre un elemento tan valioso como el suelo. El suelo es un recurso escaso e irremplazable con un carácter multifuncional. Aparte de ser refugio de fauna y flora, este elemento provee un servicio fundamental a nuestra sociedad: la producción de alimentos. La producción de alimentos es uno de los pilares básicos de toda sociedad moderna, elemento geoestratégico de primer orden, fuertemente olvidado y que buena parte de la clase política tiende a arrinconar. La instalación acelerada de este tipo de plantas sobre suelos agrícolas no hace más que recalentar un mercado, el de la tierra, sometido ya de por sí a grandes tensiones especulativas como consecuencia del acaparamiento de tierras por parte de grandes fondos empresariales y en menor medida de algunos efectos de la actual PAC. El resultado: un mercado cada vez mas tensionado, en donde agricultores y ganaderos, sobre todo los más pequeños y los más jóvenes, son privados de su principal medio de producción y en donde cada vez es más difícil acceder a la tierra a un precio razonable. La última de las afirmaciones que los defensores a ultranza de las fotovoltaicas suelen repetir con asiduidad es la de presentar a las instalaciones fotovoltaicas como una autentica oportunidad para la biodiversidad. Cual arcadia feliz en donde fauna, flora, paneles, acometidas y vallados comparten en perfecta simbiosis espacio y lugar, las plantas fotovoltaicas podrían ser definidas como auténticos «oasis de biodiversidad». No dudamos de que en una determinada zona o comarca pueda haber parques «modelos» en donde producción de energía, biodiversidad y manejo de suelos se realicen de una manera ejemplar. Lo que no cabe duda es que la mayoría de este tipo de instalaciones, y así lo confirma la mayoría de la literatura científica, tienen un impacto ambiental, territorial y paisajístico incuestionable. Tanto es así que la propia normativa europea de renovables establece la necesidad de dar prioridad a superficies artificiales y construidas como infraestructuras existentes, zonas industriales y terrenos degradados no aptos para la producción agrícola para la instalación de este tipo de actividades. Y sinceramente no creemos que la Comisión se haya vuelto ahora en un organismo anti renovables. Como vemos, en el debate sobre las fotovoltaicas existe una gran variedad y tonalidad de grises. Decir que en las fotovoltaicas no es oro todo lo que reluce, no es ninguna mentira ni ningún bulo, tan sólo es plasmar la realidad. La sociedad española está cansada de crispación y de debates de blanco o negro. Dejemos a un lado las descalificaciones gratuitas y centrémonos en la dificultad del problema antes de que sea demasiado tarde. La sociedad en su conjunto y sobre todo las generaciones venideras nos lo agradecerán.