Política encajonada

En medio del vendaval político originado por la DANA y sus secuelas, y cuando estamos comprobando lo importante que es contar con los recursos públicos necesarios para afrontar emergencias como la mencionada, las grandes empresas y entidades financieras se muestran muy preocupadas o, más directamente, se oponen de manera explícita a ver aumentada su contribución a las arcas públicas vía impuestos, a pesar de que sus beneficios alcances cifras de récord. Así, mientras una gran compañía de hidrocarburos expresa su satisfacción por haber conseguido eliminar a finales de año el impuesto que afectaba a las empresas energéticas, la banca carga contra la tasa que gravará sus beneficios en los próximos tres años. 

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, expresaba su satisfacción a la Junta General de la empresa por haber evitado el mantenimiento del gravamen sobre las energéticas, mientras anunciaba un dividendo superior al 30% en este ejercicio de 2024. Uno de los portavoces del entramado bancario afirmaba que era injusta esa recarga fiscal, ya que sus beneficios eran solo del 13% mientras que los del conjunto del IBEX eran del 20%. Otro ejecutivo de la banca calificaba tal medida de discriminatoria y anticompetitiva, mientras uno de sus colegas aludía a que la capacidad de presión del sistema bancario era menor que otros sectores económicos porque ellos “no tenían chimeneas”, ni podían amenazar con paralizar inversiones. Todo ello mientras se anunciaba otro récord de beneficios de la banca, con un 20% más de beneficios que el ejercicio anterior. Estos mismos días el consejero delegado de las marcas de Volkswagen, Wayne Griffiths, afirmaba que la industria del automóvil está en riesgo, pidiendo asimismo una reducción de las cargas tributarias que afectan al sector.

Todo ello ocurre mientras hoy mismo se vota en los Estados Unidos. Tras una campaña en la que, con los importantes matices entre un Trump más manifiestamente proteccionista y una Harris más contemporizadora, todo indica que se dará una nueva vuelta de tuerca al nacionalismo económico ya en auge en los últimos meses. Pero, también en la campaña norteamericana los impuestos han tenido un papel clave, con promesas de reducción muy notables por parte de Trump y con promesas de mejorar el inequitativo sistema sanitario por parte de Harris. Todo ello acabará repercutiendo en el déficit público del país, que ya hoy dobla el límite permitido en la Unión Europea.

El desequilibrio entre poder económico y poder político tiene una larga trayectoria. Pero, en cada momento histórico se concreta de manera distinta. A principios del siglo XX, Hilferding hablaba ya de los bancos como grandes controladores de la economía, buscando ir más allá de la tradición del XIX en la que el capitalismo se personificaba en los dueños de las empresas. Alguien a quien referirse, alguien con quien discutir y hablar sobre el funcionamiento de la empresa y la redistribución de beneficios. Desde entonces el proceso de invisibilización del capitalismo se ha ido haciendo más y más evidente. 

Vivimos momentos en que la concentración de recursos y de poder del sector financiero supera todos los límites anteriores, con una facilidad también renovada para operar en tiempo real en cualquier rincón del mundo. Los grandes fondos financieros que controlan todo el andamiaje mueven dinero sin problemas, pensando en el medio y largo plazo, mientras aquellos que nos representan se mueven a muy corto plazo. Atravesamos un periodo en el que los poderes públicos precisan de más recursos, para encarar situaciones de extrema urgencia, provocadas por pandemias, catástrofes naturales, conflictos cerca y lejos y una incertidumbre generalizada, y la resistencia de los que controlan los mercados se ponen de manifiesto cada vez con más claridad. 

El escenario de policrisis en el que estamos exige decisiones de gran calado. El Informe Draghi es un ejemplo de ello. No nos funcionan los esquemas de crecimiento sobre los que hemos venido operando. La fecha de caducidad del modelo energético es muy explícita. Pero para abordar ese entramado, los poderes democráticos y representativos tienen necesidad de contar con los fondos necesarios para ello. Pero, si cada vez que se aluden a estas cuestiones la respuesta de grandes empresas (muy representativas de cada sector) es amenazar con irse, ¿cómo se puede actuar? No estamos hablando de poderes que miden sus fuerzas en terrenos compartidos. Unos utilizan los recursos normativos a los que les da derecho su representatividad democrática. Los otros exponen sus “razones”: los grandes fondos de inversión tienen el control sobre más del 40% del capital financiero del mundo; si nos referimos a los Estados Unidos poseen un tercio del capital del medio millar de empresas más relevantes; y si acabamos en España, los nueve fondos financieros más importantes han invertido más de treinta mil millones de euros en las empresas del IBEX 35.  

No es que estemos en un escenario inédito. La capacidad de amenazar y de encerrar a los poderes públicos en un escenario sin salida positiva ha sido siempre un recurso utilizado por los que, en cada momento, disponían del poder económico suficiente para poderlo hacer. Lo nuevo es que ahora ya no hablas con los que toman decisiones porque son los “dueños” del cotarro, sino que hablas con los albaceas de un conglomerado difuso en el que se mezclan todo tipo de personas y colectivos, incluidos fondos de pensiones de maestros o enfermeras de vete a saber qué país. Personas y colectivos solo interesados en ver aumentados sus ahorros en un tanto por ciento decoroso, lo que, sin duda, redundará en mejores salarios y beneficios para aquellos que gestionan el tema.  

¿Qué podríamos hacer al respecto? Los poderes públicos necesitan enfrentarse a este tipo de problemas mejor acompañados, y para ello es importante que con relación a temas estratégicos compartan su gestión y su estrategia con más actores sociales y económicos. El mercado no puede ser una cárcel en la que los poderes públicos representativos no puedan operar con autonomía. Para contrarrestar el poder desproporcionado del sector empresarial en la política, parece necesario fomentar la participación de otros actores sociales, como sindicatos, organizaciones no gubernamentales y movimientos ciudadanos. Esto requiere fortalecer la democracia participativa y crear espacios de debate en los que se puedan expresar diversas perspectivas sobre temas clave. Los sectores más avanzados en la defensa de la propia economía de mercado advierten ya hace tiempo, qué si no se logra atajar el problema de la desigualdad y de los efectos perversos del sistema en temas ambientales, la posibilidad de supervivencia del propio sistema está amenazada. Quizás ha llegado la hora en que viendo lo que está pasando, los estados y los poderes públicos en general tengan una actitud mucho más activa y determinante con relación al control de las componentes claves para el futuro del planeta.