Tercera jornada de formalización a altos mandos de Carabineros: Fiscalía solicita arraigo nacional y firma mensual

Este lunes se reanudó en el VII Juzgado de Garantía la audiencia de formalización de los exgenerales de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, imputados por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el marco del estallido social.

Así, en esta tercera jornada, la Fiscalía Centro Norte solicitó al tribunal aplicar contra los tres exgenerales las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal en las dependencias del Ministerio Público.

Esto, pues según la fiscal jefa de Alta Complejidad, Ximena Chong, Yañez, Rozas y Olate desde el 2021 han colaborado con la investigación, “lo que a juicio de la Fiscalía, satisface una de las finalidades esenciales de las medidas cautelares, que se traduce justamente en que se encuentren disponibles para los actos de la investigación, cuestión que se manifiesta en la comparecencia, que es obligatoria, a esta audiencia de formalización”.

La persecutora además sostuvo en su exposición que a los altos mandos de Carabineros se les imputa el delito de omisión propia, es decir, que no realizaron algunas acciones para impedir los apremios ilegítimos, lo que consta en las declaraciones entregadas por el expresidente Sebastián Piñera y los dos ministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel.

“En voz del presidente de la República, Sebastián Piñera, estos requerimientos fueron, primero, un irrestricto respeto de los derechos fundamentales. En segundo lugar, se le requirió la realización de sumarios administrativos por todo acto que les fuera conocido y particularmente en razón de las querellas interpuestas por parte del INDH. En tercer término, el irrestricto apego a los protocolos. Y en cuarto término, total y completa transparencia. Cuatro fueron los ejes que la autoridad política le impone a Carabineros con ocasión de la contingencia ocurrida a partir del 14 de octubre”, detalló.

Sobre la necesidad de cautela, la fiscal Chong argumentó que en el marco de un Estado de Derecho democrático, el deber de respetar los derechos humanos, es más exigible en aquellas instituciones como Carabineros, que tienen la obligación de mantener el orden público.

“La función policial constituye aquella que presenta mayores riesgos, por lo tanto, en estos escenarios de atomización de los poderes de decisión, unido a un riesgo latente de lesión de los más preciados bienes fundamentales, las exigencias que pesan respecto de Carabineros tienden a robustecerse y no a limitarse. Eso es lo que es exigible en un contexto de un Estado de Derecho democrático, en tanto existan más funcionarios cuyas acciones que deciden en un contexto de autonomía son potencialmente lesivas, muchos más intensos deben ser los controles. Por eso es que el ejercicio de la potestad de mando de Carabineros exige equilibrar la eficacia en el control del orden público y el respeto de los derechos de los particulares“, explicó.

Posteriormente, en esta tercera jornada, fue el turno del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El abogado Ignacio González argumentó que desde el INDH consideran que el delito en este caso es un tipo de comisión expresamente tipificada.

“En una situación excepcional de una máxima gravedad y que todos los informes internacionales en materia de derechos humanos concluyeron sin excepción que hubo un uso antijurídico del uso de la fuerza, o sea más evidencia empírica que esto, que tener un récord mundial por lesiones y violaciones a los derechos humanos, no puede haber. Este récord no se construyó de forma azarosa, sino que como expuso el Ministerio Público se dispararon tan sólo en la primera quincena 104 mil cartuchos y hubo 125 víctimas de lesiones oculares en dos semanas. Estos antecedentes los menciono porque estos antecedentes de uso de la escopeta antidisturbios es en un lapsus de cinco meses, en dos semanas ya teníamos una situación extraordinariamente grave. Había una certeza absoluta de la gravedad de esta arma”, subrayó.

El abogado del INDH también fundamentó que: “En cuanto al conocimiento de esto, que quedaba en evidencia a partir de lo propios hechos, había un antecedente anterior, mencionado y que es capital para esta investigación, que es el informe de departamento de criminalística del 2012, que se materializa ese criterio en el protocolo para el uso de la fuerza. ¿Qué dice este informe? Que bajo cualquier escenario, si se disparan o se utiliza la escopeta antidisturbios siempre, incluso a más de 30 metros, existe el riesgo de genera un estallido ocular”.

En ese sentido, desde el INDH solicitaron para los tres imputados las medidas cautelares de privación de libertad domiciliaria conforme la cautelar del artículo 155 a), arraigo nacional y además la prohibición de acercamiento a la víctima.

“El fundamento del INDH al respecto, es que todas las cautelares sin excepción están sujetas a ciertos principios, uno de ellos es el de proporcionalidad (…) Estamos ante una situación de la máxima gravedad, de manera que las cautelares además de los fundamentos legales propios que se derivan del artículo 140, tienen que tener siempre en consideración esta proporcionalidad y los fines del procedimiento”, afirmó el abogado Ignacio González.

Por su parte, la abogada querellante Karinna Fernández solicitó al VII Juzgado de Garantía la aplicación de la prisión preventiva para los tres exgenerales de Carabineros, en base al carácter excepcional de los delitos por los que los formalizó el Ministerio Público.

“Un elemento fundamental al hablar de riesgos procesales tiene que ver con la categoría de personas institucionalmente protegidas. Los imputados acá presentes, esta parte lo ha sostenido durante mucho tiempo, no han colaborado con la investigación y el hecho de que no lo hicieran, que no participaran, que no prestaran testimonio, y que muchas veces como el general Yáñez, incluso, estando de general director de una institución dilató la idea de ir a declarar. (…) Son situaciones que impidieron un acceso oportuno a muchos de los elemento que parece crucial con la cercanía del momento de la investigación y de los hechos”, argumentó.

Dentro de otros elementos de riesgos procesales , la abogada de derechos humanos, Karinna Fernández, señaló que un antecedente era que a petición del exgeneral Yáñez se removió al fiscal regional Xavier Armendáriz de la investigación por crímenes de lesa humanidad, causa paralela a ésta. “Ese hecho, que he denunciado internacionalmente, además genera un impacto en la investigación y respecto a fundado temores que nosotros podemos tener que en cualquier momento la causa también cambie de jurisdicción”, agregó.

“Además, no puedo dejar de mencionar que el general director en retiro fue al Congreso Nacional no sólo a cuestionar el número de víctimas, sino que también se refirió a ‘sus’ Carabineros y a una serie de afirmaciones que ponen en riesgo la obtención de información. Y no puedo dejar de señalar que el propio Presidente de la República-Gabriel Boric- no solo lo llamó cuando lo notificaron de su formalización, como lo manifestó la defensa, sino que además después de este discurso también el Mandatario y la ministra del Interior -Carolina Tohá- alabaron su discurso en el Parlamento, situaciones que desde la práctica de los derechos humanos y de lo significan los discursos estatales son complejas para el margen de esta investigación”, afirmó.

De esta forma, luego de los alegatos de los abogados y abogadas querellantes, además del Ministerio Público y el INDH, este martes es el turno de las presentaciones de las defensas de los altos mandos de Carabineros en una cuarta jornada de formalización contra los exgenerales Rozas, Yáñez y Olate.