Condenado el abogado de la "asesoría jurídica" de Almeida para personas sin recursos: “Moro de mierda, ladrón, perro”

El abogado Pedro Muñoz Lorite, activista de la extrema derecha, ha sido condenado por vulnerar los derechos fundamentales de una empleada de su despacho a la que despidió entre insultos racistas y otros comentarios denigrantes hacia la religión musulmana. El despacho de Muñoz Lorite disfruta de la concesión del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Ayuntamiento de Madrid, destinado a prestar asesoramiento a colectivos desfavorecidos cuyos miembros no tienen la posibilidad de contratar los servicios de un abogado. 

Un Juzgado de lo Social condenó el pasado abril a Muñoz Lorite por los comentarios que le dirigió a su empleada Rabea M. M., de origen marroquí, nacida en Ceuta y con nacionalidad española. Algunos de los mensajes fueron escritos por el abogado en el chat del despacho que dirige y en el que participan medio centenar de trabajadores. El bufete Law and Business acaba de renovar la concesión del SOJ por un “valor estimado” de 1.367.398,00 euros procedentes de las arcas públicas, según el informe de la Dirección General de Servicios Sociales. 

La sentencia del Juzgado de lo Social número 15 de Madrid declaró nulo el despido de Rabea “por vulneración del derecho fundamental a la Igualdad y a la Tutela Judicial Efectiva en su vertiente de Indemnidad” y condenó a Law and Business Enterprises Worldwide (LaBE) a compensar los daños morales causados con 20.000 euros. El 12 de julio pasado, la sentencia devino en firme al constatar la magistrada en un auto que ninguna de las partes había presentado recurso en el plazo establecido. 

En uno de los mensajes, del 7 de junio de 2023, Pedro Muñoz Lorite se dirigió a Rabea, a través del chat, para explicarle que no la contacta por teléfono porque ha tenido que salir a Tel Aviv a disfrutar de un festival de pop “de todas las tendencias sexuales habidas y por haber, con el fin de tener el cobijo y la libertad de la única democracia que existe en Oriente Medio, rodeada por la religión inventada por Satanás, llamada islam”.

“A mi me da igual que trabajes conmigo o para alguna ayatolá del paseo de La Castellana, siempre y cuando que cumplas en tu trabajo cuando llegues a tu casa, puedes rezarle a Satanás o a buda, sinceramente, a mi me importa una puta mierda a quien respete (sic) pleitesía en un foro interno, tan solo lo considero una pequeña enfermedad mental que acabará el día de tu muerte (…)”, continúa. 

La demandante es abogada y había trabajado en el Servicio de Orientación Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, por cuenta de LAbE, en atención a la población migrante. En mayo de 2023 fue destinada al punto de orientación de violencia de Género de Velilla de San Antonio y el pasado verano, la empresa envío a Rabea a prestar servicio en Valdemoro, otra localidad de la Comunidad de Madrid donde, como en Velilla, el despacho tiene la adjudicación para la orientación jurídica. Cuando Rabea mostró su disconformidad con el traslado, la empresa la despidió. 

Tal y como consta en la sentencia de abril pasado, Pedro Muñoz Lorite escribió un correo electrónico a Rabea el 23 de agosto anterior con el siguiente contenido: “Es lo mismo ser un moro de mierda, cabrón, perro, ladrón, ladrón que quiere cobrar más aunque su puta responsabilidad profesional sea la misma en mi empresa, que por salvar el culo de mi empresa con un ayuntamiento concreto (…)”.

Muñoz Lorite representó en el pasado a Manos Limpias en varias querellas contra políticos de la izquierda, caso de Manuela Carmena, Pablo Iglesias, Iñigo Errejón o Juan Carlos Monedero, y tiene un canal de Youtube donde vuelca contenido ideológico, como una entrevista ficticia al dictador fallecido Francisco Franco. 

El despacho: “Son mensajes manipulados”

Fuentes autorizadas del despacho LaBE aseguran que cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la sentencia firme del Juzgado de lo Social número 15 de la capital, pero que esta vía está paralizada a la espera de que concluya otra que se ha abierto por la vía penal y que está bajo secreto de sumario. 

Según el portavoz del despacho de Muñoz Lorite, los mensajes incorporados a la demanda contra el despido de Rabea han sido “robados” y “manipulados” y un juzgado ya ha admitido a trámite una denuncia por estos hechos. 

El despacho Law and Business Enterprises Worldwide S.L (LaBE) obtuvo en 2019 la primera concesión externa del Servicio de Orientación Jurídica. La decisión de crear el SOJ y sustituir la tarea que venían desarrollando los abogados de oficio fue adoptada por el Gobierno municipal de Manuela Carmena dos días antes de las elecciones de 2019, los comicios que precedieron a un cambio político en el Ayuntamiento de Madrid. Con José Luis Almeida ya como alcalde se concedió la adjudicación del SOJ al despacho de Lorite. 

El Servicio de Orientación Jurídica del Ayuntamiento de Madrid es un servicio gratuito que presta asesoría a personas sin recursos o en situación vulnerable. Antes ejercían esa labor los abogados de oficio. Tras su externalización concurrieron a la concesión LaBE y Accem, una entidad sin ánimo de lucro con experiencia con las personas en riesgo de exclusión social. 

Según publicó en su momento la cadena Ser, Accem obtuvo mayor puntuación en dos de los tres apartados, relativos a la formación del personal, la metodología de trabajo y el conocimiento de los servicios sociales. La oferta económica a la baja del despacho de Muñoz Lorite hizo decantar la oferta a su favor. Fuentes de sector de la abogacía aseguran que Muñoz Lorite puede ofertar a la baja por los bajos sueldos que paga a sus abogados del SOJ, jóvenes abogados con poca o ninguna experiencia. 

Se da la circunstancia de que este verano, con el nuevo proceso para sacar a concurso de nuevo el SOJ, ha sido otra empresa distinta a la de Muñoz Lorite la que ha presentado una oferta más barata. Sin embargo, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento ha procedido a excluirla del concurso por “oferta anormalmente baja”. 

En este sentido, el Ayuntamiento ha recurrido a jurisprudencia de la Audiencia Nacional posterior a la primera concesión a Lorite para expulsar del proceso a Novit Legal, según el documento firmado por la jefa del Departamento de Coordinación y Programación de la Atención Social Primaria del Consistorio, María del Pilar Benito Pecharromán. Fuentes del Ayuntamiento explican que la adjudicación a LaBE ya se ha producido pero que todavía “se está formalizando” y que entrará en vigor en diciembre de este 2024.

La trabajadora que demandó a Muñoz Lorite es, según fuentes próximas a la empresa, solo una de entre un grupo amplio de profesionales que habrían sido denigrados por el dueño del despacho. La Asamblea Jurídica 15-M está recopilando otros casos para emprender nuevas acciones legales contra Muñoz Lorite. Igualmente presentará una denuncia por la vía penal atribuyendo al abogado un delito de odio por los mensajes enviados a Rabea. 

“Mi amigo Adolfo”

“En la vieja Europa seguimos tomando vino jamón, pero tenemos las almas (sic) cargadas debajo de la almohada, para hacer frente hasta la muerte, aquellos intolerantes y enemigos de la libertad personal, animados por un profeta que no existe por un dios que no existe y por una religión que tratar de condenar y calumniar a las personas con tu condición sexual, origen naturaleza o ascendencia, mi amigo Adolfo se equivocó en establecer un objetivo en la cultura y en la sociedad (…), dice el textual de otro de los mensajes vertidos en el chat, y dirigidos a la trabajadora musulmana, por el jefe del despacho que asesora a los colectivos desfavorecidos y que cobra de las arcas públicas del Ayuntamiento de Madrid. 

LaBE también es adjudicataria de contratos de orientación jurídica a ciudadanos en otros cinco ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, cuatro gobernados por el PP y uno con alcalde socialista. El de mayor cuantía de estas otras poblaciones de la comunidad es el de Valdemoro, de 138.000 euros, si bien el resto no superan los 33.000. También realiza una asesoría jurídica para la Fundación Estatal Salud e Infancia, dependiente del Ministerio de Sanidad, por la que cobra 70.000 euros. Todos esos contratos distan mucho del que tiene en el Ayuntamiento de Madrid por 1,3 millones de euros. 

Preguntado por la nueva concesión a LaBE, una portavoz del Ayuntamiento de Madrid afirma que la Ley de Contratos del Sector Público establece los supuestos de prohibición para contratar con las administraciones públicas y que en la documentación presentada por el despacho de Muñoz Lorite “figuran las declaraciones negativas respecto a estos motivos de exclusión”. 

El Consistorio que dirige José Luis Martínez Almeida atribuye la renovación al despacho del abogado ultra porque así lo ha evaluado “personal técnico en base a criterios objetivos y subjetivos”. “Respecto a la parte subjetiva, se refiere a aspectos recogidos en el proyecto presentado y, en ningún caso, a otras circunstancias ajenas a esa propuesta”, añade la portavoz municipal en referencia a la condena al adjudicatario Muñoz Lorite.